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Amerigo Incalcaterra. Créditos para Carlos Vera-ACNUDH América del Sur

Opinión: “Con reducción de mayoría de edad penal, Brasil ignora compromisos internacionales”

10 de septiembre, 2015

“Con reducción de mayoría de edad penal, Brasil ignora compromisos internacionales”

Por Amerigo Incalcaterra (*)

En varios países de América del Sur, incluyendo a Brasil, ha resurgido con fuerza la discusión sobre reducir la mayoría de edad penal y tratar a los menores de igual forma que a los adultos cuando cometen crímenes. Los principales argumentos para ello son un presunto aumento de la violencia juvenil, que los menores de edad no serían responsabilizados por sus actos o que las penas que reciben serían insuficientes.

El asunto de fondo que no se menciona es si la reducción de la mayoría de edad penal es efectiva o no para combatir la violencia. Al respecto, una simple mirada a los regímenes penitenciarios de la región revela que más penas no redundan en menos delincuencia, más bien evidencian el fracaso sistemático de las leyes y políticas restrictivas en la materia.

En el caso de Brasil, esta discusión lamentablemente no ha tomado en cuenta las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por el Estado. Solo hace unas semanas, durante una visita oficial al país, el Relator de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, recordó que “procesar a los adolescentes infractores como adultos violaría las obligaciones de Brasil en el ámbito de la Convención sobre los Derechos del Niño”.

En efecto, este tratado internacional prohíbe que los menores de 18 años sean juzgados como adultos y obliga a adoptar una edad mínima en que el Estado renuncie a castigar penalmente a niños y niñas. La Convención también dispone que se implemente un sistema de responsabilidad penal especial para los menores de edad, garantizando la presunción de inocencia y el debido proceso. Este régimen específico debe establecer sanciones diferenciadas respecto a los adultos, y la privación de libertad debe ser una medida excepcional y de último recurso.

En razón de lo anterior, al cometer un delito, toda persona menor de 18 años debe recibir un tratamiento especial en el marco de los sistemas de enjuiciamiento penal juvenil, y ser juzgada conforme a su edad. En ese sentido, es falso afirmar que los adolescentes que cometen delitos graves no son responsabilizados por sus actos.

Además, un estudio de este año de Unicef reveló que Brasil es el segundo país con mayor número de homicidios de adolescentes en el mundo –solo después de Nigeria- y que 28 niños, niñas y adolescentes son asesinados cada día en el país. Ello da cuenta de que los menores de edad son sobre todo víctimas de delitos graves.

Los 195 Estados del mundo que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, incluyendo a Brasil, se han comprometido a implementar todas las medidas legislativas para proteger a los menores de edad. Sin embargo, rebajar la mayoría de edad penal contraviene este mandato y no resuelve en forma alguna el problema de la inseguridad.

La Cámara de Diputados del Congreso Federal dio un paso en la dirección opuesta a los estándares internacionales, al aprobar un proyecto para reducir la mayoría de edad penal de 18 a 16 años por ciertos delitos especialmente graves. La adopción definitiva de esta norma comprometería la responsabilidad internacional del Estado al incumplir lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, y a Brasil no le quedaría más que denunciar y retirarse de este tratado.

De hecho, los próximos 21 y 22 de septiembre, el Comité de la ONU sobre Derechos del Niño revisará la situación de los menores de edad en Brasil y una delegación del Estado comparecerá ante los expertos internacionales en Suiza, donde tendrá que explicar este proyecto incompatible con la Convención.

Es de esperar, entonces, que las discusiones en el seno de la sociedad brasileña, y especialmente la tramitación del proyecto en el Senado Federal, tomen en cuenta los compromisos que el Congreso del Brasil soberanamente aceptó al ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos, y que por lo tanto se obligó a promover y respetar.

*Amerigo Incalcaterra es el Representante Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (@ONU_derechos)

FIN

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