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Casos del locutor radial Israel Gonçalves Silva y el bloguero Ítalo Eduardo Diniz Barros

SANTIAGO (20 de noviembre de 2015) – La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) condenó las muertes a tiros de dos comunicadores sociales en Brasil. Se trata del locutor radial Israel Gonçalves Silva, que murió el pasado 10 de noviembre en el estado de Pernambuco, y del periodista y bloguero Ítalo Eduardo Diniz Barros, fallecido el 13 del mismo mes en el estado brasileño de Maranhão.

“Condenamos las muertes de ambos comunicadores y llamamos a las autoridades a investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes, para que hechos de este tipo no queden en la impunidad”, expresó el Representante para América del Sur del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra.

Además de manifestar su solidaridad con la familia de las víctimas, Incalcaterra expresó que la violencia, intimidación y represalias suelen ser cotidianas para muchos comunicadores sociales en el país a consecuencia de su trabajo, y pidió a las autoridades adoptar medidas efectivas para su protección.

“En los últimos años, Brasil se ha situado entre los países más inseguros de la región y del mundo para el trabajo de los comunicadores sociales”, señaló el Representante Regional. “El Estado debe adoptar medidas urgentes para proteger la vida y la integridad física de estos profesionales y revertir este triste récord”, expresó.

Incalcaterra llamó también a implementar la recomendación del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana de Brasil sobre la creación de un Observatorio de Violencia contra Comunicadores.

El Representante recordó que en respuesta a esa recomendación, la Oficina del ACNUDH en América del Sur elaboró un proyecto para establecer un órgano de investigación, protección y prevención de la violencia contra comunicadores y defensores de derechos humanos en el país, que fue presentado a autoridades del gobierno brasileño en 2013.

“Reiteramos la disposición del ACNUDH para cooperar con el Estado a fin de proteger los derechos de los comunicadores y defensores de derechos humanos en el país”, finalizó Incalcaterra.

FIN

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