Informe del Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y derechos humanos – Misión a Argentina

13 de abril, 2014

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GE.14-12941 (S) 170414 220414
*1412941*
Consejo de Derechos humanos
25º período de sesiones
Tema 3 de la agenda
Promoción y protección de todos los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluido el derecho al desarrollo
Informe del Experto independiente sobre las consecuencias
de la deuda externa y de las obligaciones financieras
internacionales conexas de los Estados para el pleno goce
de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos
económicos, sociales y culturales, Cephas Lumina
Adición
Misión a la Argentina (18 a 29 de noviembre de 2013)* **
Resumen
Desde mediados de 1998 hasta finales de 2001, la Argentina experimentó una grave
recesión. Una combinación de préstamos y asesoramiento en materia de políticas dudosos
del Fondo Monetario Internacional, una recesión mundial y la concesión de préstamos
imprudentes por los mercados internacionales de crédito llevó al país a una situación de
deuda insostenible que culminó en una crisis financiera, la quiebra y unas drásticas
consecuencias sociales para la población del país. La reestructuración de la deuda en 2005
y 2010 redujo considerablemente la carga de la deuda del país y ofreció al Gobierno cierto
espacio fiscal para la inversión social y el establecimiento de las condiciones para la
realización de los derechos humanos.
* Documento presentado con retraso.
** El resumen del presente informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. El informe propiamente
dicho figura en el anexo del resumen y se distribuye únicamente en el idioma en que se presentó y en
español.
Naciones Unidas A/HRC/25/50/Add.3
Asamblea General Distr. general
2 de abril de 2014
Español
Original: inglés
A/HRC/25/50/Add.3
2 GE.14-12941
Desde 2002, la Argentina ha registrado un crecimiento económico impresionante
(con un promedio del 7% desde 2003 hasta 2011), mientras que los indicadores sociales
también han mejorado considerablemente. El gasto social ha aumentado, pasando
del 10,3% a alrededor del 14,2% del producto interno bruto. En 2009, el Gobierno amplió
sus programas sociales, en particular mediante la introducción de un programa de
transferencia monetaria condicionada para unidades familiares de escasos ingresos con el
objetivo de reducir la pobreza y aumentar el bienestar de los niños. El número de personas
que viven en la pobreza se redujo en más de dos tercios desde un máximo de casi la mitad
de la población en 2001 hasta aproximadamente la séptima parte a comienzos de 2010,
mientras que el número de personas que viven en la pobreza extrema también se redujo
desde una cuarta parte de la población en 2001 hasta aproximadamente 1 de cada 15
en 2010. El desempleo ha bajado a alrededor del 8%.
Esos encomiables logros se han registrado en circunstancias externas adversas,
como las dificultades para acceder a los mercados internacionales de capitales, la escasa
inversión extranjera directa y los prolongados litigios de los fondos buitre contra el país.
Aunque la inflación ha aumentado desde 2007, llegando al máximo del 27% a
comienzos de 2011, lo significativo desde el punto de vista de los derechos humanos y para
el bienestar de la población son el crecimiento real de los ingresos, el empleo y la
distribución equitativa de los ingresos.
Gran parte de la deuda de la Argentina se contrajo en circunstancias cuestionables,
en particular durante el régimen militar de 1976 a 1983, y por lo tanto se puede considerar
execrable. Durante ese período, los bancos, las instituciones financieras internacionales y
otros países siguieron prestando a la Argentina, apoyando indirectamente a un Gobierno
ilegítimo que reprimía y hacía desaparecer a sus oponentes. Es importante que quienes
prestaron a la dictadura militar acepten su parte de responsabilidad y adopten
inmediatamente las medidas necesarias para condonar esa cuestionable deuda.
Por su parte, la Argentina debe llevar a cabo una auditoría transparente, participativa
y exhaustiva de la deuda, como se recomienda en los Principios rectores sobre la deuda
externa y los derechos humanos. Esa auditoría contribuiría a promover la responsabilidad
en la gestión de la deuda pública y se puede tener en cuenta en las decisiones futuras de
solicitud de crédito por el Estado, así como en su estrategia de deuda, el gasto en planes de
desarrollo y la realización de los derechos humanos.
A/HRC/25/50/Add.3
GE.14-12941 3
Anexo
[Español e inglés únicamente]
Informe del Experto independiente sobre las consecuencias
de la deuda externa y de las obligaciones financieras
internacionales conexas de los Estados para el pleno goce
de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos
económicos, sociales y culturales, Cephas Lumina
Índice
Párrafos Página
I. Introducción ……………………………………………………………………………………………… 1–4 4
II. Contexto general: recesión, quiebra y recuperación ……………………………………….. 5–34 4
A. Causas de la crisis de la deuda……………………………………………………………… 5–14 4
B. Quiebra …………………………………………………………………………………………….. 15–16 6
C. Reestructuración de la deuda……………………………………………………………….. 17–22 7
D. Recuperación económica…………………………………………………………………….. 23–25 8
E. Situación de la deuda………………………………………………………………………….. 26–28 8
F. Principales desafíos ……………………………………………………………………………. 29–34 9
III. Marco jurídico e institucional ……………………………………………………………………… 35–48 11
A. Obligaciones de derechos humanos………………………………………………………. 35–38 11
B. Instituciones………………………………………………………………………………………. 39–43 11
C. Marco para la gestión de la deuda pública……………………………………………… 44–48 12
IV. Realización de los derechos humanos…………………………………………………………… 49–74 13
A. Trabajo……………………………………………………………………………………………… 51–56 14
B. Seguridad social…………………………………………………………………………………. 57–60 15
C. Salud………………………………………………………………………………………………… 61–64 16
D. Educación …………………………………………………………………………………………. 65–66 17
E. Vivienda adecuada……………………………………………………………………………… 67–69 18
F. Pobreza …………………………………………………………………………………………….. 70–74 18
V. Necesidad de una auditoría de la deuda pública……………………………………………… 75–82 19
VI. Conclusiones y recomendaciones ………………………………………………………………… 83–86 22
A. Gobierno de la Argentina ……………………………………………………………………. 85 22
B. Acreedores internacionales de la Argentina …………………………………………… 86 23
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I. Introducción
1. El Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y de las
obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos
los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales llevó a
cabo una misión a la Argentina del 18 al 29 de noviembre de 2013. El propósito principal
de la visita era valorar el efecto de la carga de la deuda externa del país y la
reestructuración de la deuda en la capacidad del Gobierno para hacer realidad todos los
derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales y el
derecho al desarrollo.
2. Durante su visita, el Experto independiente se reunió con altos funcionarios de los
Ministerios de Relaciones Exteriores; Economía y Finanzas Públicas; Justicia y Derechos
Humanos; Desarrollo Social; Educación; Salud; y Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se
reunió también con la Vicepresidenta de la Corte Suprema, el Defensor del Pueblo de la
Nación y representantes de la Cámara Federal de Apelaciones, el Banco Central, el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, organismos de las Naciones Unidas, la
sociedad civil y el mundo académico. Además, visitó las ciudades de Córdoba y Florencio
Varela y el Museo de la Deuda Externa de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires.
3. Lamentablemente, no tuvo la ocasión de reunirse con los comités del Congreso de la
Argentina encargados de los asuntos sociales y económicos, como había solicitado. El
Parlamento desempeña un importante papel legislativo y de supervisión en relación con las
cuestiones presupuestarias y de gestión de la deuda pública. Como tal, sus ideas habrían
sido fundamentales para una evaluación completa de la situación.
4. El Experto independiente desea expresar su agradecimiento al Gobierno por su
invitación y su cooperación durante la visita. Desea expresar su agradecimiento también a
todos los que compartieron sus opiniones con él y al Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo por ayudarlo a preparar la visita.
II. Contexto general: recesión, quiebra y recuperación
A. Causas de la crisis de la deuda
5. La crisis de la deuda argentina de 2001 se puede atribuir a varios factores, como los
préstamos y el asesoramiento en materia de políticas dudosos del Fondo Monetario
Internacional (FMI), una recesión mundial y la concesión de préstamos imprudentes por los
mercados internacionales de crédito1. Reformas estructurales como la desregulación, la
liberalización del comercio y la privatización de empresas públicas hicieron que la
Argentina fuera sumamente vulnerable a las convulsiones externas, lo que dio lugar a un
tipo de cambio sobrevalorado, causó un crecimiento del desempleo y aumentó los déficits
externo y fiscal que en última instancia produjeron unos niveles insostenibles de deuda.
1 Véase un análisis de la historia de la crisis de la deuda, entre otros, en J. F. Hornbeck,
Argentina’s Defaulted Sovereign Debt: Dealing with the “Holdouts”, CRS Report for Congress
(Washington D.C., Servicio de Investigación del Congreso, febrero de 2013), págs. 1 a 3; Mark
Weisbrot y otros, The Argentine Success Story and its Implications (Washington D.C., Centro de
Investigación Económica y Política, octubre de 2011), págs. 2 a 5; Mario Damill, Roberto Frenkel y
Martín Rapetti, “The Argentinean debt: history, default and restructuring”, EconomiA, Selecta,
Brasilia, vol. 6, Nº 3 (enero/julio de 2005), págs. 29 a 90.
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6. Durante el período de la dictadura militar entre 1976 y 1983 (el denominado Proceso
de Reorganización Nacional), el país solicitó numerosos préstamos para infraestructura no
productiva, el conflicto respecto de las Islas Malvinas (Falkland) y la financiación de la
asunción por el Estado de la deuda del sector privado2. Las políticas económicas
neoliberales introducidas durante ese período dieron lugar a importantes problemas
económicos y sociales, como la fuga en masa de capitales y un desempleo estimado
del 18% al final del régimen militar en 1983. Entre 1975 y 1980, la deuda aumentó
del 13,2% al 32,4% del producto interno bruto (PIB). La devaluación del peso en 1981 hizo
que la deuda externa llegara al máximo de casi el 60% del PIB en 1982.
7. En abril de 1991, el Gobierno de Menem introdujo el “plan de convertibilidad” con
el objetivo de hacer frente a la inflación crónica que asolaba el país. El plan garantizaba
legalmente la convertibilidad de los pesos en dólares de los Estados Unidos a un tipo fijo de
uno por uno. Aunque ese marco macroeconómico inicialmente ayudó a reducir la inflación
y el servicio de la deuda, estableció el contexto de la crisis financiera de 20013. De 1989
a 1999, la deuda aumentó en un 123%, mientras que los pagos de los intereses de la deuda
aumentaron un 253%.
8. Al final del decenio de 1990, aumentó la vulnerabilidad a las convulsiones externas.
Los saldos fiscales se deterioraron con el fortalecimiento del dólar, al que estaba vinculado
el peso, las devaluaciones de sus principales asociados comerciales regionales
(especialmente el Brasil) y la caída de los precios de las materias primas. En particular, la
quiebra rusa de 1998 y la devaluación de 1999 del real brasileño pusieron mucha presión
sobre el tipo de cambio de la Argentina4. Inevitablemente, el país entró en una recesión que
duró hasta 2000.
9. En respuesta, las autoridades argentinas aplicaron una serie de políticas de ajuste
fiscal procíclicas respaldadas por el FMI que exacerbaron el efecto socioeconómico
negativo en el país. Una combinación tóxica de recortes en el gasto público, los sueldos del
sector público y el empleo profundizó la recesión. Aunque la esperanza era que las entradas
de capital extranjero estimularían el crecimiento económico y el bienestar general, los
resultados fueron desastrosos. La deuda del país aumentó y la pobreza y la desigualdad
crecieron. Los altos tipos de interés y el crecimiento negativo aumentaron el coeficiente
deuda-PIB en alrededor de diez puntos entre 1997 y 2000.
10. A mediados de 2001, la prima de riesgo país de la Argentina era la más alta del
mundo, lo cual impedía que el país solicitara crédito en los mercados internacionales. La
fuga de capitales también era un problema crítico para el Gobierno. En el cuarto trimestre
de 2001, el Banco Central de la Argentina perdió 11.000 millones de dólares en reservas
líquidas (aproximadamente el 40% de sus reservas). El sistema bancario del país perdió
el 25% de sus depósitos.
11. Cabe señalar que los mercados financieros internacionales y el FMI fueron
cómplices en la profundización de la gravedad de la crisis de la Argentina. A pesar de que
la Argentina afrontaba una crisis inminente, el FMI, los gobiernos extranjeros y los bancos
de inversión determinados a invertir en deuda de alto rendimiento siguieron prestando
generosamente a la Argentina. Además, los bancos de inversión y las agencias de crédito
2 En 1981 y 1982, el sector público absorbió una proporción considerable de la deuda externa del sector
privado, con la aprobación de los bancos internacionales, véase Damill, Frenkel y Rapetti, “The
Argentinean debt”.
3 Hornbeck, Argentina’s Defaulted Sovereign Debt, pág. 2. El plan de convertibilidad dio lugar a la
fuga de capitales, crisis cambiarias y financieras, la devaluación y la quiebra, véase Damill, Frenkel y
Rapetti, “The Argentinean debt”, pág. 38.
4 El plan de convertibilidad prohibía la devaluación del peso para aumentar las exportaciones.
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exageraron la salud económica del país5. Las directrices cuestionables del FMI en materia
de políticas agravaron el problema6.
12. Según el Experto independiente, esos actores deben aceptar su parte de
responsabilidad por el problema de la deuda de la Argentina de conformidad con el
principio de la responsabilidad compartida subrayado en el Consenso de Monterrey7.
13. La crisis financiera tuvo graves repercusiones en la Argentina. El PIB se contrajo
entre 1999 y 2002 un 25%, la tasa oficial de desempleo alcanzó un máximo de más
del 21,5% en mayo de 2002, los ahorros y las pensiones se devaluaron y la inflación de
hasta el 41% contribuyó al descenso de los sueldos reales en un 23,2% en 20028. El 53% de
la población vivía en condiciones de pobreza y el 24,8% de pobreza extrema9. La crisis
también afectó en gran medida al sistema público de salud. Los hospitales sufrieron una
grave escasez de suministros básicos y los precios de los medicamentos se dispararon10.
Además, la drástica caída en el empleo dejó al 60%, aproximadamente, de la población al
margen del sistema de la seguridad social.
14. La crisis también tuvo como consecuencia el deterioro de indicadores de salud como
el de la mortalidad infantil, que afectó en particular a las provincias relativamente más
desfavorecidas del norte del país, donde la tasa de mortalidad infantil era de 25 por
cada 1.000 nacidos vivos11. A pesar del aumento de la presión para que prestara servicios
sociales a un gran número de personas pobres, el Gobierno se vio obligado a reducir su
gasto per capita en servicios sociales en un 74%.
B. Quiebra
15. En diciembre de 2001, después de cuatro años de grave recesión y con un malestar
social cada vez mayor, el Gobierno, incapaz de cumplir sus obligaciones de deuda, no tuvo
más remedio que suspender pagos. Poco después, el Gobierno abandonó el plan de
convertibilidad y devaluó el peso. La deuda pública total aumentó de forma pronunciada
desde un 45,7% del PIB en 2000 hasta un insostenible 166,3% a principios de 200212. La
carga de la deuda aumentó considerablemente, en parte debido a la devaluación, que
5 Paul Blaustein, And the Money Kept Rolling in (And Out): Wall Street, the IMF, and the Bankrupting
of Argentina (Nueva York, Public Affairs, 2005), págs. 5 a 8, 31 a 35 y 198 a 200.
6 De 1991 a 2001, el FMI proporcionó financiación en virtud de 5 acuerdos sucesivos: 2 en el marco
del Servicio Ampliado del FMI, aprobados en 1992 y 1998, y 3 acuerdos de derecho de giro
aprobados en 1991, 1996 y 2000. Además, se brindó asistencia técnica en los ámbitos fiscal y bancario.
En 2004, el FMI aceptó parcialmente la responsabilidad por su papel en la crisis argentina. Véase FMI,
“The IMF and Argentina, 1991-2001”, Evaluation Report (Washington D.C., Oficina de Evaluación
Independiente, 2004), disponible en www.imf.org/External/NP/ieo/2004/arg/eng/pdf/report.pdf.
7 Informe de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, Monterrey
(México), 18 a 22 de marzo de 2002 (A/CONF.198/11, cap. I, resolución 1, anexo), párr. 47.
8 Véase la Argentina, Instituto Nacional de Estadística y Censos, www.indec.gov.ar/.
9 PNUD/Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Objetivos de Desarrollo del Milenio:
Informe País Argentina 2012 (Buenos Aires, 2012), pág. 3.
10 Véase, por ejemplo, Centro de Estudios Legales y Sociales, comunicación a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 18 de octubre de 2002, disponible en http://cels.org.ar/
common/documentos/salud_denuncia_cidh.pdf; asimismo, Estado de los hospitales públicos del país,
disponible en www.cels.org.ar/common/documentos/anexo_hospitales.pdf.
11 Rafael Cortez y Daniela Romero, “Argentina: Increasing utilization of health care services among
uninsured population, the Plan Nacer program”, Universal Health Coverage Studies Series Nº 12
(Washington D.C., Banco Mundial, 2013), pág. 1.
12 En ese momento, el país debía, entre otras obligaciones, a inversores privados bonos con un valor
nominal de 81.800 millones de dólares, a los países del Club de París 6.300 millones de dólares y al
FMI 9.500 millones de dólares.
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aumentó significativamente, en términos de pesos, las obligaciones en moneda extranjera
(en su mayoría en dólares y euros).
16. Se ha sugerido que la Argentina tenía una alternativa a la quiebra13. Sin embargo, el
Experto independiente considera que la suspensión de pagos era inevitable: la Argentina
afrontaba una situación insostenible y simplemente no podía pagar su enorme deuda sin
correr el riesgo de implosión económica y social. Cabe señalar que el Gobierno adoptó
diversas medidas para evitar la quiebra, como la aprobación de la Ley de responsabilidad
fiscal en 1999, que estableció un objetivo obligatorio de reducción del déficit público para
llevarlo a cero en pocos años, y la aplicación de importantes subidas de impuestos y
recortes del gasto (incluido un recorte del 13% en los sueldos del sector público y las
pensiones).
C. Reestructuración de la deuda
17. En 2005, después de varios intentos prolongados, polémicos e infructíferos por
reestructurar su deuda, la Argentina hizo una oferta unilateral que consistía en la
condonación del 75% de la deuda pendiente, pero en su valor corriente en lugar del valor
nominal. El legislativo argentino codificó ese compromiso con la denominada Ley cerrojo,
que prohibió al Gobierno reabrir el canje o hacer ofertas en el futuro en mejores
condiciones y suspendió los pagos futuros de la deuda no abonada14.
18. Al final, el 76% de los tenedores de bonos aceptó la oferta; el 24% restante se negó a
participar. Por lo tanto, del valor nominal de 81.800 millones de dólares de la deuda,
62.300 millones de dólares se canjearon por 35.200 millones de dólares en nuevos bonos.
Ello dejó una deuda pendiente de 18.600 millones de dólares, junto con los intereses
devengados, 6.300 millones de dólares en atrasos al Club de París y 9.500 millones de
dólares de deuda con el FMI.
19. En 2006, el Gobierno decidió pagar los 9.500 millones de dólares adeudados al FMI
antes del plazo, liberándose de ese modo de las restricciones del FMI a sus políticas. En
2009, el legislativo argentino suspendió la parte de la Ley cerrojo que prohibía hacer una
nueva oferta de reestructuración de la deuda y, en 2010, el Gobierno canjeó
aproximadamente 12.400 millones de los 18.600 millones de dólares por bonos.
20. En conjunto, las reestructuraciones de la deuda de 2005 y 2010 tuvieron una tasa de
participación del 91,3%. Se estima que se debían 11.200 millones de dólares (incluidos
6.800 millones de dólares por el principal adeudado y futuro y 4.400 millones de dólares
por los intereses vencidos) a los “acreedores disidentes” al final de 2010. De esa cifra,
1.300 millones de dólares son objeto de litigio por fondos buitre en tribunales de los
Estados Unidos de América.
21. Como consecuencia de las reestructuraciones de la deuda y la liquidación de las
obligaciones con el FMI, la deuda como porcentaje del PIB se redujo del 166,3% en 2002
al 45%, aproximadamente, en 2012. La deuda externa pública constituía solo el 14% del
PIB. Ello ha permitido al Gobierno aumentar de manera significativa su gasto social, en
particular en educación, salud y seguridad social. El gasto social en salud, educación,
seguridad social y vivienda en el presupuesto nacional aumentó del 9,5% del PIB en 2003
13 Véase, por ejemplo, Doug Bandow, “Supreme Court moves us closer to holding deadbeat Argentina
accountable”, disponible en www.forbes.com/sites/dougbandow/2013/10/21supreme-court-moves-uscloser-
to-holding-deadbeat-argentina-accountable/.
14 Véase Hornbeck, Argentina’s Defaulted Sovereign Debt (véase la nota 1), pág. 5.
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al 15,5% del PIB en 2013. El gasto social total (de los Gobiernos nacional, provinciales y
municipales) aumentó hasta alrededor del 27,7% del PIB en 200915.
22. En enero de 2014, el Gobierno inició las negociaciones informales con el Club de
París con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre el pago de los atrasos de la Argentina a
los acreedores de ese Club. En ese contexto, el Experto independiente insta al Gobierno de
la Argentina y al Club de París a que se aseguren de que cualquier acuerdo de
reestructuración de la deuda tenga en cuenta la primacía de los derechos humanos, como se
subraya en los Principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos
(A/HRC/20/23, anexo) y, en particular, que sea compatible con la obligación de la
Argentina de velar por el ejercicio de unos niveles mínimos de derechos económicos y
sociales y no comprometa la capacidad de la Argentina para hacer frente a las
preocupaciones relacionadas con la realización de esos derechos como se menciona más
abajo.
D. Recuperación económica
23. La quiebra y la devaluación contribuyeron a una profunda crisis financiera y una
acusada contracción económica, en las que el PIB decreció en torno al 5% en el primer
trimestre de 2002. Sin embargo, la recuperación continuó solo un trimestre después de la
suspensión de pagos y la devaluación como consecuencia de políticas concebidas para
restaurar el “equilibrio macroeconómico básico”, incluida la imposición de controles de
cambio, la introducción de impuestos sobre las exportaciones y una política monetaria
flexible16.
24. Las políticas favorables al crecimiento aplicadas por el Gobierno desde 2003 han
ayudado a estimular el crecimiento económico y restaurar la capacidad de pago de la deuda.
Las políticas centradas en la creación de empleo, así como la introducción de un programa
de seguridad social no contributivo y una transferencia de efectivo de 150 pesos al mes para
los cabezas de familia desempleados (Programa Jefes y Jefas de Hogar), que tenía
2 millones de beneficiarios en mayo de 2003, contribuyeron a reducir las tasas de
desempleo y pobreza en 2006 hasta niveles anteriores a la crisis.
25. Entre 2002 y 2011, la economía argentina creció un 94%, una de las tasas más altas
de crecimiento en todo el mundo17. Esa notable recuperación se ha logrado a pesar del
acceso reducido a los mercados financieros internacionales y una inversión extranjera
directa relativamente escasa18.
E. Situación de la deuda
26. Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al 30 de junio de 2013, la
deuda pública total ascendía a 196.000 millones de dólares, de los cuales en torno a
66.000 millones de dólares son deuda externa pública. La deuda externa total (pública y
15 Gisell Cogliandro, Gasto Público Social en la Ley de Presupuesto Nacional 2013 (Buenos Aires,
Konrad Adenauer Stiftung, 2013), pág. 16, disponible en www.kas.de/wf/doc/kas_34958-1522-1-
30.pdf?130920200601.
16 Véase Damill, Frenkel y Rapetti, “The Argentinean Debt” (véase la nota 1), págs. 59 y 60.
17 Weisbrot y otros, The Argentine Success Story (véase la nota 1), pág. 1.
18 Ibid. Según algunos comentaristas, la quiebra de 2001 fue una de las condiciones clave que facilitaron
la recuperación económica que se produjo poco después. Ello se debió al efecto fiscal positivo y la
suspensión de pagos de la deuda y el hecho de que ya no era necesario que la Argentina emitiera
constantemente señales destinadas a facilitar la refinanciación de las obligaciones de deuda, véase
Damill, Frenkel y Rapetti, “The Argentinean debt”, pág. 34.
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privada) era de aproximadamente 135.000 millones de dólares. Unos 25.000 millones de
dólares de la deuda pública se deben a instituciones financieras multilaterales, como el
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y los acreedores del Club de
París19. Sin embargo, esas cifras no comprenden los bonos en poder de acreedores que no
participaron en las reestructuraciones de 2005 y 2010, que se calcula que ascienden a
11.500 millones de dólares.
27. Cabe destacar que el servicio de la deuda sigue teniendo un alto costo para el país.
La exclusión del país de los mercados financieros internacionales ha obligado al Gobierno a
recurrir a las reservas de divisas del país para pagar la deuda. Como resultado, las reservas
se habían reducido en gran medida desde unos 50.000 millones de dólares hasta menos
de 30.000 millones de dólares en noviembre de 2013. Si esta tendencia continúa, el
Gobierno podría tener dificultades para cumplir sus obligaciones de deuda.
28. En el presupuesto nacional para 2014 se prevé que el 9% (frente al 6,4% en 2013) se
dedicará al servicio de la deuda, lo cual supera los fondos asignados a la educación (7,1%)
y la atención de la salud (3,4%)20. Como la educación y la atención de la salud son en gran
medida competencia de las provincias, el presupuesto nacional no da una visión completa
del gasto real del Gobierno en atención de la salud y educación. El presupuesto público
consolidado (incluidos los presupuestos nacional, provinciales y municipales) mostraba
que, en 2009, en torno al 14% de todo el gasto público se dedicaba a la atención de la salud,
el 22% a la seguridad social y el 15% a la educación21.
F. Principales desafíos
29. Debido a la suspensión de pagos y la negativa de una minoría de acreedores a
participar en las reestructuraciones de la deuda y las acciones legales subsiguientes de esos
acreedores y los “fondos buitre”22, la Argentina sigue teniendo dificultades para acceder a
los mercados financieros internacionales. Además, como no ha podido saldar su deuda con
los países del Club de París, se han denegado a la Argentina algunos créditos a la
exportación, mientras que la inversión extranjera directa se ha mantenido moderada, con un
promedio de alrededor del 1,7% del PIB entre 2003 y 2011. Por lo tanto, el Gobierno sigue
dependiendo de las fuentes internas de financiación, incluidas las transferencias
intragubernamentales.
30. La Argentina se ha enfrentado a litigios en los tribunales de los Estados Unidos con
un grupo de fondos buitre. Por ejemplo, el 21 de noviembre de 2012, un tribunal de los
Estados Unidos resolvió que, con respecto a un pago debido el 15 de diciembre de 2012 a
los tenedores de bonos procedentes del canje, estos y los fondos buitre tendrían que ser
tratados en condiciones de igualdad sobre la base de su interpretación de la cláusula
pari pasu (igualdad de trato) de los contratos de suscripción de los bonos. De hecho, se
exigió a la Argentina que, al efectuar su pago periódico a los tenedores de bonos
procedentes del canje, pagara también a los fondos buitre los 1.300 millones de dólares que
19 Argentina, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Crédito Público,
“Deuda Pública del Estado Argentino – Datos al 30-06-2013”, disponible en www.mecon.gob.ar/
finanzas/sfinan/?page_id=37.
20 Véase la Argentina, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Presupuesto nacional 2014, gastos
por programa, disponible en http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_progr.html.
21 Véase la Argentina, Gasto público consolidado, disponible en www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/
GPC1980-2009.xls.
22 Véase una evaluación del efecto de los fondos buitre desde una perspectiva de derechos humanos en
el documento A/HRC/14/21.
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10 GE.14-12941
reclamaban23. La resolución dejó a la Argentina ante la difícil elección entre satisfacer una
obligación financiera mayor e inmediata o no pagar a ningún grupo. Ello la obligaría
efectivamente a la suspensión de pagos de los bonos procedentes del canje.
31. El 19 de abril de 2013 los fondos buitre rechazaron un plan alternativo de pago
propuesto por la Argentina que básicamente les habría dado un trato similar al de los
tenedores de bonos procedentes del canje.
32. El Experto independiente no tiene la intención de debatir el fondo de la demanda.
Sin embargo, considera que la propuesta de la Argentina habría supuesto un considerable
retorno de las inversiones iniciales de los fondos buitre en 2008 y habría cumplido las
disposiciones sobre la igualdad de trato. Cabe señalar que los fondos buitre no fueron
quienes prestaron inicialmente el dinero a la Argentina; compraron la mayor parte de la
deuda que están reclamando con un importante descuento tras la quiebra. Por ejemplo,
NML Capital pagó aproximadamente 48,7 millones de dólares por más de 220 millones de
dólares en bonos sobre los que se habían suspendido pagos, pero está reclamando una
cantidad que constituiría un beneficio del 1.380%.
33. Por otra parte, el caso plantea cuestiones más amplias más allá de la situación
particular de la Argentina. Cabe destacar que la resolución refuerza básicamente la noción
entre los acreedores de que negarse a participar en las reestructuraciones de la deuda
soberana y presentar una demanda para recuperar el valor nominal de la deuda y los
intereses es una vía apropiada. En opinión del Experto independiente, esa resolución, si se
confirma, minará la capacidad de los países que se encuentren en la misma situación para
reestructurar su deuda de manera ordenada, oportuna, justa y eficiente24.
34. La Argentina ha logrado importantes avances en la mejora de las condiciones
sociales de su pueblo. No se debe permitir que los fondos buitre y las decisiones
irresponsables de financiación desbaraten esos progresos. El Experto independiente, por lo
tanto, apoya firmemente la posición del Gobierno de no ceder a las demandas irrazonables
de algunos fondos buitre que siguen litigando contra el país en jurisdicciones extranjeras.
En ese sentido, reitera su llamamiento a todos los países para que promuevan legislación,
con carácter prioritario, para limitar la posibilidad de que inversores sin escrúpulos traten
de obtener beneficios inmorales a expensas de la población pobre y más vulnerable
mediante litigios prolongados. Se ha promulgado legislación de ese tipo en el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la isla de Jersey25. No afectará a los participantes
legítimos en el mercado secundario de deuda, pero ayudará a abordar el comportamiento
depredador de los fondos buitre.
23 Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, distrito meridional de Nueva York, NML Capital, Ltd. v.
Republic of Argentina, Nº 08 Civ. 6978 (TPG) 2012 WL 5895786 (distrito meridional de Nueva
York, 21 de noviembre de 2012); Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados
Unidos, NML Capital, Ltd. v. Republic of Argentina, 699 F. 3d. 246 (segundo circuito, 2012).
24 Véase Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, NML Capital, Ltd. and
Others v. Republic of Argentina, caso Nº 12-105-cv, escrito amicus curiae para los Estados Unidos de
América en apoyo de la República Argentina, 28 de diciembre de 2012.
25 Reino Unido, Ley de alivio de la deuda (de los países en desarrollo) de 2010, disponible en:
www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/22/pdfs/ukpga_20100022_en.pdf; y Jersey, Ley de alivio de la
deuda (de los países en desarrollo) (Jersey) de 2013, disponible en: www.jerseylaw.je/law/
LawsInForce/htm/lawfiles/2013/L-01-2013.pdf.
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III. Marco jurídico e institucional
A. Obligaciones de derechos humanos
35. La Argentina ha ratificado todos los instrumentos internacionales fundamentales de
derechos humanos y ha reconocido la competencia de la mayoría de los órganos de tratados
para examinar quejas de personas que afirmen ser víctimas de violaciones de sus derechos
en virtud de esos instrumentos.
36. La reforma constitucional de 1994 confirió expresamente rango constitucional a
diversos tratados internacionales de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y dispuso que se entendiera que esos tratados
complementaban los derechos garantizados en la Constitución26.
37. Según los términos del artículo 2 del Pacto, la Argentina debe utilizar “el máximo de
los recursos de que disponga” para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos
en él, incluidos los derechos a la alimentación, la salud, la educación, la seguridad social y
el trabajo. Ello implica que el Estado tiene la obligación de velar por que esos derechos se
satisfagan adecuadamente antes de utilizar los recursos públicos para lograr otros objetivos
del Estado que no estén relacionados con los derechos humanos, como el servicio de la
deuda27. Como mínimo, el Estado debe garantizar la satisfacción de los niveles básicos de
cada derecho económico, social y cultural28.
38. Cabe señalar que en los Principios rectores sobre la deuda externa y los derechos
humanos se subraya que los Estados deberían velar por que los derechos y las obligaciones
originados en un acuerdo o arreglo sobre la deuda externa, en particular la obligación de
amortizar la deuda externa, no sean incompatibles con sus obligaciones mínimas de
satisfacer los niveles básicos de cada derecho económico, social y cultural y no lleven a la
adopción deliberada de medidas regresivas29. En los principios también se destaca que las
obligaciones indebidas o excesivas de devolver la deuda externa no deben obstaculizar la
realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales30 y se recomienda
que los Estados realicen auditorías periódicas transparentes y participativas de sus carteras
de títulos de deuda para garantizar la rendición de cuentas en la gestión de la deuda externa
del Estado y tener una base para las decisiones futuras sobre la solicitud de préstamos31.
B. Instituciones
39. La República Argentina es un Estado federal, integrado por 23 provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (que en muchos aspectos tiene un estatuto jurídico
similar al de las provincias). Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
municipios gozan de autonomía, con sujeción a la Constitución.
26 Constitución de la Argentina, art. 75 22).
27 Véanse los Principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos (A/HRC/20/23, anexo),
párr. 6, donde se subraya la primacía de los derechos humanos en relación con las decisiones de
conceder o solicitar crédito de los Estados.
28 Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 3, sobre la
índole de las obligaciones de los Estados partes, párr. 10.
29 A/HRC/20/23, anexo, párrs. 18 y 20.
30 Ibid., párr. 16.
31 Ibid., párrs. 67 a 70.
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40. A nivel nacional, varias instituciones están encargadas de la promoción, la
protección y la realización de los derechos humanos.
41. Tanto los tribunales federales como provinciales son competentes para los asuntos
de derechos humanos, mientras que la Corte Suprema y los tribunales inferiores tienen
competencia para resolver todos los asuntos regulados por la Constitución Nacional, la
legislación nacional o los tratados internacionales. Cabe señalar que la Corte Suprema ha
desempeñado un papel importante en la realización de los derechos sociales y económicos
mediante su potestad de revisión. Por ejemplo, ha defendido los derechos a la salud32, la
alimentación33 y la vivienda34; ha reconocido el derecho constitucional de los jubilados a
aumentos en la pensión35; y ha revocado los recortes salariales del sector público impuestos
a raíz de la crisis de la deuda de 2001 para cumplir las obligaciones de pago de la deuda36.
En la causa de Hugo Galli37, los magistrados de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y Ricardo
Lorenzetti sostuvieron que, aunque por lo general se deben satisfacer las obligaciones
contractuales de amortización de la deuda, esas obligaciones se pueden limitar en
situaciones de crisis extrema en que el Estado, de lo contrario, no podría prestar servicios
básicos para sus ciudadanos ni mantener los niveles mínimos de derechos humanos
requeridos por los tratados internacionales que tienen rango constitucional.
42. La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia se ocupa de
numerosos derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales.
43. Por último, varios órganos públicos independientes en los planos nacional y
provincial desempeñan un importante papel en la protección y la promoción de los derechos
humanos. Por ejemplo, el mandato del Defensor del Pueblo de la Nación es defender y
proteger los derechos humanos, así como investigar la mala administración pública38. En
ese sentido, el Defensor del Pueblo ha actuado en diversas cuestiones, como el acceso a las
prestaciones de la seguridad social, las pensiones y las asignaciones familiares; la salud y la
educación; los servicios públicos, como el suministro de agua y el saneamiento; la
contaminación ambiental que afecta, entre otros, a los derechos a la salud, una vivienda
adecuada y el suministro de agua y el saneamiento39; y el acceso al transporte público por
las personas con discapacidad.
C. Marco para la gestión de la deuda pública
44. En virtud de la Constitución Nacional, el Congreso40 está facultado para “contraer
empréstitos sobre el crédito de la Nación”41 y arreglar el pago de la deuda interior y exterior
32 Corte Suprema de la Argentina, Asociación Benghalensis y otros, 2000, Fallos: 323:1339, en que se
ordenó al Gobierno federal que proporcionara un tratamiento médico integral, incluido el acceso a los
medicamentos, a todos los infectados por el VIH en el país.
33 Ibid., Rodríguez, Karina Verónica, 2006, Fallos: 329:553.
34 Ibid., Q. C., S. Y., 2012, Fallos: 335:452, en que se ordenó a la Ciudad de Buenos Aires que ofreciera
una vivienda digna a una mujer extranjera y su hijo con discapacidad que estaban viviendo en la calle.
35 Ibid., Badaro, Adolfo Valentín, 2006, Fallos: 329:3089.
36 Ibid., Tobar, Leonidas, 2002, Fallos: 325:2059.
37 Ibid., Galli, Hugo Gabriel, 2005, Fallos: 328:690.
38 Constitución Nacional de la Argentina, art. 86; véase también la Ley Nº 24284 sobre el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo.
39 Véase, por ejemplo, la labor del Defensor del Pueblo de la Nación en la cuenca Matanza-Riachuelo,
disponible en: www.dpn.gob.ar/areas.php?cl=24&act=list.
40 Compuesto por la Cámara de Diputados, integrada por representantes directamente elegidos por la
población de cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la capital, y el Senado,
integrado por 3 senadores de cada provincia y otros 3 de la Ciudad de Buenos Aires.
41 Constitución Nacional de la Argentina, art. 75 4).
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del país42. Se ha afirmado que el Congreso cumple ese requisito mediante la aprobación de
leyes presupuestarias que determinan anualmente el presupuesto del Estado, con inclusión
de créditos para el servicio de la deuda. En opinión del Experto independiente, sin embargo,
el artículo 75, párrafo 7, de la Constitución Nacional dispone un papel más activo del
Congreso en la gestión de las finanzas públicas que la mera aprobación de leyes
presupuestarias.
45. De conformidad con el artículo 85, la Auditoría General de la Nación, organismo de
asistencia técnica del Congreso, debe intervenir en la aprobación o rechazo de las cuentas
de percepción e inversión de los fondos públicos.
46. La Ley de responsabilidad fiscal de 2004 establece normas de transparencia fiscal,
así como objetivos fiscales para los Gobiernos nacional y provinciales y el distrito de la
capital federal. Las normas de procedimiento y los requisitos de transparencia comprenden
presupuestos trienales; que los nuevos préstamos o las garantías deben ser aprobados por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; que los gobiernos provinciales no pueden
emitir bonos nacionales que no estén denominados en pesos; y la publicación de las cuentas
fiscales y todas las transacciones relacionadas con la deuda. La Ley también impone a los
Gobiernos nacional y provinciales la obligación de contribuir a los fondos de estabilización
y establece un Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, integrado por miembros de los
Ministerios de Finanzas Nacional y de todas las provincias.
47. En términos de metas fiscales, las provincias tienen que presupuestar superávits
primarios suficientes para llevar su servicio de la deuda gradualmente por debajo del 15%
de los ingresos corrientes (netos de transferencias a municipios) y no pueden suscribir
nuevos préstamos si su servicio de la deuda supera el máximo. El Gobierno nacional tiene
que mantener una tendencia a la baja de la deuda, medida en términos de PIB.
48. Es de destacar que la Oficina Nacional de Crédito Público brinda asistencia técnica a
las oficinas provinciales de gestión de la deuda.
IV. Realización de los derechos humanos
49. Se acepta de forma general que la crisis de la deuda de 2001 tuvo graves
repercusiones en el disfrute de numerosos derechos humanos, incluidos los derechos al
trabajo, la seguridad social, la salud y la educación43. Sin embargo, la reestructuración de la
deuda ha proporcionado al Gobierno mayor espacio fiscal para la inversión social. Además,
desde 2003, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de políticas para promover el
crecimiento económico con inclusión social. Esas políticas han contribuido
significativamente al establecimiento de las condiciones para la realización de los derechos
humanos y la mejora del bienestar de la población argentina.
50. Sin embargo, subsisten algunas dificultades, sobre todo en lo que respecta a la lucha
contra la pobreza y a la integración social. En las siguientes secciones del presente informe
se trata brevemente el efecto de las políticas del Gobierno en el ejercicio de los derechos al
trabajo, la seguridad social, la salud, la educación y una vivienda adecuada, así como en la
pobreza.
42 Ibid., art. 75 7).
43 Véase, por ejemplo, E/C.12/1/Add.38, párrs. 10 y 28; Jason Morgan-Foster, “The relationship of IMF
structural adjustment programs to economic, social and cultural rights: the Argentine case revisited”,
Michigan Journal of International Law, vol. 24 (invierno de 2003), págs. 577 a 646.
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A. Trabajo
51. A raíz de la crisis de 2001, el Gobierno de la Argentina aplicó una serie de políticas
destinadas a crear empleo y mejorar las condiciones de trabajo. En octubre de 2003, por
ejemplo, el Gobierno aprobó los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2003-2015 de la
Argentina, que comprendían el objetivo de promover el trabajo decente. Entre los objetivos
específicos cabe mencionar la reducción de la tasa de desempleo a menos del 10%; la
reducción de la tasa de empleo informal a menos del 30%; la ampliación de la protección
social al 60% de la población desempleada; la reducción a menos del 30% de la proporción
de trabajadores que reciben un sueldo inferior al costo de la canasta básica de alimentos
para la familia; y la erradicación del trabajo infantil.
52. En 2004, el Gobierno revisó el salario mínimo determinado por el Consejo Nacional
del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, órgano integrado por
representantes del Estado, los empleadores y los trabajadores.
53. Como resultado de estas políticas, la tasa oficial de desempleo ha bajado y el salario
mínimo se ha incrementado. Según estimaciones oficiales, durante el tercer trimestre de
2013, la tasa de desempleo fue del 6,8%. El salario mínimo mensual durante el período
comprendido entre agosto y diciembre de 2013 era de 3.300 pesos (unos 500 dólares al tipo
de cambio oficial a finales de 2013) y se ha aumentado hasta 3.600 pesos al 1 de enero
de 201444. Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el sueldo medio real
de los trabajadores registrados creció constantemente después del peor momento de la crisis
en 2002, llegando a niveles de mediados del decenio de 1980 en 200945. Como
consecuencia, el número de trabajadores empleados en el sector formal que percibían un
sueldo inferior al costo de la canasta básica de alimentos se redujo un 66,3% en 201146.
54. Sin embargo, todavía hay retos que requieren atención. En primer lugar, hay grandes
desigualdades basadas en el género en el mercado laboral: las mujeres ganan menos que los
hombres; tienen tasas más altas de desempleo (el 8,7% frente el 6% de los hombres); tienen
un menor acceso al empleo formal asalariado (el 63% frente al 69% de los hombres); y
ganan menos por hora trabajada47.
55. En segundo lugar, aunque el empleo informal no registrado descendió del 42,8%
en 2003 al 33,3% en 2011, sigue siendo uno de los problemas más importantes del mercado
laboral argentino48. Los trabajadores del sector no estructurado carecen de seguro de salud
para ellos o los miembros de sus familias y no contribuyen a fondos de pensiones ni están
protegidos por el seguro de desempleo49. Aunque el Experto independiente reconoce los
progresos realizados, el Gobierno tiene mucho que hacer para lograr el objetivo de que el
empleo no registrado esté por debajo del 30% en 201550. Insta al Gobierno a que
intensifique sus esfuerzos por promover el registro del empleo, puesto que algunos estudios
indican que es posible que el porcentaje de trabajadores que no contribuyen al sistema de la
44 Los trabajadores domésticos tienen un salario mínimo diferente; al 1 de septiembre de 2013, el salario
mínimo de los trabajadores domésticos era de 3.220 pesos.
45 Argentina, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Work and Employment in the
Bicentenary: Changes in employment and social protection dynamic for an extended inclusion,
2003-2010, septiembre de 2010, pág. 43.
46 PNUD/Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Objetivos de Desarrollo del Milenio:
Informe País Argentina 2012 (Buenos Aires, 2012), pág. 22.
47 Organización Internacional del Trabajo (OIT), 3rd Decent Work Country Programme for Argentina:
2012-2015 Period (Buenos Aires, 2013), pág. 19.
48 Ibid., pág. 21.
49 Los trabajadores no registrados y sus familiares pueden, sin embargo, tener acceso al sistema público
de salud que proporciona el acceso universal, véase el párrafo 61.
50 OIT, 3rd Decent Work Country Programme for Argentina, pág. 23.
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seguridad social haya aumentado levemente durante los últimos años, pese a las campañas
del Gobierno51.
56. Por último, se requiere un mayor esfuerzo para abordar el problema del trabajo
infantil, en particular en los sectores agrícola e informal. Aunque la Ley de prohibición del
trabajo infantil y protección del trabajo adolescente (Nº 26390) es un paso importante en la
lucha contra el trabajo infantil, los niños siguen soportando los costos más altos de la
pobreza y, en muchos casos, proporcionan la mano de obra sustitutiva o complementaria
para satisfacer las necesidades del hogar. Según las investigaciones, en las zonas urbanas,
el 6,2% de los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 13 años realizan actividades
económicas y el 2,7% de los niños en ese grupo de edad se dedican al trabajo doméstico
intensivo52.
B. Seguridad social
57. El espacio fiscal adicional después de 2005 ha permitido al Gobierno ampliar
significativamente sus sistemas de protección social no contributivos. Mediante el aumento
del empleo formal y un régimen simplificado para los pequeños contribuyentes
(el monotributo) se ha logrado que un gran número de trabajadores tengan ahora acceso a la
seguridad social. El Programa de Inclusión Previsional, que permitía que aquellos
pensionistas que, debido a la crisis económica, no hubieran completado los 30 años de
contribuciones recibieran una pensión reducida, y la introducción de una pensión mínima
no contributiva en 2005 aumentaron la cobertura total de las pensiones para las personas de
edad desde el 47% en 2005 hasta el 96% aproximadamente en 2010. El número total de
personas que reciben prestaciones de jubilación aumentó de 3,2 millones en 2005 a
5,4 millones en 2012. Además, se aprobó una ley para ajustar automáticamente las
prestaciones de jubilación sobre la base de los índices de precios al consumo53.
58. En noviembre de 2009, se introdujo la Asignación Universal por Hijo para todos los
niños menores de 18 años con el objetivo de reducir la pobreza y aumentar el bienestar de
los niños. Era un programa de transferencia monetaria condicionada para los hogares de
bajos ingresos. En abril de 2013, 3,28 millones de niños recibieron esa prestación54. Las
evaluaciones del Ministerio de Trabajo y las investigaciones independientes muestran que
la Asignación ha contribuido a reducir la pobreza extrema de las familias con hijos; ha
aumentado la matriculación en la enseñanza primaria en un 10% y en la enseñanza
secundaria en un 20%; y ha ampliado la participación de los niños en exámenes médicos y
vacunaciones periódicos, puesto que los solicitantes de esta prestación deben presentar un
justificante de escolarización y participación en un programa oficial de salud para sus hijos
a fin de recibir el monto completo.
59. El Experto independiente felicita al Gobierno por las políticas sociales descritas. No
obstante, está preocupado por que algunas de las prestaciones sociales excluyen a
determinados grupos marginados y desfavorecidos, como los migrantes y sus hijos. Por
ejemplo, el acceso a pensiones de jubilación no contributivas requiere 40 años de residencia
51 Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), el porcentaje total de personas que
trabajan sin contribuir al sistema de la seguridad social aumentó del 47,2% en 2010 al 49,4% en 2012,
véase Agustín Salvia y otros, Desajustes en el desarrollo humano y social (2010-2011-2012) (Buenos
Aires, ODSA, Universidad Católica Argentina, 2013), pág. 164.
52 Ianina Tuñón (coordinadora), Hacia el pleno ejercicio de derechos en la niñez y adolescencia:
propensiones, retos y desigualdades en la Argentina urbana (2010-2012), (Buenos Aires, ODSA,
Universidad Católica Argentina, 2013), págs. 120 y 121.
53 Información proporcionada por el Ministerio de Trabajo.
54 Ibid.
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continuada en el país; el acceso a una pensión de discapacidad, 20 años de residencia
continuada; y el acceso a una pensión para madres de más de siete hijos, 15 años de
residencia continuada. En el caso de la Asignación Universal por Hijo, el Decreto
Nº 1602/2009, por el que se estableció la prestación, requiere que el niño beneficiario tenga
la nacionalidad argentina, sea hijo de un ciudadano argentino o tenga al menos tres años de
residencia legal en la Argentina para que su representante legal pueda acceder a esa
prestación55. Aunque en septiembre de 2007 la Corte Suprema declaró el requisito de
20 años de residencia inconstitucional en un caso relativo a prestaciones por discapacidad,
sigue habiendo unos requisitos de residencia excesivos para acceder a las prestaciones
sociales.
60. El Experto independiente por lo tanto insta al Gobierno a que aplique las
recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(E/C.12/ARG/CO/3, párr. 20), el Comité sobre los Trabajadores Migratorios
(CMW/C/ARG/CO/1, párrs. 29 y 30) y el Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CRPD/C/ARG/CO/1, párrs. 45 y 46) y adopte las medidas necesarias para
que las prestaciones sociales tengan una cobertura sin restricciones, incluidas las pensiones
no contributivas y la Asignación Universal por Hijo, en el caso de los grupos marginados y
desfavorecidos, como los migrantes y sus hijos.
C. Salud
61. El sistema público de salud del país proporciona el acceso universal. En torno al
10% del PIB, el gasto en salud es mayor que el de otros países de América Latina, pero los
recursos se distribuyen de manera desigual. El gasto en salud de alrededor del 8% del PIB
beneficia en torno al 64% de la población, que tiene un seguro privado de salud o está
cubierto por la seguridad social, mientras que el 36% restante de la población depende
exclusivamente de los servicios de salud del sector público, que reciben solo el 2%
aproximadamente del PIB56. Dependiendo de la provincia, la región y la ubicación, hay
discrepancias significativas en la calidad y la accesibilidad de la atención de la salud. Por
ejemplo, entre 2003 y 2009, la Ciudad de Buenos Aires gastó el 24% de su presupuesto en
atención de la salud. Sin embargo, regiones más desfavorecidas, como las provincias de
Misiones y Buenos Aires, dedicaron solo del 7% al 8% aproximadamente de su presupuesto
a la atención de la salud57. El Gobierno ha reconocido que todavía hay que abordar esas
desigualdades para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la salud en el país58.
62. En noviembre de 2004, el Gobierno puso en marcha el Plan Nacer, programa de
salud materna e infantil, que fortaleció los servicios de salud prestados a las mujeres
embarazadas sin seguro médico y las puérperas, así como a los niños menores de 6 años. En
abril de 2012, el Plan Nacer había proporcionado servicios de atención de la salud a más
de 4,5 millones de mujeres embarazadas y niños, que constituían el 89,7% de los
55 Véase más información en Centro de Estudios Legales y Sociales, Derechos humanos en Argentina,
Informe 2012 (Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2012), págs. 344 a 348, disponible en:
http://cels.org.ar/common/documentos/Informe2012.pdf.
56 Véase información sobre la cobertura de los seguros de salud en Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC), Censo 2010, Cuadro P11. Total del país. Población en viviendas particulares por
cobertura salud y sexo, según provincia, disponible en: www.indec.mecon.ar/nuevaweb/
cuadros/65/P11-Total_pais.xls.
57 Cortez y Romero, “Argentina: Increasing utilization of health care services” (véase la nota 11), pág. 5.
58 Argentina, Ministerio de Salud, El derecho a la salud. 200 años de políticas sanitarias en Argentina
(Buenos Aires, 2012), pág. 304.
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destinatarios59. El programa proporcionó fondos adicionales a los ministerios provinciales
de salud, sobre la base de la prestación de servicios y diez indicadores para medir los
resultados, uno de ellos para efectuar el seguimiento de la integración de las comunidades
indígenas en los servicios de salud.
63. Aunque el Plan Nacer ha contribuido a la mejora de la salud de las mujeres y los
niños no asegurados, incluida una reducción de la mortalidad infantil de 16,5 por
1.000 nacidos vivos en 2003 a 11,9 en 2010, la Argentina ha tenido menos éxito hasta la
fecha en la reducción de la mortalidad materna, que se ha mantenido por encima de 4 por
cada 10.000 nacimientos en los últimos años. Un alto porcentaje de estas muertes está
relacionado con abortos inseguros60. Las mujeres y las niñas siguen teniendo obstáculos
para acceder a servicios de atención de la salud reproductiva, como la contracepción, lo
cual tiene como resultado una alta tasa de embarazos no deseados y abortos, incluidos
abortos inseguros. Entre los obstáculos comunes cabe mencionar los largos retrasos en la
prestación de servicios, las remisiones innecesarias a otras clínicas, los obstáculos
financieros y las denegaciones de la prestación de servicios61.
64. También se ha expresado preocupación al Experto independiente por los efectos en
la salud de la utilización de plaguicidas en la agricultura, incluido el aumento de los
defectos congénitos y los casos de cáncer en niños en determinadas zonas en las que ha
aumentado en gran medida la producción de soja. El Defensor del Pueblo de la Nación62, el
Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/ARG/CO/3-4, párrs. 29 y 30) y el Relator
Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (A/HRC/21/47/Add.2, párr. 39) han
expresado preocupaciones similares. El Experto independiente ha transmitido las
preocupaciones señaladas a su atención a los procedimientos especiales temáticos
pertinentes para que sigan examinándolas. Sin embargo, alienta al Gobierno a que adopte
medidas para prevenir los problemas de salud causados por los productos agroquímicos, en
particular mediante una mayor reglamentación y control de su empleo.
D. Educación
65. El sistema y la infraestructura escolares de la Argentina tienen continuos problemas,
como la desigualdad entre las provincias, la mejora de la calidad de la educación y el
acceso a ella y el pleno ejercicio del derecho a la educación por los niños con discapacidad
y los niños indígenas.
66. El Experto independiente celebra el hecho de que la Ley de educación nacional
(Nº 26206) reconozca expresamente el derecho a la educación y amplíe la educación
obligatoria hasta la enseñanza secundaria. También felicita al Gobierno por la Ley
Nº 26075, de financiamiento educativo, que dispone que al menos el 6% del PIB se destine
a la educación. Si bien casi todos los niños en edad de escuela primaria (99%) están
matriculados en escuelas primarias y el 96,5% de los niños con edades comprendidas entre
los 12 y los 14 años están matriculados en escuelas secundarias, la tasa de finalización de la
escuela secundaria (44,1%) es bastante baja63. Los datos del censo indican que el Gobierno
59 Véase una evaluación del Plan Nacer en Cortez y Romero, “Argentina: Increasing utilization of health
care services”.
60 PNUD/Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Objetivos de Desarrollo del Milenio,
págs. 59 a 64.
61 Véase el documento CEDAW/C/ARG/CO/6, párr. 37; y Human Rights Watch, Illusions of Care:
Lack of Accountability for Reproductive Rights in Argentina (Nueva York, 2010).
62 Argentina, Defensor del Pueblo de la Nación, Informe especial sobre agrotóxicos y discapacidad,
Resolución Nº 06/2012, 25 de enero de 2012, disponible en: www.dpn.gob.ar/noticias/noti421001.pdf.
63 PNUD/Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Objetivos de Desarrollo del Milenio,
pág. 12.
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logró reducir a la mitad el número de adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y
los 17 años que abandonaron la escuela entre 2001 y 2010, pero la tasa de deserción escolar
era todavía del 8% en 2010 y los niños de las comunidades desfavorecidas eran los más
afectados64.
E. Vivienda adecuada
67. La Argentina sigue teniendo una grave escasez de vivienda adecuada y millones de
argentinos siguen viviendo en condiciones precarias, en particular en barrios marginales y
otros tipos de viviendas inadecuadas (A/HRC/19/53/Add.1, párr. 6). El Experto
independiente está preocupado también por que solo en torno al 1% del presupuesto
nacional se destina a hacer frente a los problemas relacionados con la vivienda65. Ello
contrasta notablemente con el 9% del presupuesto nacional que se espera que absorban los
pagos del servicio de la deuda en 2014.
68. Según los estudios efectuados por la Universidad Católica Argentina en 2010, 2011
y 2012, el 14,2% de todas las personas en las zonas urbanas no tienen garantizada
legalmente la tenencia, problema que afecta en particular a los residentes de los
asentamientos informales o precarios, donde más de la mitad carece de seguridad de la
tenencia. Además, el 13,4% de la población urbana carece de acceso directo a la red pública
de abastecimiento de agua potable, problema que está especialmente generalizado en la
región del Gran Buenos Aires, donde el 38,3% de todas las unidades familiares se
encuentran excluidas. Por último, el 34,1% de las unidades familiares urbanas no está
conectado a la red de alcantarillado, problema que afecta al 68% de todas las unidades
familiares en los asentamientos informales66.
69. El Experto independiente insta al Gobierno a que amplíe su inversión en programas
de vivienda, con vistas a asegurar el acceso a una vivienda adecuada y asequible con
seguridad legal de la tenencia para todos, de conformidad con las recomendaciones del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/ARG/CO/3, párr. 21) y la
Relatora Especial sobre una vivienda adecuada (A/HRC/19/53/Add.1, párrs. 59 a 75).
F. Pobreza
70. En general se reconoce que la pobreza se ha reducido significativamente desde la
crisis de la deuda de 2001. Sin embargo, las estadísticas oficiales relacionadas con la
pobreza y los índices de precios al consumidor han generado mucho debate en los últimos
años. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que la
pobreza y la extrema pobreza han descendido constantemente desde 2003, del 47,8% y el
20,5% al 4,7% y el 1,4% respectivamente, según los últimos datos disponibles sobre la
primera mitad de 201367. En cambio, instituciones independientes de investigación, como el
Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), estiman que
casi una cuarta parte de la población argentina (24%) vive en la pobreza y el 5,6% en la
extrema pobreza68. El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Facultad de
64 Ibid., pág. 14.
65 Cogliandro, Gasto Público Social (véase la nota 15), pág. 33, indica que, en 2013, se asignaron
5.700 millones de pesos a programas de vivienda social, mientras que el presupuesto nacional total
para 2013 ascendió a 573.000 millones de pesos.
66 Todos los datos se pueden encontrar en Salvia y otros, Desajustes en el desarrollo (véase la nota 51),
págs. 85 a 138.
67 Datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos (www.indec.gov.ar).
68 ISEPCi, Mapa de la pobreza y la exclusión, Buenos Aires, julio de 2013.
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GE.14-12941 19
Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina y otros institutos de
investigación han presentado resultados similares69.
71. Según las estadísticas oficiales, el salario mínimo nacional (3.300 pesos al mes
en 2013) y la pensión mínima (2.165 pesos en mayo de 2013) están muy por encima del
umbral de la pobreza de 1.734 pesos (durante el tercer trimestre de 2013)70. Sin embargo,
las investigaciones independientes muestran algunas discrepancias en relación con la
canasta de alimentos. Por ejemplo, el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas
Económicas y Sociales (CIPPES) constató que, dependiendo de la provincia, se
necesitarían entre 4.191 y 4.922 pesos para adquirir los bienes y los servicios incluidos en
la canasta para calcular el umbral de la pobreza. Según el CIPPES, en octubre de 2013, el
umbral de la pobreza extrema estaba entre los 1.838 y los 2.159 pesos, dependiendo de la
provincia. Ello sugiere que los productos y los servicios básicos necesarios para llevar una
vida digna tal vez sean en realidad más de dos veces más caros de lo que muestran las
estadísticas oficiales.
72. El Experto independiente observa además que el Comité de los Derechos del Niño
(CRC/C/ARG/CO/3-4, párr. 64) y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (E/C.12/ARG/CO/3, párr. 11) han expresado previamente preocupación por la
fiabilidad de las estadísticas oficiales sobre la pobreza, entre otras. Al parecer, cuando
visitó la Argentina estos temas todavía no se habían abordado satisfactoriamente.
73. El Experto independiente no tiene la intención de sacar conclusiones sobre estas
estadísticas divergentes. Más bien, desea subrayar que la lucha contra la pobreza es un
proceso a largo plazo que requiere una inversión considerable y que, a pesar de los
numerosos progresos, queda mucho por hacer, puesto que parte de la población sigue
sufriendo la pobreza extrema, aunque se puede cuestionar el número de personas que viven
en esa situación. Insta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos por reducir la pobreza, en
particular entre los niños y los adolescentes, los residentes de los asentamientos informales,
la población indígena y otros grupos desfavorecidos, en el marco de una estrategia integral
de equidad social que no se limite a medidas financieras.
74. Por último, el Experto independiente considera que el Gobierno debe intensificar sus
esfuerzos por evaluar el efecto de sus políticas sociales desde un punto de vista de los
derechos humanos. Por ejemplo, es necesario estudiar si las medidas y las prestaciones
existentes son suficientes para satisfacer los niveles básicos de los derechos sociales
enumerados en los tratados internacionales de derechos humanos y sacar a los pobres de la
pobreza.
V. Necesidad de una auditoría de la deuda pública
75. Un porcentaje significativo de la deuda del país se contrajo en circunstancias
cuestionables, en particular durante el régimen militar de 1976 a 1983. Durante ese período,
los bancos, las instituciones financieras internacionales y otros países siguieron prestando a
la Argentina, apoyando indirectamente a un Gobierno ilegítimo que reprimía y hacía
69 Véase, por ejemplo, Salvia y otros, Desajustes en el desarrollo (véase la nota 51), págs. 51 a 60,
donde se estima que en diciembre de 2012 entre el 24,5% y el 26,9% de la población de las regiones
urbanas vivía por debajo del umbral de la pobreza y entre el 4,9% y el 5,8% en la extrema pobreza.
En CIPPES, Pobreza e Indigencia en la Argentina 2013, diciembre de 2013, disponible en:
www.cippes.org/cippes-uploads/archivos/boletin_pobreza_jun_2013_cippes.pdf, se ofrecen
resultados similares.
70 El INDEC mide el umbral oficial de la pobreza sobre la base de una canasta de productos, alimentos y
servicios básicos, mientras que el umbral de la indigencia se basa en una canasta de alimentos que
solo contiene productos que constituyen las necesidades dietéticas mínimas.
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desaparecer a sus oponentes. La mayoría de los préstamos suscritos durante ese período no
se utilizó en inversiones productivas71. En 1982, cuando la Argentina empezó a luchar
contra la crisis financiera, el Gobierno militar asumió la deuda externa de empresas
privadas argentinas mediante un sistema de garantías de los tipos de cambio, transformando
de ese modo de manera cuestionable deuda privada en deuda pública. Huelga decir que la
deuda del país creció de manera exponencial, de 7.800 millones de dólares en 1975
a 40.700 millones de dólares en 198272.
76. Según las estimaciones del Banco Mundial, de los cerca de 45.000 millones de
dólares en préstamos suscritos durante ese período, 2.500 millones de dólares se dedicaron
a aumentar las reservas nacionales de divisas; 13.000 millones de dólares sirvieron para
atender a los pagos de intereses; 10.000 millones de dólares se utilizaron en importaciones
no registradas, la mayoría de las cuales se considera relacionada con la compra de armas; y
19.000 millones fueron salidas de capital73. Los beneficiarios fueron altos funcionarios que
transfirieron fondos a sus cuentas en bancos extranjeros; empresarios que se dedicaban a la
especulación financiera y enviaban sus ganancias al extranjero; y las fuerzas armadas, que
utilizaron los prestamos para comprar armas. Los perdedores fueron la industria de
exportación; las empresas nacionalizadas antiguamente prósperas; y el pueblo argentino,
que tenía y todavía tiene que saldar las deudas, que constituyen un gran porcentaje del PIB
del país74.
77. Habida cuenta de la dudosa legitimidad del Gobierno militar y de muchas de sus
operaciones de crédito, el primer Gobierno democrático del Presidente Raúl Alfonsín
sostuvo en un principio la opinión de que la deuda heredada de la dictadura militar no se
debía pagar sin una investigación exhaustiva para aclarar en qué medida fue efectivamente
legítima. Se declaró una moratoria del pago de la deuda y, en febrero de 1984, se creó la
Comisión Investigadora de Ilícitos Económicos del Senado, a la que se encomendó
investigar la deuda externa en la que incurrió el régimen militar. Sin embargo, el mandato
de la Comisión no se prorrogó más allá de 1985 y careció de recursos presupuestarios y
tiempo suficientes para presentar un informe concluyente. Una comisión de investigación
establecida por el Banco Central a la que se encargó que investigara la legitimidad de la
deuda externa del sector privado también se disolvió antes de que pudiera presentar ninguna
conclusión.
78. Ni el primer Gobierno democrático después de la dictadura militar de 1976 a 1983 ni
los gobiernos subsiguientes realizaron ninguna investigación exhaustiva de la legitimidad
de la deuda en la que se había incurrido durante la dictadura militar. Lo más parecido a una
investigación oficial fue una investigación judicial basada en una causa presentada ante el
Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2 de la Argentina, que culminó con una
sentencia después de 18 años de investigación75.
79. En 1983, Alejandro Olmos, ciudadano argentino, presentó una denuncia contra el
antiguo Ministro de Finanzas, José Alfredo Martínez de Hoz, de fraude y abuso de
autoridad en relación con la deuda pública en la que se incurrió durante la dictadura militar.
Su denuncia inicial y otras actuaciones ante los tribunales argentinos se consolidaron
71 Banco Mundial, Argentina – Economic Memorandum, vol. 1, Main report, A World Bank Country
Study (Washington D.C., 1985), pág. 17, párr. 1.16, disponible en: http://documents.worldbank.org/
curated/en/1985/01/4392081/argentina-economic-memorandum-vol-1-2.
72 Juan Pablo Bohoslavsky y Veerle Opgenhaffen, “The past and present of corporate complicity:
financing the Argentinean dictatorship”, Harvard Human Rights Journal, vol. 23 (2010), pág. 189.
73 Banco Mundial, Argentina – Economic Memorandum, vol. 1 (véase la nota 71), pág. 17, párr. 1.16.
74 Sabine Michalkowski, Unconstitutional Regimes and the Validity of Sovereign Debt (Aldershot,
Ashgate Publishing, 2007), pág. 13.
75 Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2, Argentina, causa Nº 14467, Olmos, Alejandro
S/Denuncia, disponible en: www.dipublico.com.ar/3844/olmos-alejandro-sdenuncia/.
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posteriormente en una causa que fue investigada por el Juzgado Criminal y Correccional
Federal Nº 2. En una larga sentencia, al resumir las pruebas y los testimonios presentados
durante la investigación, el magistrado Jorge Ballesteros concluyó lo siguiente:
Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad
con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la
Nación en aquellos períodos analizados. Así también se comportaron directivos y
gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados; no se tuvo
reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina; se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de
prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales;
inexistentes resultaban los registros contables de la deuda externa; las empresas
públicas, con el objeto de sostener una política económica, eran obligadas a
endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser
volcadas al mercado de cambios; se ha advertido también la falta de control sobre la
deuda contraída con avales del Estado por las empresas del Estado76.
80. Como la prescripción de los delitos impedía la condena de los acusados, el Juzgado
decidió remitir sus conclusiones al Congreso, destacando al mismo tiempo que “el archivo
de la presente causa no debe resultar impedimento para que los miembros del Honorable
Congreso de la Nación evalúe las consecuencias a las que se han arribado en las
actuaciones labradas en este Tribunal para determinar la eventual responsabilidad política
que pudiera corresponder a cada uno de los actores en los sucesos que provocaran el
fenomenal endeudamiento externo argentino”77. El Juzgado declaró lo siguiente:
Tal vez ha llegado el momento de reiterar similar petición para lograr una
reducción en los costos financieros de la deuda, sin perjuicio de otras ventajas que
pudieran obtenerse de los países acreedores; pero, como se va esbozando, resultan
otros los poderes llamados a tomar tan complejas decisiones. Es por estas razones
que remitiré copia de la presente resolución al Honorable Congreso de la Nación
para que, a través de las comisiones respectivas, adopte las medidas que estime
conducentes para la mejor solución en la negociación de la deuda externa de la
nación78.
81. El Experto independiente no ha tenido conocimiento de que el Congreso haya
abordado hasta la fecha las cuestiones señaladas en la causa. Como hemos mencionado, no
pudo reunirse con miembros del Congreso para tratar el tema con más detalle como
esperaba. Ello es lamentable, habida cuenta de los desafíos obvios que el problema de la
deuda ha planteado al país.
82. Es fundamental que toda estrategia para abordar el problema de la deuda del país de
manera decisiva incluya una auditoría transparente, participativa y exhaustiva para
determinar si la deuda pública se contrajo legítimamente o no. En virtud del derecho
internacional, las deudas contraídas por regímenes no representativos y que no se utilicen
en beneficio de la población son execrables y no reembolsables79. En ese sentido, el
Experto independiente insta a los prestamistas internacionales del país a que respalden una
auditoría transparente y participativa de la deuda pública de la Argentina y a que cancelen
incondicionalmente cualquier reclamación en el caso de que en la auditoría se constate que
es execrable o ilegítima.
76 Ibid., Conclusiones, primer párrafo.
77 Ibid., séptimo párrafo.
78 Ibid., 12º párrafo.
79 Véase A/64/289.
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22 GE.14-12941
VI. Conclusiones y recomendaciones
83. La experiencia de la Argentina revela fallos fundamentales en el sistema
financiero mundial y ofrece dos lecciones importantes. En primer lugar, el
crecimiento económico es fundamental para la capacidad de pago de la deuda,
mientras que la austeridad fiscal desenfrenada no puede más que profundizar la
situación de pobreza de un país. En segundo lugar, se necesita urgentemente un
mecanismo internacional independiente basado en un conjunto claro de normas y
procedimientos vinculantes para resolver los problemas de la deuda soberana y luchar
contra la fuga de capitales.
84. A la luz de lo anterior, el Experto independiente formula las siguientes
recomendaciones al Gobierno de la Argentina y sus acreedores internacionales.
A. Gobierno de la Argentina
85. El Gobierno de la Argentina debe:
a) Llevar a cabo una auditoría transparente, participativa y exhaustiva de
su deuda pública a fin de obtener una idea clara de las circunstancias en las que se
incurrió en ella y, en particular, determinar el grado en el que se puede considerar
que la deuda es execrable;
b) Como cuestión prioritaria, promulgar legislación nacional que limite la
capacidad de los fondos buitre para tratar de obtener ante los tribunales argentinos
beneficios inmorales a costa de la población pobre y más vulnerable mediante litigios
prolongados y promover activamente la promulgación de ese tipo de legislación por
otros países dentro y fuera de su región;
c) Renovar sus esfuerzos por promover los derechos sociales, económicos y
culturales, incluidos los derechos a la educación, la salud, el agua y el saneamiento y
una vivienda adecuada, y asegurar los niveles básicos de esos derechos para todos;
d) Tomar medidas para contrarrestar la desigualdad de género en el
mercado de trabajo como se indica en el presente informe;
e) Intensificar sus esfuerzos en relación con la incorporación de
trabajadores al sistema de la seguridad social a fin de reducir el empleo informal a
menos del 30% para 2015;
f) Adoptar medidas para eliminar los factores sociales y económicos que
contribuyen al trabajo infantil y seguir fortaleciendo sus esfuerzos y estructuras para
erradicar el trabajo infantil, especialmente sus peores formas80;
g) Tomar medidas para abordar los problemas de los niños que se quedan
al margen del sistema educativo, el analfabetismo, la repetición de curso y la deserción
escolar;
h) Redoblar sus esfuerzos por eliminar la desigualdad en el acceso a la
educación y su calidad entre los diferentes grupos sociales, en particular aplicando las
medidas necesarias para asegurar la educación de los niños con discapacidad en su
sistema ordinario de enseñanza81;
80 Véase también CRC/C/ARG/CO/3-4, párr. 74.
81 Véase también E/C.12/ARG/CO/3, párr. 24; CRC/C/ARG/CO/3-4, párr. 68; CRPD/C/ARG/CO/1,
párrs. 37 y 38; y A/HRC/21/47/Add.2, párr. 106.
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GE.14-12941 23
i) Como cuestión urgente, adoptar medidas para garantizar una cobertura
sin restricciones ni discriminación de las prestaciones sociales, incluidas las pensiones
no contributivas y la Asignación Universal por Hijo, a los grupos marginados y
desfavorecidos, como los migrantes y sus hijos;
j) Redoblar sus esfuerzos por reducir la pobreza, en particular entre los
niños y los adolescentes, los residentes de los asentamientos informales, la población
indígena y otros grupos desfavorecidos, en el marco de una estrategia integral de
equidad social que no se limite a medidas financieras;
k) Velar por que las mujeres, incluidas las adolescentes, tengan acceso a
servicios de salud, en particular servicios de salud sexual y reproductiva, y adoptar las
medidas necesarias para reducir la alta tasa de mortalidad materna82;
l) Adoptar medidas para aumentar la disponibilidad de datos fiables,
desglosados y exhaustivos para la formulación y la aplicación de políticas públicas,
con inclusión de estadísticas sobre la inflación y la pobreza, y para asegurar que las
metodologías utilizadas y los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC) estén a disposición de los usuarios externos y se difundan
adecuadamente;
m) Intensificar sus esfuerzos por evaluar el efecto de sus políticas sociales
desde una perspectiva de los derechos humanos, en particular determinando si las
medidas existentes, como el salario mínimo, la pensión mínima y otras prestaciones
sociales, son suficientes para lograr los niveles básicos de los derechos sociales
enumerados en las convenciones internacionales de derechos humanos y más
concretamente si su nivel es suficiente para sacar a los pobres de la pobreza.
B. Acreedores internacionales de la Argentina
86. Los acreedores internacionales de la Argentina deben:
a) Respaldar una auditoría transparente, participativa y exhaustiva de la
deuda pública de la Argentina y, de conformidad con el principio de la
responsabilidad compartida para prevenir y resolver situaciones no sostenibles de
deuda, cancelar incondicionalmente cualquier reclamación en el caso de que en la
auditoría se constate que es execrable;
b) Como cuestión prioritaria, promulgar legislación nacional para combatir
los litigios abusivos de los fondos buitre;
c) Apoyar el establecimiento de un marco internacional basado en normas
para una resolución imparcial, eficiente y que tenga en cuenta los derechos de los
problemas de la deuda soberana;
d) Velar por que todo acuerdo de reestructuración de la deuda soberana
tenga en cuenta la primacía de las obligaciones de derechos humanos, en particular las
de la Argentina con su población.
82 Véase también CEDAW/C/ARG/CO/6, párr. 38.

GE.14-12941 (S) 170414 220414*1412941*Consejo de Derechos humanos25º período de sesionesTema 3 de la agendaPromoción y protección de todos los derechos humanos,civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,incluido el derecho al desarrolloInforme del Experto independiente sobre las consecuenciasde la deuda externa y de las obligaciones financierasinternacionales conexas de los Estados para el pleno gocede todos los derechos humanos, sobre todo los derechoseconómicos, sociales y culturales, Cephas LuminaAdiciónMisión a la Argentina (18 a 29 de noviembre de 2013)* **ResumenDesde mediados de 1998 hasta finales de 2001, la Argentina experimentó una graverecesión. Una combinación de préstamos y asesoramiento en materia de políticas dudososdel Fondo Monetario Internacional, una recesión mundial y la concesión de préstamosimprudentes por los mercados internacionales de crédito llevó al país a una situación dedeuda insostenible que culminó en una crisis financiera, la quiebra y unas drásticasconsecuencias sociales para la población del país. La reestructuración de la deuda en 2005y 2010 redujo considerablemente la carga de la deuda del país y ofreció al Gobierno ciertoespacio fiscal para la inversión social y el establecimiento de las condiciones para larealización de los derechos humanos.* Documento presentado con retraso.** El resumen del presente informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. El informe propiamentedicho figura en el anexo del resumen y se distribuye únicamente en el idioma en que se presentó y enespañol.Naciones Unidas A/HRC/25/50/Add.3Asamblea General Distr. general2 de abril de 2014EspañolOriginal: inglésA/HRC/25/50/Add.32 GE.14-12941Desde 2002, la Argentina ha registrado un crecimiento económico impresionante(con un promedio del 7% desde 2003 hasta 2011), mientras que los indicadores socialestambién han mejorado considerablemente. El gasto social ha aumentado, pasandodel 10,3% a alrededor del 14,2% del producto interno bruto. En 2009, el Gobierno ampliósus programas sociales, en particular mediante la introducción de un programa detransferencia monetaria condicionada para unidades familiares de escasos ingresos con elobjetivo de reducir la pobreza y aumentar el bienestar de los niños. El número de personasque viven en la pobreza se redujo en más de dos tercios desde un máximo de casi la mitadde la población en 2001 hasta aproximadamente la séptima parte a comienzos de 2010,mientras que el número de personas que viven en la pobreza extrema también se redujodesde una cuarta parte de la población en 2001 hasta aproximadamente 1 de cada 15en 2010. El desempleo ha bajado a alrededor del 8%.Esos encomiables logros se han registrado en circunstancias externas adversas,como las dificultades para acceder a los mercados internacionales de capitales, la escasainversión extranjera directa y los prolongados litigios de los fondos buitre contra el país.Aunque la inflación ha aumentado desde 2007, llegando al máximo del 27% acomienzos de 2011, lo significativo desde el punto de vista de los derechos humanos y parael bienestar de la población son el crecimiento real de los ingresos, el empleo y ladistribución equitativa de los ingresos.Gran parte de la deuda de la Argentina se contrajo en circunstancias cuestionables,en particular durante el régimen militar de 1976 a 1983, y por lo tanto se puede considerarexecrable. Durante ese período, los bancos, las instituciones financieras internacionales yotros países siguieron prestando a la Argentina, apoyando indirectamente a un Gobiernoilegítimo que reprimía y hacía desaparecer a sus oponentes. Es importante que quienesprestaron a la dictadura militar acepten su parte de responsabilidad y adopteninmediatamente las medidas necesarias para condonar esa cuestionable deuda.Por su parte, la Argentina debe llevar a cabo una auditoría transparente, participativay exhaustiva de la deuda, como se recomienda en los Principios rectores sobre la deudaexterna y los derechos humanos. Esa auditoría contribuiría a promover la responsabilidaden la gestión de la deuda pública y se puede tener en cuenta en las decisiones futuras desolicitud de crédito por el Estado, así como en su estrategia de deuda, el gasto en planes dedesarrollo y la realización de los derechos humanos.A/HRC/25/50/Add.3GE.14-12941 3Anexo[Español e inglés únicamente]Informe del Experto independiente sobre las consecuenciasde la deuda externa y de las obligaciones financierasinternacionales conexas de los Estados para el pleno gocede todos los derechos humanos, sobre todo los derechoseconómicos, sociales y culturales, Cephas LuminaÍndicePárrafos PáginaI. Introducción ……………………………………………………………………………………………… 1–4 4II. Contexto general: recesión, quiebra y recuperación ……………………………………….. 5–34 4A. Causas de la crisis de la deuda……………………………………………………………… 5–14 4B. Quiebra …………………………………………………………………………………………….. 15–16 6C. Reestructuración de la deuda……………………………………………………………….. 17–22 7D. Recuperación económica…………………………………………………………………….. 23–25 8E. Situación de la deuda………………………………………………………………………….. 26–28 8F. Principales desafíos ……………………………………………………………………………. 29–34 9III. Marco jurídico e institucional ……………………………………………………………………… 35–48 11A. Obligaciones de derechos humanos………………………………………………………. 35–38 11B. Instituciones………………………………………………………………………………………. 39–43 11C. Marco para la gestión de la deuda pública……………………………………………… 44–48 12IV. Realización de los derechos humanos…………………………………………………………… 49–74 13A. Trabajo……………………………………………………………………………………………… 51–56 14B. Seguridad social…………………………………………………………………………………. 57–60 15C. Salud………………………………………………………………………………………………… 61–64 16D. Educación …………………………………………………………………………………………. 65–66 17E. Vivienda adecuada……………………………………………………………………………… 67–69 18F. Pobreza …………………………………………………………………………………………….. 70–74 18V. Necesidad de una auditoría de la deuda pública……………………………………………… 75–82 19VI. Conclusiones y recomendaciones ………………………………………………………………… 83–86 22A. Gobierno de la Argentina ……………………………………………………………………. 85 22B. Acreedores internacionales de la Argentina …………………………………………… 86 23A/HRC/25/50/Add.34 GE.14-12941I. Introducción1. El Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y de lasobligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todoslos derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales llevó acabo una misión a la Argentina del 18 al 29 de noviembre de 2013. El propósito principalde la visita era valorar el efecto de la carga de la deuda externa del país y lareestructuración de la deuda en la capacidad del Gobierno para hacer realidad todos losderechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales y elderecho al desarrollo.2. Durante su visita, el Experto independiente se reunió con altos funcionarios de losMinisterios de Relaciones Exteriores; Economía y Finanzas Públicas; Justicia y DerechosHumanos; Desarrollo Social; Educación; Salud; y Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Sereunió también con la Vicepresidenta de la Corte Suprema, el Defensor del Pueblo de laNación y representantes de la Cámara Federal de Apelaciones, el Banco Central, el BancoMundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, organismos de las Naciones Unidas, lasociedad civil y el mundo académico. Además, visitó las ciudades de Córdoba y FlorencioVarela y el Museo de la Deuda Externa de la Facultad de Ciencias Económicas de laUniversidad de Buenos Aires.3. Lamentablemente, no tuvo la ocasión de reunirse con los comités del Congreso de laArgentina encargados de los asuntos sociales y económicos, como había solicitado. ElParlamento desempeña un importante papel legislativo y de supervisión en relación con lascuestiones presupuestarias y de gestión de la deuda pública. Como tal, sus ideas habríansido fundamentales para una evaluación completa de la situación.4. El Experto independiente desea expresar su agradecimiento al Gobierno por suinvitación y su cooperación durante la visita. Desea expresar su agradecimiento también atodos los que compartieron sus opiniones con él y al Programa de las Naciones Unidas parael Desarrollo por ayudarlo a preparar la visita.II. Contexto general: recesión, quiebra y recuperaciónA. Causas de la crisis de la deuda5. La crisis de la deuda argentina de 2001 se puede atribuir a varios factores, como lospréstamos y el asesoramiento en materia de políticas dudosos del Fondo MonetarioInternacional (FMI), una recesión mundial y la concesión de préstamos imprudentes por losmercados internacionales de crédito1. Reformas estructurales como la desregulación, laliberalización del comercio y la privatización de empresas públicas hicieron que laArgentina fuera sumamente vulnerable a las convulsiones externas, lo que dio lugar a untipo de cambio sobrevalorado, causó un crecimiento del desempleo y aumentó los déficitsexterno y fiscal que en última instancia produjeron unos niveles insostenibles de deuda.1 Véase un análisis de la historia de la crisis de la deuda, entre otros, en J. F. Hornbeck,Argentina’s Defaulted Sovereign Debt: Dealing with the “Holdouts”, CRS Report for Congress(Washington D.C., Servicio de Investigación del Congreso, febrero de 2013), págs. 1 a 3; MarkWeisbrot y otros, The Argentine Success Story and its Implications (Washington D.C., Centro deInvestigación Económica y Política, octubre de 2011), págs. 2 a 5; Mario Damill, Roberto Frenkel yMartín Rapetti, “The Argentinean debt: history, default and restructuring”, EconomiA, Selecta,Brasilia, vol. 6, Nº 3 (enero/julio de 2005), págs. 29 a 90.A/HRC/25/50/Add.3GE.14-12941 56. Durante el período de la dictadura militar entre 1976 y 1983 (el denominado Procesode Reorganización Nacional), el país solicitó numerosos préstamos para infraestructura noproductiva, el conflicto respecto de las Islas Malvinas (Falkland) y la financiación de laasunción por el Estado de la deuda del sector privado2. Las políticas económicasneoliberales introducidas durante ese período dieron lugar a importantes problemaseconómicos y sociales, como la fuga en masa de capitales y un desempleo estimadodel 18% al final del régimen militar en 1983. Entre 1975 y 1980, la deuda aumentódel 13,2% al 32,4% del producto interno bruto (PIB). La devaluación del peso en 1981 hizoque la deuda externa llegara al máximo de casi el 60% del PIB en 1982.7. En abril de 1991, el Gobierno de Menem introdujo el “plan de convertibilidad” conel objetivo de hacer frente a la inflación crónica que asolaba el país. El plan garantizabalegalmente la convertibilidad de los pesos en dólares de los Estados Unidos a un tipo fijo deuno por uno. Aunque ese marco macroeconómico inicialmente ayudó a reducir la inflacióny el servicio de la deuda, estableció el contexto de la crisis financiera de 20013. De 1989a 1999, la deuda aumentó en un 123%, mientras que los pagos de los intereses de la deudaaumentaron un 253%.8. Al final del decenio de 1990, aumentó la vulnerabilidad a las convulsiones externas.Los saldos fiscales se deterioraron con el fortalecimiento del dólar, al que estaba vinculadoel peso, las devaluaciones de sus principales asociados comerciales regionales(especialmente el Brasil) y la caída de los precios de las materias primas. En particular, laquiebra rusa de 1998 y la devaluación de 1999 del real brasileño pusieron mucha presiónsobre el tipo de cambio de la Argentina4. Inevitablemente, el país entró en una recesión queduró hasta 2000.9. En respuesta, las autoridades argentinas aplicaron una serie de políticas de ajustefiscal procíclicas respaldadas por el FMI que exacerbaron el efecto socioeconómiconegativo en el país. Una combinación tóxica de recortes en el gasto público, los sueldos delsector público y el empleo profundizó la recesión. Aunque la esperanza era que las entradasde capital extranjero estimularían el crecimiento económico y el bienestar general, losresultados fueron desastrosos. La deuda del país aumentó y la pobreza y la desigualdadcrecieron. Los altos tipos de interés y el crecimiento negativo aumentaron el coeficientedeuda-PIB en alrededor de diez puntos entre 1997 y 2000.10. A mediados de 2001, la prima de riesgo país de la Argentina era la más alta delmundo, lo cual impedía que el país solicitara crédito en los mercados internacionales. Lafuga de capitales también era un problema crítico para el Gobierno. En el cuarto trimestrede 2001, el Banco Central de la Argentina perdió 11.000 millones de dólares en reservaslíquidas (aproximadamente el 40% de sus reservas). El sistema bancario del país perdióel 25% de sus depósitos.11. Cabe señalar que los mercados financieros internacionales y el FMI fueroncómplices en la profundización de la gravedad de la crisis de la Argentina. A pesar de quela Argentina afrontaba una crisis inminente, el FMI, los gobiernos extranjeros y los bancosde inversión determinados a invertir en deuda de alto rendimiento siguieron prestandogenerosamente a la Argentina. Además, los bancos de inversión y las agencias de crédito2 En 1981 y 1982, el sector público absorbió una proporción considerable de la deuda externa del sectorprivado, con la aprobación de los bancos internacionales, véase Damill, Frenkel y Rapetti, “TheArgentinean debt”.3 Hornbeck, Argentina’s Defaulted Sovereign Debt, pág. 2. El plan de convertibilidad dio lugar a lafuga de capitales, crisis cambiarias y financieras, la devaluación y la quiebra, véase Damill, Frenkel yRapetti, “The Argentinean debt”, pág. 38.4 El plan de convertibilidad prohibía la devaluación del peso para aumentar las exportaciones.A/HRC/25/50/Add.36 GE.14-12941exageraron la salud económica del país5. Las directrices cuestionables del FMI en materiade políticas agravaron el problema6.12. Según el Experto independiente, esos actores deben aceptar su parte deresponsabilidad por el problema de la deuda de la Argentina de conformidad con elprincipio de la responsabilidad compartida subrayado en el Consenso de Monterrey7.13. La crisis financiera tuvo graves repercusiones en la Argentina. El PIB se contrajoentre 1999 y 2002 un 25%, la tasa oficial de desempleo alcanzó un máximo de másdel 21,5% en mayo de 2002, los ahorros y las pensiones se devaluaron y la inflación dehasta el 41% contribuyó al descenso de los sueldos reales en un 23,2% en 20028. El 53% dela población vivía en condiciones de pobreza y el 24,8% de pobreza extrema9. La crisistambién afectó en gran medida al sistema público de salud. Los hospitales sufrieron unagrave escasez de suministros básicos y los precios de los medicamentos se dispararon10.Además, la drástica caída en el empleo dejó al 60%, aproximadamente, de la población almargen del sistema de la seguridad social.14. La crisis también tuvo como consecuencia el deterioro de indicadores de salud comoel de la mortalidad infantil, que afectó en particular a las provincias relativamente másdesfavorecidas del norte del país, donde la tasa de mortalidad infantil era de 25 porcada 1.000 nacidos vivos11. A pesar del aumento de la presión para que prestara serviciossociales a un gran número de personas pobres, el Gobierno se vio obligado a reducir sugasto per capita en servicios sociales en un 74%.B. Quiebra15. En diciembre de 2001, después de cuatro años de grave recesión y con un malestarsocial cada vez mayor, el Gobierno, incapaz de cumplir sus obligaciones de deuda, no tuvomás remedio que suspender pagos. Poco después, el Gobierno abandonó el plan deconvertibilidad y devaluó el peso. La deuda pública total aumentó de forma pronunciadadesde un 45,7% del PIB en 2000 hasta un insostenible 166,3% a principios de 200212. Lacarga de la deuda aumentó considerablemente, en parte debido a la devaluación, que5 Paul Blaustein, And the Money Kept Rolling in (And Out): Wall Street, the IMF, and the Bankruptingof Argentina (Nueva York, Public Affairs, 2005), págs. 5 a 8, 31 a 35 y 198 a 200.6 De 1991 a 2001, el FMI proporcionó financiación en virtud de 5 acuerdos sucesivos: 2 en el marcodel Servicio Ampliado del FMI, aprobados en 1992 y 1998, y 3 acuerdos de derecho de giroaprobados en 1991, 1996 y 2000. Además, se brindó asistencia técnica en los ámbitos fiscal y bancario.En 2004, el FMI aceptó parcialmente la responsabilidad por su papel en la crisis argentina. Véase FMI,”The IMF and Argentina, 1991-2001″, Evaluation Report (Washington D.C., Oficina de EvaluaciónIndependiente, 2004), disponible en www.imf.org/External/NP/ieo/2004/arg/eng/pdf/report.pdf.7 Informe de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, Monterrey(México), 18 a 22 de marzo de 2002 (A/CONF.198/11, cap. I, resolución 1, anexo), párr. 47.8 Véase la Argentina, Instituto Nacional de Estadística y Censos, www.indec.gov.ar/.9 PNUD/Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Objetivos de Desarrollo del Milenio:Informe País Argentina 2012 (Buenos Aires, 2012), pág. 3.10 Véase, por ejemplo, Centro de Estudios Legales y Sociales, comunicación a la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos, 18 de octubre de 2002, disponible en http://cels.org.ar/common/documentos/salud_denuncia_cidh.pdf; asimismo, Estado de los hospitales públicos del país,disponible en www.cels.org.ar/common/documentos/anexo_hospitales.pdf.11 Rafael Cortez y Daniela Romero, “Argentina: Increasing utilization of health care services amonguninsured population, the Plan Nacer program”, Universal Health Coverage Studies Series Nº 12(Washington D.C., Banco Mundial, 2013), pág. 1.12 En ese momento, el país debía, entre otras obligaciones, a inversores privados bonos con un valornominal de 81.800 millones de dólares, a los países del Club de París 6.300 millones de dólares y alFMI 9.500 millones de dólares.A/HRC/25/50/Add.3GE.14-12941 7aumentó significativamente, en términos de pesos, las obligaciones en moneda extranjera(en su mayoría en dólares y euros).16. Se ha sugerido que la Argentina tenía una alternativa a la quiebra13. Sin embargo, elExperto independiente considera que la suspensión de pagos era inevitable: la Argentinaafrontaba una situación insostenible y simplemente no podía pagar su enorme deuda sincorrer el riesgo de implosión económica y social. Cabe señalar que el Gobierno adoptódiversas medidas para evitar la quiebra, como la aprobación de la Ley de responsabilidadfiscal en 1999, que estableció un objetivo obligatorio de reducción del déficit público parallevarlo a cero en pocos años, y la aplicación de importantes subidas de impuestos yrecortes del gasto (incluido un recorte del 13% en los sueldos del sector público y laspensiones).C. Reestructuración de la deuda17. En 2005, después de varios intentos prolongados, polémicos e infructíferos porreestructurar su deuda, la Argentina hizo una oferta unilateral que consistía en lacondonación del 75% de la deuda pendiente, pero en su valor corriente en lugar del valornominal. El legislativo argentino codificó ese compromiso con la denominada Ley cerrojo,que prohibió al Gobierno reabrir el canje o hacer ofertas en el futuro en mejorescondiciones y suspendió los pagos futuros de la deuda no abonada14.18. Al final, el 76% de los tenedores de bonos aceptó la oferta; el 24% restante se negó aparticipar. Por lo tanto, del valor nominal de 81.800 millones de dólares de la deuda,62.300 millones de dólares se canjearon por 35.200 millones de dólares en nuevos bonos.Ello dejó una deuda pendiente de 18.600 millones de dólares, junto con los interesesdevengados, 6.300 millones de dólares en atrasos al Club de París y 9.500 millones dedólares de deuda con el FMI.19. En 2006, el Gobierno decidió pagar los 9.500 millones de dólares adeudados al FMIantes del plazo, liberándose de ese modo de las restricciones del FMI a sus políticas. En2009, el legislativo argentino suspendió la parte de la Ley cerrojo que prohibía hacer unanueva oferta de reestructuración de la deuda y, en 2010, el Gobierno canjeóaproximadamente 12.400 millones de los 18.600 millones de dólares por bonos.20. En conjunto, las reestructuraciones de la deuda de 2005 y 2010 tuvieron una tasa departicipación del 91,3%. Se estima que se debían 11.200 millones de dólares (incluidos6.800 millones de dólares por el principal adeudado y futuro y 4.400 millones de dólarespor los intereses vencidos) a los “acreedores disidentes” al final de 2010. De esa cifra,1.300 millones de dólares son objeto de litigio por fondos buitre en tribunales de losEstados Unidos de América.21. Como consecuencia de las reestructuraciones de la deuda y la liquidación de lasobligaciones con el FMI, la deuda como porcentaje del PIB se redujo del 166,3% en 2002al 45%, aproximadamente, en 2012. La deuda externa pública constituía solo el 14% delPIB. Ello ha permitido al Gobierno aumentar de manera significativa su gasto social, enparticular en educación, salud y seguridad social. El gasto social en salud, educación,seguridad social y vivienda en el presupuesto nacional aumentó del 9,5% del PIB en 200313 Véase, por ejemplo, Doug Bandow, “Supreme Court moves us closer to holding deadbeat Argentinaaccountable”, disponible en www.forbes.com/sites/dougbandow/2013/10/21supreme-court-moves-uscloser-to-holding-deadbeat-argentina-accountable/.14 Véase Hornbeck, Argentina’s Defaulted Sovereign Debt (véase la nota 1), pág. 5.A/HRC/25/50/Add.38 GE.14-12941al 15,5% del PIB en 2013. El gasto social total (de los Gobiernos nacional, provinciales ymunicipales) aumentó hasta alrededor del 27,7% del PIB en 200915.22. En enero de 2014, el Gobierno inició las negociaciones informales con el Club deParís con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre el pago de los atrasos de la Argentina alos acreedores de ese Club. En ese contexto, el Experto independiente insta al Gobierno dela Argentina y al Club de París a que se aseguren de que cualquier acuerdo dereestructuración de la deuda tenga en cuenta la primacía de los derechos humanos, como sesubraya en los Principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos(A/HRC/20/23, anexo) y, en particular, que sea compatible con la obligación de laArgentina de velar por el ejercicio de unos niveles mínimos de derechos económicos ysociales y no comprometa la capacidad de la Argentina para hacer frente a laspreocupaciones relacionadas con la realización de esos derechos como se menciona másabajo.D. Recuperación económica23. La quiebra y la devaluación contribuyeron a una profunda crisis financiera y unaacusada contracción económica, en las que el PIB decreció en torno al 5% en el primertrimestre de 2002. Sin embargo, la recuperación continuó solo un trimestre después de lasuspensión de pagos y la devaluación como consecuencia de políticas concebidas pararestaurar el “equilibrio macroeconómico básico”, incluida la imposición de controles decambio, la introducción de impuestos sobre las exportaciones y una política monetariaflexible16.24. Las políticas favorables al crecimiento aplicadas por el Gobierno desde 2003 hanayudado a estimular el crecimiento económico y restaurar la capacidad de pago de la deuda.Las políticas centradas en la creación de empleo, así como la introducción de un programade seguridad social no contributivo y una transferencia de efectivo de 150 pesos al mes paralos cabezas de familia desempleados (Programa Jefes y Jefas de Hogar), que tenía2 millones de beneficiarios en mayo de 2003, contribuyeron a reducir las tasas dedesempleo y pobreza en 2006 hasta niveles anteriores a la crisis.25. Entre 2002 y 2011, la economía argentina creció un 94%, una de las tasas más altasde crecimiento en todo el mundo17. Esa notable recuperación se ha logrado a pesar delacceso reducido a los mercados financieros internacionales y una inversión extranjeradirecta relativamente escasa18.E. Situación de la deuda26. Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al 30 de junio de 2013, ladeuda pública total ascendía a 196.000 millones de dólares, de los cuales en torno a66.000 millones de dólares son deuda externa pública. La deuda externa total (pública y15 Gisell Cogliandro, Gasto Público Social en la Ley de Presupuesto Nacional 2013 (Buenos Aires,Konrad Adenauer Stiftung, 2013), pág. 16, disponible en www.kas.de/wf/doc/kas_34958-1522-1-30.pdf?130920200601.16 Véase Damill, Frenkel y Rapetti, “The Argentinean Debt” (véase la nota 1), págs. 59 y 60.17 Weisbrot y otros, The Argentine Success Story (véase la nota 1), pág. 1.18 Ibid. Según algunos comentaristas, la quiebra de 2001 fue una de las condiciones clave que facilitaronla recuperación económica que se produjo poco después. Ello se debió al efecto fiscal positivo y lasuspensión de pagos de la deuda y el hecho de que ya no era necesario que la Argentina emitieraconstantemente señales destinadas a facilitar la refinanciación de las obligaciones de deuda, véaseDamill, Frenkel y Rapetti, “The Argentinean debt”, pág. 34.A/HRC/25/50/Add.3GE.14-12941 9privada) era de aproximadamente 135.000 millones de dólares. Unos 25.000 millones dedólares de la deuda pública se deben a instituciones financieras multilaterales, como elBanco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y los acreedores del Club deParís19. Sin embargo, esas cifras no comprenden los bonos en poder de acreedores que noparticiparon en las reestructuraciones de 2005 y 2010, que se calcula que ascienden a11.500 millones de dólares.27. Cabe destacar que el servicio de la deuda sigue teniendo un alto costo para el país.La exclusión del país de los mercados financieros internacionales ha obligado al Gobierno arecurrir a las reservas de divisas del país para pagar la deuda. Como resultado, las reservasse habían reducido en gran medida desde unos 50.000 millones de dólares hasta menosde 30.000 millones de dólares en noviembre de 2013. Si esta tendencia continúa, elGobierno podría tener dificultades para cumplir sus obligaciones de deuda.28. En el presupuesto nacional para 2014 se prevé que el 9% (frente al 6,4% en 2013) sededicará al servicio de la deuda, lo cual supera los fondos asignados a la educación (7,1%)y la atención de la salud (3,4%)20. Como la educación y la atención de la salud son en granmedida competencia de las provincias, el presupuesto nacional no da una visión completadel gasto real del Gobierno en atención de la salud y educación. El presupuesto públicoconsolidado (incluidos los presupuestos nacional, provinciales y municipales) mostrabaque, en 2009, en torno al 14% de todo el gasto público se dedicaba a la atención de la salud,el 22% a la seguridad social y el 15% a la educación21.F. Principales desafíos29. Debido a la suspensión de pagos y la negativa de una minoría de acreedores aparticipar en las reestructuraciones de la deuda y las acciones legales subsiguientes de esosacreedores y los “fondos buitre”22, la Argentina sigue teniendo dificultades para acceder alos mercados financieros internacionales. Además, como no ha podido saldar su deuda conlos países del Club de París, se han denegado a la Argentina algunos créditos a laexportación, mientras que la inversión extranjera directa se ha mantenido moderada, con unpromedio de alrededor del 1,7% del PIB entre 2003 y 2011. Por lo tanto, el Gobierno siguedependiendo de las fuentes internas de financiación, incluidas las transferenciasintragubernamentales.30. La Argentina se ha enfrentado a litigios en los tribunales de los Estados Unidos conun grupo de fondos buitre. Por ejemplo, el 21 de noviembre de 2012, un tribunal de losEstados Unidos resolvió que, con respecto a un pago debido el 15 de diciembre de 2012 alos tenedores de bonos procedentes del canje, estos y los fondos buitre tendrían que sertratados en condiciones de igualdad sobre la base de su interpretación de la cláusulapari pasu (igualdad de trato) de los contratos de suscripción de los bonos. De hecho, seexigió a la Argentina que, al efectuar su pago periódico a los tenedores de bonosprocedentes del canje, pagara también a los fondos buitre los 1.300 millones de dólares que19 Argentina, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Crédito Público,”Deuda Pública del Estado Argentino – Datos al 30-06-2013”, disponible en www.mecon.gob.ar/finanzas/sfinan/?page_id=37.20 Véase la Argentina, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Presupuesto nacional 2014, gastospor programa, disponible en http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_progr.html.21 Véase la Argentina, Gasto público consolidado, disponible en www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/GPC1980-2009.xls.22 Véase una evaluación del efecto de los fondos buitre desde una perspectiva de derechos humanos enel documento A/HRC/14/21.A/HRC/25/50/Add.310 GE.14-12941reclamaban23. La resolución dejó a la Argentina ante la difícil elección entre satisfacer unaobligación financiera mayor e inmediata o no pagar a ningún grupo. Ello la obligaríaefectivamente a la suspensión de pagos de los bonos procedentes del canje.31. El 19 de abril de 2013 los fondos buitre rechazaron un plan alternativo de pagopropuesto por la Argentina que básicamente les habría dado un trato similar al de lostenedores de bonos procedentes del canje.32. El Experto independiente no tiene la intención de debatir el fondo de la demanda.Sin embargo, considera que la propuesta de la Argentina habría supuesto un considerableretorno de las inversiones iniciales de los fondos buitre en 2008 y habría cumplido lasdisposiciones sobre la igualdad de trato. Cabe señalar que los fondos buitre no fueronquienes prestaron inicialmente el dinero a la Argentina; compraron la mayor parte de ladeuda que están reclamando con un importante descuento tras la quiebra. Por ejemplo,NML Capital pagó aproximadamente 48,7 millones de dólares por más de 220 millones dedólares en bonos sobre los que se habían suspendido pagos, pero está reclamando unacantidad que constituiría un beneficio del 1.380%.33. Por otra parte, el caso plantea cuestiones más amplias más allá de la situaciónparticular de la Argentina. Cabe destacar que la resolución refuerza básicamente la nociónentre los acreedores de que negarse a participar en las reestructuraciones de la deudasoberana y presentar una demanda para recuperar el valor nominal de la deuda y losintereses es una vía apropiada. En opinión del Experto independiente, esa resolución, si seconfirma, minará la capacidad de los países que se encuentren en la misma situación parareestructurar su deuda de manera ordenada, oportuna, justa y eficiente24.34. La Argentina ha logrado importantes avances en la mejora de las condicionessociales de su pueblo. No se debe permitir que los fondos buitre y las decisionesirresponsables de financiación desbaraten esos progresos. El Experto independiente, por lotanto, apoya firmemente la posición del Gobierno de no ceder a las demandas irrazonablesde algunos fondos buitre que siguen litigando contra el país en jurisdicciones extranjeras.En ese sentido, reitera su llamamiento a todos los países para que promuevan legislación,con carácter prioritario, para limitar la posibilidad de que inversores sin escrúpulos tratende obtener beneficios inmorales a expensas de la población pobre y más vulnerablemediante litigios prolongados. Se ha promulgado legislación de ese tipo en el Reino Unidode Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la isla de Jersey25. No afectará a los participanteslegítimos en el mercado secundario de deuda, pero ayudará a abordar el comportamientodepredador de los fondos buitre.23 Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, distrito meridional de Nueva York, NML Capital, Ltd. v.Republic of Argentina, Nº 08 Civ. 6978 (TPG) 2012 WL 5895786 (distrito meridional de NuevaYork, 21 de noviembre de 2012); Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los EstadosUnidos, NML Capital, Ltd. v. Republic of Argentina, 699 F. 3d. 246 (segundo circuito, 2012).24 Véase Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, NML Capital, Ltd. andOthers v. Republic of Argentina, caso Nº 12-105-cv, escrito amicus curiae para los Estados Unidos deAmérica en apoyo de la República Argentina, 28 de diciembre de 2012.25 Reino Unido, Ley de alivio de la deuda (de los países en desarrollo) de 2010, disponible en:www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/22/pdfs/ukpga_20100022_en.pdf; y Jersey, Ley de alivio de ladeuda (de los países en desarrollo) (Jersey) de 2013, disponible en: www.jerseylaw.je/law/LawsInForce/htm/lawfiles/2013/L-01-2013.pdf.A/HRC/25/50/Add.3GE.14-12941 11III. Marco jurídico e institucionalA. Obligaciones de derechos humanos35. La Argentina ha ratificado todos los instrumentos internacionales fundamentales dederechos humanos y ha reconocido la competencia de la mayoría de los órganos de tratadospara examinar quejas de personas que afirmen ser víctimas de violaciones de sus derechosen virtud de esos instrumentos.36. La reforma constitucional de 1994 confirió expresamente rango constitucional adiversos tratados internacionales de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional deDerechos Económicos, Sociales y Culturales, y dispuso que se entendiera que esos tratadoscomplementaban los derechos garantizados en la Constitución26.37. Según los términos del artículo 2 del Pacto, la Argentina debe utilizar “el máximo delos recursos de que disponga” para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidosen él, incluidos los derechos a la alimentación, la salud, la educación, la seguridad social yel trabajo. Ello implica que el Estado tiene la obligación de velar por que esos derechos sesatisfagan adecuadamente antes de utilizar los recursos públicos para lograr otros objetivosdel Estado que no estén relacionados con los derechos humanos, como el servicio de ladeuda27. Como mínimo, el Estado debe garantizar la satisfacción de los niveles básicos decada derecho económico, social y cultural28.38. Cabe señalar que en los Principios rectores sobre la deuda externa y los derechoshumanos se subraya que los Estados deberían velar por que los derechos y las obligacionesoriginados en un acuerdo o arreglo sobre la deuda externa, en particular la obligación deamortizar la deuda externa, no sean incompatibles con sus obligaciones mínimas desatisfacer los niveles básicos de cada derecho económico, social y cultural y no lleven a laadopción deliberada de medidas regresivas29. En los principios también se destaca que lasobligaciones indebidas o excesivas de devolver la deuda externa no deben obstaculizar larealización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales30 y se recomiendaque los Estados realicen auditorías periódicas transparentes y participativas de sus carterasde títulos de deuda para garantizar la rendición de cuentas en la gestión de la deuda externadel Estado y tener una base para las decisiones futuras sobre la solicitud de préstamos31.B. Instituciones39. La República Argentina es un Estado federal, integrado por 23 provincias y laCiudad Autónoma de Buenos Aires (que en muchos aspectos tiene un estatuto jurídicosimilar al de las provincias). Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y losmunicipios gozan de autonomía, con sujeción a la Constitución.26 Constitución de la Argentina, art. 75 22).27 Véanse los Principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos (A/HRC/20/23, anexo),párr. 6, donde se subraya la primacía de los derechos humanos en relación con las decisiones deconceder o solicitar crédito de los Estados.28 Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 3, sobre laíndole de las obligaciones de los Estados partes, párr. 10.29 A/HRC/20/23, anexo, párrs. 18 y 20.30 Ibid., párr. 16.31 Ibid., párrs. 67 a 70.A/HRC/25/50/Add.312 GE.14-1294140. A nivel nacional, varias instituciones están encargadas de la promoción, laprotección y la realización de los derechos humanos.41. Tanto los tribunales federales como provinciales son competentes para los asuntosde derechos humanos, mientras que la Corte Suprema y los tribunales inferiores tienencompetencia para resolver todos los asuntos regulados por la Constitución Nacional, lalegislación nacional o los tratados internacionales. Cabe señalar que la Corte Suprema hadesempeñado un papel importante en la realización de los derechos sociales y económicosmediante su potestad de revisión. Por ejemplo, ha defendido los derechos a la salud32, laalimentación33 y la vivienda34; ha reconocido el derecho constitucional de los jubilados aaumentos en la pensión35; y ha revocado los recortes salariales del sector público impuestosa raíz de la crisis de la deuda de 2001 para cumplir las obligaciones de pago de la deuda36.En la causa de Hugo Galli37, los magistrados de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y RicardoLorenzetti sostuvieron que, aunque por lo general se deben satisfacer las obligacionescontractuales de amortización de la deuda, esas obligaciones se pueden limitar ensituaciones de crisis extrema en que el Estado, de lo contrario, no podría prestar serviciosbásicos para sus ciudadanos ni mantener los niveles mínimos de derechos humanosrequeridos por los tratados internacionales que tienen rango constitucional.42. La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia se ocupa denumerosos derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales.43. Por último, varios órganos públicos independientes en los planos nacional yprovincial desempeñan un importante papel en la protección y la promoción de los derechoshumanos. Por ejemplo, el mandato del Defensor del Pueblo de la Nación es defender yproteger los derechos humanos, así como investigar la mala administración pública38. Enese sentido, el Defensor del Pueblo ha actuado en diversas cuestiones, como el acceso a lasprestaciones de la seguridad social, las pensiones y las asignaciones familiares; la salud y laeducación; los servicios públicos, como el suministro de agua y el saneamiento; lacontaminación ambiental que afecta, entre otros, a los derechos a la salud, una viviendaadecuada y el suministro de agua y el saneamiento39; y el acceso al transporte público porlas personas con discapacidad.C. Marco para la gestión de la deuda pública44. En virtud de la Constitución Nacional, el Congreso40 está facultado para “contraerempréstitos sobre el crédito de la Nación”41 y arreglar el pago de la deuda interior y exterior32 Corte Suprema de la Argentina, Asociación Benghalensis y otros, 2000, Fallos: 323:1339, en que seordenó al Gobierno federal que proporcionara un tratamiento médico integral, incluido el acceso a losmedicamentos, a todos los infectados por el VIH en el país.33 Ibid., Rodríguez, Karina Verónica, 2006, Fallos: 329:553.34 Ibid., Q. C., S. Y., 2012, Fallos: 335:452, en que se ordenó a la Ciudad de Buenos Aires que ofrecierauna vivienda digna a una mujer extranjera y su hijo con discapacidad que estaban viviendo en la calle.35 Ibid., Badaro, Adolfo Valentín, 2006, Fallos: 329:3089.36 Ibid., Tobar, Leonidas, 2002, Fallos: 325:2059.37 Ibid., Galli, Hugo Gabriel, 2005, Fallos: 328:690.38 Constitución Nacional de la Argentina, art. 86; véase también la Ley Nº 24284 sobre el Reglamentode Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo.39 Véase, por ejemplo, la labor del Defensor del Pueblo de la Nación en la cuenca Matanza-Riachuelo,disponible en: www.dpn.gob.ar/areas.php?cl=24&act=list.40 Compuesto por la Cámara de Diputados, integrada por representantes directamente elegidos por lapoblación de cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la capital, y el Senado,integrado por 3 senadores de cada provincia y otros 3 de la Ciudad de Buenos Aires.41 Constitución Nacional de la Argentina, art. 75 4).A/HRC/25/50/Add.3GE.14-12941 13del país42. Se ha afirmado que el Congreso cumple ese requisito mediante la aprobación deleyes presupuestarias que determinan anualmente el presupuesto del Estado, con inclusiónde créditos para el servicio de la deuda. En opinión del Experto independiente, sin embargo,el artículo 75, párrafo 7, de la Constitución Nacional dispone un papel más activo delCongreso en la gestión de las finanzas públicas que la mera aprobación de leyespresupuestarias.45. De conformidad con el artículo 85, la Auditoría General de la Nación, organismo deasistencia técnica del Congreso, debe intervenir en la aprobación o rechazo de las cuentasde percepción e inversión de los fondos públicos.46. La Ley de responsabilidad fiscal de 2004 establece normas de transparencia fiscal,así como objetivos fiscales para los Gobiernos nacional y provinciales y el distrito de lacapital federal. Las normas de procedimiento y los requisitos de transparencia comprendenpresupuestos trienales; que los nuevos préstamos o las garantías deben ser aprobados por elMinisterio de Economía y Finanzas Públicas; que los gobiernos provinciales no puedenemitir bonos nacionales que no estén denominados en pesos; y la publicación de las cuentasfiscales y todas las transacciones relacionadas con la deuda. La Ley también impone a losGobiernos nacional y provinciales la obligación de contribuir a los fondos de estabilizacióny establece un Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, integrado por miembros de losMinisterios de Finanzas Nacional y de todas las provincias.47. En términos de metas fiscales, las provincias tienen que presupuestar superávitsprimarios suficientes para llevar su servicio de la deuda gradualmente por debajo del 15%de los ingresos corrientes (netos de transferencias a municipios) y no pueden suscribirnuevos préstamos si su servicio de la deuda supera el máximo. El Gobierno nacional tieneque mantener una tendencia a la baja de la deuda, medida en términos de PIB.48. Es de destacar que la Oficina Nacional de Crédito Público brinda asistencia técnica alas oficinas provinciales de gestión de la deuda.IV. Realización de los derechos humanos49. Se acepta de forma general que la crisis de la deuda de 2001 tuvo gravesrepercusiones en el disfrute de numerosos derechos humanos, incluidos los derechos altrabajo, la seguridad social, la salud y la educación43. Sin embargo, la reestructuración de ladeuda ha proporcionado al Gobierno mayor espacio fiscal para la inversión social. Además,desde 2003, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de políticas para promover elcrecimiento económico con inclusión social. Esas políticas han contribuidosignificativamente al establecimiento de las condiciones para la realización de los derechoshumanos y la mejora del bienestar de la población argentina.50. Sin embargo, subsisten algunas dificultades, sobre todo en lo que respecta a la luchacontra la pobreza y a la integración social. En las siguientes secciones del presente informese trata brevemente el efecto de las políticas del Gobierno en el ejercicio de los derechos altrabajo, la seguridad social, la salud, la educación y una vivienda adecuada, así como en lapobreza.42 Ibid., art. 75 7).43 Véase, por ejemplo, E/C.12/1/Add.38, párrs. 10 y 28; Jason Morgan-Foster, “The relationship of IMFstructural adjustment programs to economic, social and cultural rights: the Argentine case revisited”,Michigan Journal of International Law, vol. 24 (invierno de 2003), págs. 577 a 646.A/HRC/25/50/Add.314 GE.14-12941A. Trabajo51. A raíz de la crisis de 2001, el Gobierno de la Argentina aplicó una serie de políticasdestinadas a crear empleo y mejorar las condiciones de trabajo. En octubre de 2003, porejemplo, el Gobierno aprobó los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2003-2015 de laArgentina, que comprendían el objetivo de promover el trabajo decente. Entre los objetivosespecíficos cabe mencionar la reducción de la tasa de desempleo a menos del 10%; lareducción de la tasa de empleo informal a menos del 30%; la ampliación de la protecciónsocial al 60% de la población desempleada; la reducción a menos del 30% de la proporciónde trabajadores que reciben un sueldo inferior al costo de la canasta básica de alimentospara la familia; y la erradicación del trabajo infantil.52. En 2004, el Gobierno revisó el salario mínimo determinado por el Consejo Nacionaldel Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, órgano integrado porrepresentantes del Estado, los empleadores y los trabajadores.53. Como resultado de estas políticas, la tasa oficial de desempleo ha bajado y el salariomínimo se ha incrementado. Según estimaciones oficiales, durante el tercer trimestre de2013, la tasa de desempleo fue del 6,8%. El salario mínimo mensual durante el períodocomprendido entre agosto y diciembre de 2013 era de 3.300 pesos (unos 500 dólares al tipode cambio oficial a finales de 2013) y se ha aumentado hasta 3.600 pesos al 1 de enerode 201444. Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el sueldo medio realde los trabajadores registrados creció constantemente después del peor momento de la crisisen 2002, llegando a niveles de mediados del decenio de 1980 en 200945. Comoconsecuencia, el número de trabajadores empleados en el sector formal que percibían unsueldo inferior al costo de la canasta básica de alimentos se redujo un 66,3% en 201146.54. Sin embargo, todavía hay retos que requieren atención. En primer lugar, hay grandesdesigualdades basadas en el género en el mercado laboral: las mujeres ganan menos que loshombres; tienen tasas más altas de desempleo (el 8,7% frente el 6% de los hombres); tienenun menor acceso al empleo formal asalariado (el 63% frente al 69% de los hombres); yganan menos por hora trabajada47.55. En segundo lugar, aunque el empleo informal no registrado descendió del 42,8%en 2003 al 33,3% en 2011, sigue siendo uno de los problemas más importantes del mercadolaboral argentino48. Los trabajadores del sector no estructurado carecen de seguro de saludpara ellos o los miembros de sus familias y no contribuyen a fondos de pensiones ni estánprotegidos por el seguro de desempleo49. Aunque el Experto independiente reconoce losprogresos realizados, el Gobierno tiene mucho que hacer para lograr el objetivo de que elempleo no registrado esté por debajo del 30% en 201550. Insta al Gobierno a queintensifique sus esfuerzos por promover el registro del empleo, puesto que algunos estudiosindican que es posible que el porcentaje de trabajadores que no contribuyen al sistema de la44 Los trabajadores domésticos tienen un salario mínimo diferente; al 1 de septiembre de 2013, el salariomínimo de los trabajadores domésticos era de 3.220 pesos.45 Argentina, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Work and Employment in theBicentenary: Changes in employment and social protection dynamic for an extended inclusion,2003-2010, septiembre de 2010, pág. 43.46 PNUD/Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Objetivos de Desarrollo del Milenio:Informe País Argentina 2012 (Buenos Aires, 2012), pág. 22.47 Organización Internacional del Trabajo (OIT), 3rd Decent Work Country Programme for Argentina:2012-2015 Period (Buenos Aires, 2013), pág. 19.48 Ibid., pág. 21.49 Los trabajadores no registrados y sus familiares pueden, sin embargo, tener acceso al sistema públicode salud que proporciona el acceso universal, véase el párrafo 61.50 OIT, 3rd Decent Work Country Programme for Argentina, pág. 23.A/HRC/25/50/Add.3GE.14-12941 15seguridad social haya aumentado levemente durante los últimos años, pese a las campañasdel Gobierno51.56. Por último, se requiere un mayor esfuerzo para abordar el problema del trabajoinfantil, en particular en los sectores agrícola e informal. Aunque la Ley de prohibición deltrabajo infantil y protección del trabajo adolescente (Nº 26390) es un paso importante en lalucha contra el trabajo infantil, los niños siguen soportando los costos más altos de lapobreza y, en muchos casos, proporcionan la mano de obra sustitutiva o complementariapara satisfacer las necesidades del hogar. Según las investigaciones, en las zonas urbanas,el 6,2% de los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 13 años realizan actividadeseconómicas y el 2,7% de los niños en ese grupo de edad se dedican al trabajo domésticointensivo52.B. Seguridad social57. El espacio fiscal adicional después de 2005 ha permitido al Gobierno ampliarsignificativamente sus sistemas de protección social no contributivos. Mediante el aumentodel empleo formal y un régimen simplificado para los pequeños contribuyentes(el monotributo) se ha logrado que un gran número de trabajadores tengan ahora acceso a laseguridad social. El Programa de Inclusión Previsional, que permitía que aquellospensionistas que, debido a la crisis económica, no hubieran completado los 30 años decontribuciones recibieran una pensión reducida, y la introducción de una pensión mínimano contributiva en 2005 aumentaron la cobertura total de las pensiones para las personas deedad desde el 47% en 2005 hasta el 96% aproximadamente en 2010. El número total depersonas que reciben prestaciones de jubilación aumentó de 3,2 millones en 2005 a5,4 millones en 2012. Además, se aprobó una ley para ajustar automáticamente lasprestaciones de jubilación sobre la base de los índices de precios al consumo53.58. En noviembre de 2009, se introdujo la Asignación Universal por Hijo para todos losniños menores de 18 años con el objetivo de reducir la pobreza y aumentar el bienestar delos niños. Era un programa de transferencia monetaria condicionada para los hogares debajos ingresos. En abril de 2013, 3,28 millones de niños recibieron esa prestación54. Lasevaluaciones del Ministerio de Trabajo y las investigaciones independientes muestran quela Asignación ha contribuido a reducir la pobreza extrema de las familias con hijos; haaumentado la matriculación en la enseñanza primaria en un 10% y en la enseñanzasecundaria en un 20%; y ha ampliado la participación de los niños en exámenes médicos yvacunaciones periódicos, puesto que los solicitantes de esta prestación deben presentar unjustificante de escolarización y participación en un programa oficial de salud para sus hijosa fin de recibir el monto completo.59. El Experto independiente felicita al Gobierno por las políticas sociales descritas. Noobstante, está preocupado por que algunas de las prestaciones sociales excluyen adeterminados grupos marginados y desfavorecidos, como los migrantes y sus hijos. Porejemplo, el acceso a pensiones de jubilación no contributivas requiere 40 años de residencia51 Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), el porcentaje total de personas quetrabajan sin contribuir al sistema de la seguridad social aumentó del 47,2% en 2010 al 49,4% en 2012,véase Agustín Salvia y otros, Desajustes en el desarrollo humano y social (2010-2011-2012) (BuenosAires, ODSA, Universidad Católica Argentina, 2013), pág. 164.52 Ianina Tuñón (coordinadora), Hacia el pleno ejercicio de derechos en la niñez y adolescencia:propensiones, retos y desigualdades en la Argentina urbana (2010-2012), (Buenos Aires, ODSA,Universidad Católica Argentina, 2013), págs. 120 y 121.53 Información proporcionada por el Ministerio de Trabajo.54 Ibid.A/HRC/25/50/Add.316 GE.14-12941continuada en el país; el acceso a una pensión de discapacidad, 20 años de residenciacontinuada; y el acceso a una pensión para madres de más de siete hijos, 15 años deresidencia continuada. En el caso de la Asignación Universal por Hijo, el DecretoNº 1602/2009, por el que se estableció la prestación, requiere que el niño beneficiario tengala nacionalidad argentina, sea hijo de un ciudadano argentino o tenga al menos tres años deresidencia legal en la Argentina para que su representante legal pueda acceder a esaprestación55. Aunque en septiembre de 2007 la Corte Suprema declaró el requisito de20 años de residencia inconstitucional en un caso relativo a prestaciones por discapacidad,sigue habiendo unos requisitos de residencia excesivos para acceder a las prestacionessociales.60. El Experto independiente por lo tanto insta al Gobierno a que aplique lasrecomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(E/C.12/ARG/CO/3, párr. 20), el Comité sobre los Trabajadores Migratorios(CMW/C/ARG/CO/1, párrs. 29 y 30) y el Comité sobre los Derechos de las Personas conDiscapacidad (CRPD/C/ARG/CO/1, párrs. 45 y 46) y adopte las medidas necesarias paraque las prestaciones sociales tengan una cobertura sin restricciones, incluidas las pensionesno contributivas y la Asignación Universal por Hijo, en el caso de los grupos marginados ydesfavorecidos, como los migrantes y sus hijos.C. Salud61. El sistema público de salud del país proporciona el acceso universal. En torno al10% del PIB, el gasto en salud es mayor que el de otros países de América Latina, pero losrecursos se distribuyen de manera desigual. El gasto en salud de alrededor del 8% del PIBbeneficia en torno al 64% de la población, que tiene un seguro privado de salud o estácubierto por la seguridad social, mientras que el 36% restante de la población dependeexclusivamente de los servicios de salud del sector público, que reciben solo el 2%aproximadamente del PIB56. Dependiendo de la provincia, la región y la ubicación, haydiscrepancias significativas en la calidad y la accesibilidad de la atención de la salud. Porejemplo, entre 2003 y 2009, la Ciudad de Buenos Aires gastó el 24% de su presupuesto enatención de la salud. Sin embargo, regiones más desfavorecidas, como las provincias deMisiones y Buenos Aires, dedicaron solo del 7% al 8% aproximadamente de su presupuestoa la atención de la salud57. El Gobierno ha reconocido que todavía hay que abordar esasdesigualdades para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la salud en el país58.62. En noviembre de 2004, el Gobierno puso en marcha el Plan Nacer, programa desalud materna e infantil, que fortaleció los servicios de salud prestados a las mujeresembarazadas sin seguro médico y las puérperas, así como a los niños menores de 6 años. Enabril de 2012, el Plan Nacer había proporcionado servicios de atención de la salud a másde 4,5 millones de mujeres embarazadas y niños, que constituían el 89,7% de los55 Véase más información en Centro de Estudios Legales y Sociales, Derechos humanos en Argentina,Informe 2012 (Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2012), págs. 344 a 348, disponible en:http://cels.org.ar/common/documentos/Informe2012.pdf.56 Véase información sobre la cobertura de los seguros de salud en Instituto Nacional de Estadística yCensos (INDEC), Censo 2010, Cuadro P11. Total del país. Población en viviendas particulares porcobertura salud y sexo, según provincia, disponible en: www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/65/P11-Total_pais.xls.57 Cortez y Romero, “Argentina: Increasing utilization of health care services” (véase la nota 11), pág. 5.58 Argentina, Ministerio de Salud, El derecho a la salud. 200 años de políticas sanitarias en Argentina(Buenos Aires, 2012), pág. 304.A/HRC/25/50/Add.3GE.14-12941 17destinatarios59. El programa proporcionó fondos adicionales a los ministerios provincialesde salud, sobre la base de la prestación de servicios y diez indicadores para medir losresultados, uno de ellos para efectuar el seguimiento de la integración de las comunidadesindígenas en los servicios de salud.63. Aunque el Plan Nacer ha contribuido a la mejora de la salud de las mujeres y losniños no asegurados, incluida una reducción de la mortalidad infantil de 16,5 por1.000 nacidos vivos en 2003 a 11,9 en 2010, la Argentina ha tenido menos éxito hasta lafecha en la reducción de la mortalidad materna, que se ha mantenido por encima de 4 porcada 10.000 nacimientos en los últimos años. Un alto porcentaje de estas muertes estárelacionado con abortos inseguros60. Las mujeres y las niñas siguen teniendo obstáculospara acceder a servicios de atención de la salud reproductiva, como la contracepción, locual tiene como resultado una alta tasa de embarazos no deseados y abortos, incluidosabortos inseguros. Entre los obstáculos comunes cabe mencionar los largos retrasos en laprestación de servicios, las remisiones innecesarias a otras clínicas, los obstáculosfinancieros y las denegaciones de la prestación de servicios61.64. También se ha expresado preocupación al Experto independiente por los efectos enla salud de la utilización de plaguicidas en la agricultura, incluido el aumento de losdefectos congénitos y los casos de cáncer en niños en determinadas zonas en las que haaumentado en gran medida la producción de soja. El Defensor del Pueblo de la Nación62, elComité de los Derechos del Niño (CRC/C/ARG/CO/3-4, párrs. 29 y 30) y el RelatorEspecial sobre los derechos de los pueblos indígenas (A/HRC/21/47/Add.2, párr. 39) hanexpresado preocupaciones similares. El Experto independiente ha transmitido laspreocupaciones señaladas a su atención a los procedimientos especiales temáticospertinentes para que sigan examinándolas. Sin embargo, alienta al Gobierno a que adoptemedidas para prevenir los problemas de salud causados por los productos agroquímicos, enparticular mediante una mayor reglamentación y control de su empleo.D. Educación65. El sistema y la infraestructura escolares de la Argentina tienen continuos problemas,como la desigualdad entre las provincias, la mejora de la calidad de la educación y elacceso a ella y el pleno ejercicio del derecho a la educación por los niños con discapacidady los niños indígenas.66. El Experto independiente celebra el hecho de que la Ley de educación nacional(Nº 26206) reconozca expresamente el derecho a la educación y amplíe la educaciónobligatoria hasta la enseñanza secundaria. También felicita al Gobierno por la LeyNº 26075, de financiamiento educativo, que dispone que al menos el 6% del PIB se destinea la educación. Si bien casi todos los niños en edad de escuela primaria (99%) estánmatriculados en escuelas primarias y el 96,5% de los niños con edades comprendidas entrelos 12 y los 14 años están matriculados en escuelas secundarias, la tasa de finalización de laescuela secundaria (44,1%) es bastante baja63. Los datos del censo indican que el Gobierno59 Véase una evaluación del Plan Nacer en Cortez y Romero, “Argentina: Increasing utilization of healthcare services”.60 PNUD/Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Objetivos de Desarrollo del Milenio,págs. 59 a 64.61 Véase el documento CEDAW/C/ARG/CO/6, párr. 37; y Human Rights Watch, Illusions of Care:Lack of Accountability for Reproductive Rights in Argentina (Nueva York, 2010).62 Argentina, Defensor del Pueblo de la Nación, Informe especial sobre agrotóxicos y discapacidad,Resolución Nº 06/2012, 25 de enero de 2012, disponible en: www.dpn.gob.ar/noticias/noti421001.pdf.63 PNUD/Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Objetivos de Desarrollo del Milenio,pág. 12.A/HRC/25/50/Add.318 GE.14-12941logró reducir a la mitad el número de adolescentes de edades comprendidas entre los 12 ylos 17 años que abandonaron la escuela entre 2001 y 2010, pero la tasa de deserción escolarera todavía del 8% en 2010 y los niños de las comunidades desfavorecidas eran los másafectados64.E. Vivienda adecuada67. La Argentina sigue teniendo una grave escasez de vivienda adecuada y millones deargentinos siguen viviendo en condiciones precarias, en particular en barrios marginales yotros tipos de viviendas inadecuadas (A/HRC/19/53/Add.1, párr. 6). El Expertoindependiente está preocupado también por que solo en torno al 1% del presupuestonacional se destina a hacer frente a los problemas relacionados con la vivienda65. Ellocontrasta notablemente con el 9% del presupuesto nacional que se espera que absorban lospagos del servicio de la deuda en 2014.68. Según los estudios efectuados por la Universidad Católica Argentina en 2010, 2011y 2012, el 14,2% de todas las personas en las zonas urbanas no tienen garantizadalegalmente la tenencia, problema que afecta en particular a los residentes de losasentamientos informales o precarios, donde más de la mitad carece de seguridad de latenencia. Además, el 13,4% de la población urbana carece de acceso directo a la red públicade abastecimiento de agua potable, problema que está especialmente generalizado en laregión del Gran Buenos Aires, donde el 38,3% de todas las unidades familiares seencuentran excluidas. Por último, el 34,1% de las unidades familiares urbanas no estáconectado a la red de alcantarillado, problema que afecta al 68% de todas las unidadesfamiliares en los asentamientos informales66.69. El Experto independiente insta al Gobierno a que amplíe su inversión en programasde vivienda, con vistas a asegurar el acceso a una vivienda adecuada y asequible conseguridad legal de la tenencia para todos, de conformidad con las recomendaciones delComité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/ARG/CO/3, párr. 21) y laRelatora Especial sobre una vivienda adecuada (A/HRC/19/53/Add.1, párrs. 59 a 75).F. Pobreza70. En general se reconoce que la pobreza se ha reducido significativamente desde lacrisis de la deuda de 2001. Sin embargo, las estadísticas oficiales relacionadas con lapobreza y los índices de precios al consumidor han generado mucho debate en los últimosaños. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que lapobreza y la extrema pobreza han descendido constantemente desde 2003, del 47,8% y el20,5% al 4,7% y el 1,4% respectivamente, según los últimos datos disponibles sobre laprimera mitad de 201367. En cambio, instituciones independientes de investigación, como elInstituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), estiman quecasi una cuarta parte de la población argentina (24%) vive en la pobreza y el 5,6% en laextrema pobreza68. El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Facultad de64 Ibid., pág. 14.65 Cogliandro, Gasto Público Social (véase la nota 15), pág. 33, indica que, en 2013, se asignaron5.700 millones de pesos a programas de vivienda social, mientras que el presupuesto nacional totalpara 2013 ascendió a 573.000 millones de pesos.66 Todos los datos se pueden encontrar en Salvia y otros, Desajustes en el desarrollo (véase la nota 51),págs. 85 a 138.67 Datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos (www.indec.gov.ar).68 ISEPCi, Mapa de la pobreza y la exclusión, Buenos Aires, julio de 2013.A/HRC/25/50/Add.3GE.14-12941 19Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina y otros institutos deinvestigación han presentado resultados similares69.71. Según las estadísticas oficiales, el salario mínimo nacional (3.300 pesos al mesen 2013) y la pensión mínima (2.165 pesos en mayo de 2013) están muy por encima delumbral de la pobreza de 1.734 pesos (durante el tercer trimestre de 2013)70. Sin embargo,las investigaciones independientes muestran algunas discrepancias en relación con lacanasta de alimentos. Por ejemplo, el Centro de Investigaciones Participativas en PolíticasEconómicas y Sociales (CIPPES) constató que, dependiendo de la provincia, senecesitarían entre 4.191 y 4.922 pesos para adquirir los bienes y los servicios incluidos enla canasta para calcular el umbral de la pobreza. Según el CIPPES, en octubre de 2013, elumbral de la pobreza extrema estaba entre los 1.838 y los 2.159 pesos, dependiendo de laprovincia. Ello sugiere que los productos y los servicios básicos necesarios para llevar unavida digna tal vez sean en realidad más de dos veces más caros de lo que muestran lasestadísticas oficiales.72. El Experto independiente observa además que el Comité de los Derechos del Niño(CRC/C/ARG/CO/3-4, párr. 64) y el Comité de Derechos Económicos, Sociales yCulturales (E/C.12/ARG/CO/3, párr. 11) han expresado previamente preocupación por lafiabilidad de las estadísticas oficiales sobre la pobreza, entre otras. Al parecer, cuandovisitó la Argentina estos temas todavía no se habían abordado satisfactoriamente.73. El Experto independiente no tiene la intención de sacar conclusiones sobre estasestadísticas divergentes. Más bien, desea subrayar que la lucha contra la pobreza es unproceso a largo plazo que requiere una inversión considerable y que, a pesar de losnumerosos progresos, queda mucho por hacer, puesto que parte de la población siguesufriendo la pobreza extrema, aunque se puede cuestionar el número de personas que vivenen esa situación. Insta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos por reducir la pobreza, enparticular entre los niños y los adolescentes, los residentes de los asentamientos informales,la población indígena y otros grupos desfavorecidos, en el marco de una estrategia integralde equidad social que no se limite a medidas financieras.74. Por último, el Experto independiente considera que el Gobierno debe intensificar susesfuerzos por evaluar el efecto de sus políticas sociales desde un punto de vista de losderechos humanos. Por ejemplo, es necesario estudiar si las medidas y las prestacionesexistentes son suficientes para satisfacer los niveles básicos de los derechos socialesenumerados en los tratados internacionales de derechos humanos y sacar a los pobres de lapobreza.V. Necesidad de una auditoría de la deuda pública75. Un porcentaje significativo de la deuda del país se contrajo en circunstanciascuestionables, en particular durante el régimen militar de 1976 a 1983. Durante ese período,los bancos, las instituciones financieras internacionales y otros países siguieron prestando ala Argentina, apoyando indirectamente a un Gobierno ilegítimo que reprimía y hacía69 Véase, por ejemplo, Salvia y otros, Desajustes en el desarrollo (véase la nota 51), págs. 51 a 60,donde se estima que en diciembre de 2012 entre el 24,5% y el 26,9% de la población de las regionesurbanas vivía por debajo del umbral de la pobreza y entre el 4,9% y el 5,8% en la extrema pobreza.En CIPPES, Pobreza e Indigencia en la Argentina 2013, diciembre de 2013, disponible en:www.cippes.org/cippes-uploads/archivos/boletin_pobreza_jun_2013_cippes.pdf, se ofrecenresultados similares.70 El INDEC mide el umbral oficial de la pobreza sobre la base de una canasta de productos, alimentos yservicios básicos, mientras que el umbral de la indigencia se basa en una canasta de alimentos quesolo contiene productos que constituyen las necesidades dietéticas mínimas.A/HRC/25/50/Add.320 GE.14-12941desaparecer a sus oponentes. La mayoría de los préstamos suscritos durante ese período nose utilizó en inversiones productivas71. En 1982, cuando la Argentina empezó a lucharcontra la crisis financiera, el Gobierno militar asumió la deuda externa de empresasprivadas argentinas mediante un sistema de garantías de los tipos de cambio, transformandode ese modo de manera cuestionable deuda privada en deuda pública. Huelga decir que ladeuda del país creció de manera exponencial, de 7.800 millones de dólares en 1975a 40.700 millones de dólares en 198272.76. Según las estimaciones del Banco Mundial, de los cerca de 45.000 millones dedólares en préstamos suscritos durante ese período, 2.500 millones de dólares se dedicarona aumentar las reservas nacionales de divisas; 13.000 millones de dólares sirvieron paraatender a los pagos de intereses; 10.000 millones de dólares se utilizaron en importacionesno registradas, la mayoría de las cuales se considera relacionada con la compra de armas; y19.000 millones fueron salidas de capital73. Los beneficiarios fueron altos funcionarios quetransfirieron fondos a sus cuentas en bancos extranjeros; empresarios que se dedicaban a laespeculación financiera y enviaban sus ganancias al extranjero; y las fuerzas armadas, queutilizaron los prestamos para comprar armas. Los perdedores fueron la industria deexportación; las empresas nacionalizadas antiguamente prósperas; y el pueblo argentino,que tenía y todavía tiene que saldar las deudas, que constituyen un gran porcentaje del PIBdel país74.77. Habida cuenta de la dudosa legitimidad del Gobierno militar y de muchas de susoperaciones de crédito, el primer Gobierno democrático del Presidente Raúl Alfonsínsostuvo en un principio la opinión de que la deuda heredada de la dictadura militar no sedebía pagar sin una investigación exhaustiva para aclarar en qué medida fue efectivamentelegítima. Se declaró una moratoria del pago de la deuda y, en febrero de 1984, se creó laComisión Investigadora de Ilícitos Económicos del Senado, a la que se encomendóinvestigar la deuda externa en la que incurrió el régimen militar. Sin embargo, el mandatode la Comisión no se prorrogó más allá de 1985 y careció de recursos presupuestarios ytiempo suficientes para presentar un informe concluyente. Una comisión de investigaciónestablecida por el Banco Central a la que se encargó que investigara la legitimidad de ladeuda externa del sector privado también se disolvió antes de que pudiera presentar ningunaconclusión.78. Ni el primer Gobierno democrático después de la dictadura militar de 1976 a 1983 nilos gobiernos subsiguientes realizaron ninguna investigación exhaustiva de la legitimidadde la deuda en la que se había incurrido durante la dictadura militar. Lo más parecido a unainvestigación oficial fue una investigación judicial basada en una causa presentada ante elJuzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2 de la Argentina, que culminó con unasentencia después de 18 años de investigación75.79. En 1983, Alejandro Olmos, ciudadano argentino, presentó una denuncia contra elantiguo Ministro de Finanzas, José Alfredo Martínez de Hoz, de fraude y abuso deautoridad en relación con la deuda pública en la que se incurrió durante la dictadura militar.Su denuncia inicial y otras actuaciones ante los tribunales argentinos se consolidaron71 Banco Mundial, Argentina – Economic Memorandum, vol. 1, Main report, A World Bank CountryStudy (Washington D.C., 1985), pág. 17, párr. 1.16, disponible en: http://documents.worldbank.org/curated/en/1985/01/4392081/argentina-economic-memorandum-vol-1-2.72 Juan Pablo Bohoslavsky y Veerle Opgenhaffen, “The past and present of corporate complicity:financing the Argentinean dictatorship”, Harvard Human Rights Journal, vol. 23 (2010), pág. 189.73 Banco Mundial, Argentina – Economic Memorandum, vol. 1 (véase la nota 71), pág. 17, párr. 1.16.74 Sabine Michalkowski, Unconstitutional Regimes and the Validity of Sovereign Debt (Aldershot,Ashgate Publishing, 2007), pág. 13.75 Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2, Argentina, causa Nº 14467, Olmos, AlejandroS/Denuncia, disponible en: www.dipublico.com.ar/3844/olmos-alejandro-sdenuncia/.A/HRC/25/50/Add.3GE.14-12941 21posteriormente en una causa que fue investigada por el Juzgado Criminal y CorreccionalFederal Nº 2. En una larga sentencia, al resumir las pruebas y los testimonios presentadosdurante la investigación, el magistrado Jorge Ballesteros concluyó lo siguiente:Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedadcon que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de laNación en aquellos períodos analizados. Así también se comportaron directivos ygerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados; no se tuvoreparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la RepúblicaArgentina; se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales a fin deprorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales;inexistentes resultaban los registros contables de la deuda externa; las empresaspúblicas, con el objeto de sostener una política económica, eran obligadas aendeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego servolcadas al mercado de cambios; se ha advertido también la falta de control sobre ladeuda contraída con avales del Estado por las empresas del Estado76.80. Como la prescripción de los delitos impedía la condena de los acusados, el Juzgadodecidió remitir sus conclusiones al Congreso, destacando al mismo tiempo que “el archivode la presente causa no debe resultar impedimento para que los miembros del HonorableCongreso de la Nación evalúe las consecuencias a las que se han arribado en lasactuaciones labradas en este Tribunal para determinar la eventual responsabilidad políticaque pudiera corresponder a cada uno de los actores en los sucesos que provocaran elfenomenal endeudamiento externo argentino”77. El Juzgado declaró lo siguiente:Tal vez ha llegado el momento de reiterar similar petición para lograr unareducción en los costos financieros de la deuda, sin perjuicio de otras ventajas quepudieran obtenerse de los países acreedores; pero, como se va esbozando, resultanotros los poderes llamados a tomar tan complejas decisiones. Es por estas razonesque remitiré copia de la presente resolución al Honorable Congreso de la Naciónpara que, a través de las comisiones respectivas, adopte las medidas que estimeconducentes para la mejor solución en la negociación de la deuda externa de lanación78.81. El Experto independiente no ha tenido conocimiento de que el Congreso hayaabordado hasta la fecha las cuestiones señaladas en la causa. Como hemos mencionado, nopudo reunirse con miembros del Congreso para tratar el tema con más detalle comoesperaba. Ello es lamentable, habida cuenta de los desafíos obvios que el problema de ladeuda ha planteado al país.82. Es fundamental que toda estrategia para abordar el problema de la deuda del país demanera decisiva incluya una auditoría transparente, participativa y exhaustiva paradeterminar si la deuda pública se contrajo legítimamente o no. En virtud del derechointernacional, las deudas contraídas por regímenes no representativos y que no se utilicenen beneficio de la población son execrables y no reembolsables79. En ese sentido, elExperto independiente insta a los prestamistas internacionales del país a que respalden unaauditoría transparente y participativa de la deuda pública de la Argentina y a que cancelenincondicionalmente cualquier reclamación en el caso de que en la auditoría se constate quees execrable o ilegítima.76 Ibid., Conclusiones, primer párrafo.77 Ibid., séptimo párrafo.78 Ibid., 12º párrafo.79 Véase A/64/289.A/HRC/25/50/Add.322 GE.14-12941VI. Conclusiones y recomendaciones83. La experiencia de la Argentina revela fallos fundamentales en el sistemafinanciero mundial y ofrece dos lecciones importantes. En primer lugar, elcrecimiento económico es fundamental para la capacidad de pago de la deuda,mientras que la austeridad fiscal desenfrenada no puede más que profundizar lasituación de pobreza de un país. En segundo lugar, se necesita urgentemente unmecanismo internacional independiente basado en un conjunto claro de normas yprocedimientos vinculantes para resolver los problemas de la deuda soberana y lucharcontra la fuga de capitales.84. A la luz de lo anterior, el Experto independiente formula las siguientesrecomendaciones al Gobierno de la Argentina y sus acreedores internacionales.A. Gobierno de la Argentina85. El Gobierno de la Argentina debe:a) Llevar a cabo una auditoría transparente, participativa y exhaustiva desu deuda pública a fin de obtener una idea clara de las circunstancias en las que seincurrió en ella y, en particular, determinar el grado en el que se puede considerarque la deuda es execrable;b) Como cuestión prioritaria, promulgar legislación nacional que limite lacapacidad de los fondos buitre para tratar de obtener ante los tribunales argentinosbeneficios inmorales a costa de la población pobre y más vulnerable mediante litigiosprolongados y promover activamente la promulgación de ese tipo de legislación porotros países dentro y fuera de su región;c) Renovar sus esfuerzos por promover los derechos sociales, económicos yculturales, incluidos los derechos a la educación, la salud, el agua y el saneamiento yuna vivienda adecuada, y asegurar los niveles básicos de esos derechos para todos;d) Tomar medidas para contrarrestar la desigualdad de género en elmercado de trabajo como se indica en el presente informe;e) Intensificar sus esfuerzos en relación con la incorporación detrabajadores al sistema de la seguridad social a fin de reducir el empleo informal amenos del 30% para 2015;f) Adoptar medidas para eliminar los factores sociales y económicos quecontribuyen al trabajo infantil y seguir fortaleciendo sus esfuerzos y estructuras paraerradicar el trabajo infantil, especialmente sus peores formas80;g) Tomar medidas para abordar los problemas de los niños que se quedanal margen del sistema educativo, el analfabetismo, la repetición de curso y la deserciónescolar;h) Redoblar sus esfuerzos por eliminar la desigualdad en el acceso a laeducación y su calidad entre los diferentes grupos sociales, en particular aplicando lasmedidas necesarias para asegurar la educación de los niños con discapacidad en susistema ordinario de enseñanza81;80 Véase también CRC/C/ARG/CO/3-4, párr. 74.81 Véase también E/C.12/ARG/CO/3, párr. 24; CRC/C/ARG/CO/3-4, párr. 68; CRPD/C/ARG/CO/1,párrs. 37 y 38; y A/HRC/21/47/Add.2, párr. 106.A/HRC/25/50/Add.3GE.14-12941 23i) Como cuestión urgente, adoptar medidas para garantizar una coberturasin restricciones ni discriminación de las prestaciones sociales, incluidas las pensionesno contributivas y la Asignación Universal por Hijo, a los grupos marginados ydesfavorecidos, como los migrantes y sus hijos;j) Redoblar sus esfuerzos por reducir la pobreza, en particular entre losniños y los adolescentes, los residentes de los asentamientos informales, la poblaciónindígena y otros grupos desfavorecidos, en el marco de una estrategia integral deequidad social que no se limite a medidas financieras;k) Velar por que las mujeres, incluidas las adolescentes, tengan acceso aservicios de salud, en particular servicios de salud sexual y reproductiva, y adoptar lasmedidas necesarias para reducir la alta tasa de mortalidad materna82;l) Adoptar medidas para aumentar la disponibilidad de datos fiables,desglosados y exhaustivos para la formulación y la aplicación de políticas públicas,con inclusión de estadísticas sobre la inflación y la pobreza, y para asegurar que lasmetodologías utilizadas y los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadísticay Censos (INDEC) estén a disposición de los usuarios externos y se difundanadecuadamente;m) Intensificar sus esfuerzos por evaluar el efecto de sus políticas socialesdesde una perspectiva de los derechos humanos, en particular determinando si lasmedidas existentes, como el salario mínimo, la pensión mínima y otras prestacionessociales, son suficientes para lograr los niveles básicos de los derechos socialesenumerados en las convenciones internacionales de derechos humanos y másconcretamente si su nivel es suficiente para sacar a los pobres de la pobreza.B. Acreedores internacionales de la Argentina86. Los acreedores internacionales de la Argentina deben:a) Respaldar una auditoría transparente, participativa y exhaustiva de ladeuda pública de la Argentina y, de conformidad con el principio de laresponsabilidad compartida para prevenir y resolver situaciones no sostenibles dedeuda, cancelar incondicionalmente cualquier reclamación en el caso de que en laauditoría se constate que es execrable;b) Como cuestión prioritaria, promulgar legislación nacional para combatirlos litigios abusivos de los fondos buitre;c) Apoyar el establecimiento de un marco internacional basado en normaspara una resolución imparcial, eficiente y que tenga en cuenta los derechos de losproblemas de la deuda soberana;d) Velar por que todo acuerdo de reestructuración de la deuda soberanatenga en cuenta la primacía de las obligaciones de derechos humanos, en particular lasde la Argentina con su población.82 Véase también CEDAW/C/ARG/CO/6, párr. 38.



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이진