NACIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS, Oficina del Alto Comisionado América del Sur


Uruguay (2009)

4 de junio, 2009

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Distr.
GENERAL
A/HRC/12/12
4 de junio de 2009
ESPAÑOL
Original: INGLÉS

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

12º período de sesiones

Tema 6 de la agenda

EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal*

URUGUAY

INTRODUCCIÓN

1. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, establecido de conformidad

con la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 18 de junio de 2007, celebró su

quinto período de sesiones del 4 al 15 de mayo de 2009. El examen de la situación del Uruguay

se llevó a cabo en la 11a sesión, que tuvo lugar el 11 de mayo de 2009. La delegación del

Uruguay estuvo encabezada por el Excmo. Sr. Gonzalo Fernández, Ministro de Relaciones

Exteriores. En la 15a sesión, celebrada el 13 de mayo de 2009, el Grupo de Trabajo aprobó el

presente informe sobre el Uruguay.

2. El 8 de septiembre de 2008, el Consejo de Derechos Humanos seleccionó el siguiente

grupo de relatores (troika) para que facilitase el examen del Uruguay: Nigeria, Jordania y

Argentina.

3. De conformidad con el párrafo 15 del anexo de la resolución 5/1, para examinar la

situación del Uruguay se publicaron los siguientes documentos:

a) Un informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a)

(A/HRC/WG.6/5/URY/1);

b) Una recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con arreglo al párrafo 15 b)

(A/HRC/WG.6/5/URY/2);

c) Un resumen preparado por el ACNUDH, con arreglo al párrafo 15 c)

(A/HRC/WG.6/5/URY/3).

4. Por conducto de la troika se transmitió al Uruguay una lista de preguntas preparadas de

antemano por la República Checa, Alemania, Suecia, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del Norte, Dinamarca y Hungría. Estas preguntas pueden consultarse en la

extranet del Examen Periódico Universal.

I. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES DEL PROCESO DE EXAMEN

A. Presentación del Estado examinado

5. En la 11a sesión, celebrada el 11 de mayo de 2009, el Sr. Gonzalo Fernández, Ministro de

Relaciones Exteriores, presentó el informe nacional y formuló una declaración de apertura, en la

que reiteraba el compromiso del Uruguay con los derechos humanos.

6. El Uruguay destacó el valor que tenía el proceso de examen periódico universal, señaló

que ofrecía la posibilidad de celebrar consultas y analizar dificultades con las organizaciones de

la sociedad civil y los actores estatales y dijo que se seguirían realizando consultas en la etapa de

seguimiento sobre las recomendaciones que resultaran del proceso. El Uruguay ratificó la

Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones

forzadas en marzo de 2009, reconociendo la competencia del Comité. En febrero de 2009,

el Uruguay ratificó asimismo la Convención sobre los derechos de las personas con

discapacidad. En enero de 2009, el Uruguay empezó a trabajar en la elaboración de informes

para los órganos de vigilancia de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados, con el

objetivo de presentar la mayoría de ellos antes de fin de año.

7. El Uruguay informó de que había promulgado un gran número de leyes, entre ellas, una ley

sobre cooperación con la Corte Penal Internacional, una ley por la que se creaba una institución

nacional de derechos humanos y una ley sobre el estatuto del refugiado, así como una nueva

normativa sobre migración y leyes sobre el servicio doméstico, el trabajo rural y la libertad de

expresión. También se encuentra en curso la aprobación de una nueva ley de prensa.

8. El Uruguay aprobó asimismo una ley por la que se prohíben los castigos físicos o cualquier

otro tipo de trato humillante a niños y adolescentes. En abril de 2009, el Uruguay aprobó la

Ley Nº 18476 por la que se promueve una mayor participación de la mujer en la vida política.

Además, el Plan Nacional de Igualdad de Derechos y Oportunidades incorpora las cuestiones de

género en todos los aspectos del plan.

9. El Gobierno da prioridad a las políticas sociales, por ejemplo, mediante el Plan de

Equidad; el Sistema Nacional Integrado de Salud, por el que se otorga cobertura universal; el

plan que se propone facilitar acceso a Internet a todos los niños en las escuelas y un nuevo

sistema impositivo. Desde 2004, la Constitución garantiza el acceso de toda la población al

agua y los servicios de saneamiento. Ha aumentado la inversión pública en el área de la

educación y la salud. Se ha universalizado la educación preescolar pública a partir de los 4 años.

Se ha aprobado una ley general de educación que incorpora los derechos humanos como materia

interdisciplinar en todos los niveles educativos, incluso en la formación policial y militar.

10. En cuanto a las violaciones de derechos humanos durante la anterior dictadura militar, el

Gobierno adoptó una interpretación restrictiva de la Ley de caducidad de la pretensión punitiva

del Estado (Ley Nº 15848), que permite la revisión de causas penales. También se aprobó

legislación sobre el archivo nacional de la memoria y la investigación histórica de violaciones de

derechos humanos. El 4 de mayo de 2009, se presentó al Parlamento un anteproyecto de ley de

reparación integral para víctimas del terrorismo de Estado.

11. El Uruguay señaló que uno de los problemas que quedaban por resolver era la situación del

sistema penitenciario. En marzo de 2005, se nombró un comisionado parlamentario para el

sistema penitenciario y se promulgó una ley de humanización de cárceles. Recientemente, el

Relator Especial sobre la tortura (que no constató denuncias de tortura) y el Relator de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los Derechos de las Personas Privadas de

Libertad visitaron el Uruguay por invitación del Gobierno.

12. En cuanto a la definición de la discriminación contra la mujer adoptada por el Comité para

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Uruguay señaló que hay nueve leyes que

definen claramente en distintos artículos el principio de la no discriminación.

13. Se prevé que en el actual período de sesiones legislativas se concluya la reforma de las

disposiciones del Código Civil relativas al derecho de familia, tanto en relación con cuestiones

de fondo como al lenguaje que se utiliza en ellas. De conformidad con el Código de la Niñez y

la Adolescencia, los adolescentes pueden inscribir a sus hijos incluso si no están casados.

14. El Uruguay informó de la elaboración de un proyecto de ley para reformar las definiciones

de delitos sexuales y pornografía infantil en el Código Penal, cuya aprobación se prevé para

antes de que concluya el actual período de sesiones legislativas.

15. En cuanto al aumento de los casos de violencia contra la mujer, el Uruguay señaló que

existe una ley de prevención y que, desde 1985, las organizaciones de mujeres han procurado

sensibilizar sobre el problema de la violencia doméstica. Ahora, las mujeres, los vecinos, los

maestros y los proveedores de servicios de salud denuncian los casos de violencia doméstica.

El Uruguay también informó de la creación del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la

Violencia Doméstica y la elaboración de un plan de acción, así como de la participación de la

sociedad civil en ese proceso. También se refirió a las estadísticas del Ministerio del Interior y a

la formación proporcionada a los agentes de policía y personal sanitario.

16. Con respecto a los casos de violencia, maltrato y abuso de niños y adolescentes, el

Uruguay señaló que los niños son ahora más concientes de sus derechos y que existen varios

lugares donde pueden radicar denuncias. El Sistema Integral de Protección a la Infancia y la

Adolescencia contra la Violencia ya publicó su primer informe.

17. Algunas cuestiones pendientes en materia de violencia doméstica son la reforma del

Código de la Niñez y la Adolescencia, el establecimiento de nuevos tribunales especializados y

la capacitación de los funcionarios del sistema de justicia sobre cuestiones relativas al maltrato y

abuso de los niños y los adolescentes.

18. El Uruguay señaló que se había creado una institución nacional de derechos humanos, y

destacó el apoyo técnico prestado para ello por la comunidad internacional, especialmente por el

ACNUDH. El proceso de consulta para la elaboración del proyecto de ley de creación de dicha

institución, que se basó en los Principios de París, fue muy amplio. La ley fue aprobada el 24 de

diciembre de 2008 y se prevé que la institución comience a funcionar en 2010. La institución

tendrá vínculos con el poder legislativo, pero contará con la autonomía técnica y financiera

necesaria. Se designará un Consejo Directivo integrado por cinco miembros mediante un

proceso basado en criterios y procedimientos establecidos.

19. El Uruguay ha adoptado varias medidas para promover la aplicación de la Convención

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo

Facultativo, y en particular tres mecanismos de prevención: el comisionado parlamentario para

el sistema penitenciario, el Comité de Observadores para el monitoreo de la situación de los

adolescentes en conflicto con la ley penal y un inspector para personas con problemas

psiquiátricos. Esos mecanismos estarán coordinados con la Institución Nacional de Derechos

Humanos recientemente establecida.

20. El Uruguay también hizo referencia a las disposiciones de la Ley Nº 18026, que tipifican el

delito de tortura, así como a las revisiones efectuadas a los procedimientos policiales y las

disposiciones penitenciarias con objeto de adecuarlas a las normas internacionales de derechos

humanos. Se informó de que la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior era un

mecanismo que recibía denuncias e investigaba actos de tortura o maltratos cometidos por las

fuerzas de seguridad. También se suministró información sobre las medidas y asignaciones

presupuestarias destinadas específicamente a afrontar el problema del hacinamiento en las

cárceles.

B. Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado

21. Cuarenta y seis delegaciones formularon declaraciones durante el diálogo interactivo.

Varias de ellas agradecieron al Gobierno la presentación de su amplio informe nacional, así

como las respuestas proporcionadas a las preguntas planteadas por adelantado. Algunas

delegaciones celebraron el compromiso del Uruguay con el proceso de examen periódico

universal y que se hubiera consultado a las partes interesadas en la preparación del informe

nacional. Las delegaciones también encomiaron al Uruguay por su compromiso con el Consejo

de Derechos Humanos, su ratificación de los principales instrumentos internacionales en esa

esfera y su colaboración constructiva con el sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo, con el

ACNUDH, lo que mostraba el nivel de compromiso del país con la promoción y protección de

los derechos humanos. Varias delegaciones vieron con agrado las medidas positivas adoptadas

por el Uruguay desde el restablecimiento de la democracia en 1985, la aprobación de una ley de

creación de una institución nacional de derechos humanos y la adopción de medidas para

eliminar la pobreza.

22. Argelia recomendó que el Uruguay: a) evaluara las medidas que considerara apropiadas

para aplicar la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la

Mujer con objeto de eliminar la discriminación entre hombres y mujeres en la esfera del empleo

y consagrar el principio de igual remuneración por igual trabajo de igual valor; b) estudiara las

medidas necesarias para acelerar la tramitación de los procesos judiciales y el dictado de las

sentencias, especialmente en el fuero penal, y la eventual reforma del sistema penal para que las

víctimas pudieran participar en los procesos judiciales; c) estudiara la posibilidad de elaborar y

aplicar un plan nacional para combatir la discriminación contra los afrodescendientes y los

pueblos indígenas; y d) iniciara cuanto antes las gestiones necesarias para que la Institución

Nacional de Derechos Humanos quedara acreditada ante el Comité Internacional de

Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos

Humanos.

23. El Brasil agradeció la cooperación mantenida con el Uruguay desde 2006 mediante un

acuerdo para combatir la trata y la explotación sexual de niños y adolescentes. El Brasil formuló

preguntas al Uruguay sobre su experiencia en relación con el derecho a la verdad y la memoria.

El Brasil recomendó que el Uruguay: a) considerara la posibilidad de ratificar la Convención

relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, de la Organización

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Convención

sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Internacional para la

protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; b) continuara haciendo lo

posible por luchar contra la impunidad y las violaciones de los derechos humanos, con especial

énfasis en los derechos de las mujeres y los niños; y c) cumpliera los objetivos voluntarios en la

esfera de los derechos humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos.

24. El Reino Unido señaló que el principio de cooperación con el sistema internacional era uno

de los pilares de la política exterior del Uruguay y que el Uruguay era un asociado importante

respecto de las cuestiones de derechos humanos. Señaló que la aplicación práctica del Código

Nacional de la Niñez y la Adolescencia y la Ley sobre la explotación sexual seguía presentando

dificultades. Mencionó la preocupación del Comité para la Eliminación de la Discriminación

contra la Mujer acerca de la desigualdad entre hombres y mujeres, la persistencia de los

estereotipos y la edad mínima establecida para contraer matrimonio. El Reino Unido recomendó

que el Uruguay: a) estableciera una institución nacional de derechos humanos que estuviera

acreditada ante el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales, de

conformidad con los Principios de París; b) asegurara que su mecanismo nacional de prevención

se ajustara a lo dispuesto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y que se

le asignaran suficientes recursos humanos, financieros y logísticos; y c) hiciera participar

plenamente a las organizaciones no gubernamentales a nivel nacional en las actividades de

seguimiento de este examen.

25. Francia formuló preguntas sobre la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado y

las condiciones de detención en las cárceles. Recomendó que el Uruguay: a) creara una

institución nacional de derechos humanos que fuera independiente, de conformidad con los

Principios de París; b) modificara las disposiciones de los Códigos Civil y Penal que

discriminan a la mujer, con arreglo a lo establecido en la Convención sobre la eliminación de

todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), y, en un sentido más general,

adoptara las medidas necesarias para promover la igualdad entre las mujeres y los hombres en el

ámbito familiar, económico y normativo; y c) estableciera y pusiera en funcionamiento un

sistema judicial especializado en menores.

26. Aunque el Canadá apreciaba los esfuerzos del Gobierno del Uruguay por mejorar la

situación en las cárceles, recomendó que el Uruguay: a) elaborara un plan de largo plazo para

afrontar las dificultades que se presentaban en materia de detención y siguiera prestando atención

prioritaria a las condiciones de vida en las cárceles; b) realizara las reformas necesarias a la

reglamentación para garantizar que los detenidos que no hubieran sido condenados estuvieran

separados de los condenados; c) estableciera la institución nacional de derechos humanos

prevista, de conformidad con los Principios de París.

27. Cuba celebró el compromiso del Uruguay con la salud, la educación, la alimentación, el

trabajo, la cultura y la vivienda adecuada. También destacó que hubiera destinado mayores

recursos públicos a la educación, pusiera un énfasis especial en la inclusión social y estuviera

comprometido con mejorar la calidad de la educación en todos los niveles y hacerla extensiva a

un número mayor de personas. Cuba también hizo referencia a la puesta en marcha, a partir

de 2008, de un sistema nacional integrado de salud, que reconocía la salud como un derecho

humano esencial. Cuba recomendó que el Uruguay: a) siguiera profundizando las medidas que

se estaban aplicando para garantizar una mayor inclusión social en el sistema de educación

nacional; y b) siguiera haciendo lo posible por poner fin a la pobreza, la indigencia y la

exclusión social.

28. El Pakistán celebró las medidas adoptadas por el Uruguay para mejorar la condición

de la mujer y los niños y otros grupos vulnerables. El Pakistán recomendó que el Uruguay:

a) agilizara el proceso legislativo de creación de una institución nacional de derechos humanos,

de conformidad con los Principios de París; y b) diera prioridad al cumplimiento de las

recomendaciones de los distintos órganos de tratados, en particular, del Comité para la

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de los Derechos del Niño y el

Comité contra la Tortura.

29. Azerbaiyán encomió al Gobierno por sus logros y lo alentó a intensificar sus esfuerzos por

eliminar la pobreza extrema, corregir la baja representación de las mujeres y poner fin a la

violencia doméstica. Azerbaiyán cuestionó la edad mínima establecida para contraer matrimonio

y las medidas adoptadas para combatir la trata de seres humanos. Recomendó que el Uruguay:

a) estableciera una institución nacional de derechos humanos, de conformidad con los Principios

de París; b) adoptara medidas concretas para afrontar los graves problemas de los niños de la

calle y la explotación sexual de los niños; y c) mejorara las condiciones en las cárceles, y en

particular, resolviera el problema del hacinamiento.

30. Malasia encomió al Uruguay por las medidas adoptadas para hacer frente a la pobreza

extrema y la indigencia y preguntó si se habían adoptado medidas para asegurar una distribución

equilibrada de los recursos entre los distintos sectores del país. Malasia recomendó que el

Uruguay: a) intensificara sus esfuerzos por mejorar la calidad general de la educación de los

niños, incluso asignando mayores recursos presupuestarios al sector de la educación; b) asignara

más recursos para gastos sociales, que beneficiaran suficientemente a las mujeres y los niños,

en especial a los que pertenecieran a sectores pobres, rurales y vulnerables de la sociedad;

y c) llevara a cabo más campañas públicas de prevención y sensibilización sobre medidas de

protección contra el VIH/SIDA, en particular para adolescentes pobres y personas pertenecientes

a grupos vulnerables.

31. Suecia hizo alusión a la preocupación expresada por el Comité para la Eliminación de la

Discriminación contra la Mujer en relación con varias disposiciones jurídicas discriminatorias en

la esfera de la familia y el matrimonio. También señaló la preocupación expresada por el Comité

de los Derechos del Niño sobre la creciente explotación sexual y venta de niños en el Uruguay y

celebró que se estuviera estudiando un nuevo proyecto de ley sobre esos temas. Suecia

recomendó que el Uruguay: a) intensificara sus esfuerzos por asegurar la plena igualdad entre

hombres y mujeres y adaptara su legislación a las recomendaciones del Comité para la

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, así como a las obligaciones que le incumbían

en materia de derechos humanos y a otras normas internacionales; b) continuara adoptando

enérgicas medidas para combatir la explotación sexual y la venta de niños; y c) mejorara la

legislación para combatir la impunidad por los crímenes de explotación sexual y la venta de

niños.

32. El Uruguay respondió a las preguntas sobre la impunidad, la memoria y la aplicación de la

Ley Nº 15848 y presentó un informe de ocho volúmenes sobre las violaciones de derechos

humanos cometidas durante la dictadura. El Uruguay señaló que desde la entrada en funciones

del Gobierno actual, la Ley Nº 15848 había sido interpretada tan restrictivamente que se habían

atendido todos los casos planteados, sin excepción, considerándolos no prescritos, lo que había

llevado al enjuiciamiento de los dos últimos dictadores, y de civiles y miembros de la policía

y las fuerzas armadas que habían cometido graves violaciones de los derechos humanos.

Un tribunal de instancia dictó las dos primeras condenas el 26 de marzo de 2009. Además, un

fiscal planteó en una causa la inconstitucionalidad de la ley ante la Suprema Corte de Justicia, y

esa inconstitucionalidad fue aceptada por los poderes ejecutivo y legislativo. Además, se estaban

reuniendo firmas para convocar un referendo con objeto de dejar sin efecto esa ley. El Uruguay

informó de que se presentaría también un proyecto de código de procedimiento penal que daría

un papel sustancialmente mayor a las víctimas en el proceso penal.

33. En respuesta a las preguntas formuladas sobre los niños de la calle, la delegación señaló

que desde hacía años el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay prestaba apoyo a los niños

que vivían en la calle, y suministró información sobre programas concretos. En el sur, donde las

necesidades eran mayores y donde se concentraban los habitantes de escasos recursos, se habían

creado 21 centros de atención primaria. Asimismo, se había creado una unidad móvil para

emergencias y hogares de tránsito para niños en 17 departamentos del país. Sin embargo,

todavía había 500 niños viviendo en las calles, especialmente por el maltrato y los abusos que

sufrían en sus hogares.

34. El Ministerio de Desarrollo Social elaboró indicadores sociales sobre los Objetivos de

Desarrollo del Milenio a nivel nacional. Si bien la pobreza extrema se redujo en un 50%

entre 2005 y 2006, la reducción de la pobreza fue mucho menor. En 2008 se elaboró un plan de

equidad para reducir la pobreza y la desigualdad social. En cuanto a la educación, la principal

dificultad radicó en reducir la tasa de deserción escolar de los adolescentes. La delegación

proporcionó información sobre los programas orientados a resolver ese problema y señaló que el

porcentaje del presupuesto nacional destinado a la educación había aumentado y que se preveía

que alcanzaría el 4,5% para fines de 2009.

35. El Uruguay señaló que se habían reducido la mortalidad infantil y materna, así como los

embarazos de alto riesgo y los embarazos de adolescentes. El país había cumplido con las

normas internacionales sobre el agua potable y el saneamiento, servicios a los que tenía acceso

más del 98% de la población.

36. El Uruguay señaló que había realizado un estudio sobre el trabajo infantil y que prohibiría

por decreto sus peores formas, de conformidad con lo establecido en el Convenio sobre la

prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su

eliminación (Convenio Nº 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)). El Uruguay

tipificó como delito la trata de personas (Ley Nº 18250 de 2008), así como la pornografía, la

prostitución y la trata relacionadas con la explotación sexual (Ley Nº 17815 de 2004). Como

iniciativa de capacitación, se estaba considerando la elaboración de un protocolo para consulados

y embajadas, así como distintas iniciativas locales y nacionales para afrontar esos problemas.

En el marco del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), se coordinaron esfuerzos por vigilar la

situación en algunas zonas de frontera.

37. Turquía señaló que las condiciones en las cárceles seguían constituyendo un problema y

recomendó que el Uruguay: a) continuara asignando suficientes recursos para hacer frente al

problema del hacinamiento y la insuficiencia de los servicios de salud y otros servicios en las

cárceles, así como para adecuar las condiciones en las cárceles a las normas internacionales;

b) intensificara sus esfuerzos por elaborar estrategias y planes de acción integrales para erradicar

el flagelo de la trata de personas; c) aplicara efectivamente el plan de acción lanzado por el

Comité para la Erradicación de la Explotación Sexual de la Niñez y la Adolescencia en 2007;

y d) intensificara sus esfuerzos por resolver el problema de las altas tasas de deserción escolar,

especialmente en la enseñanza media, y siguiera invirtiendo en educación.

38. La India encomió el lanzamiento del Plan Nacional de Igualdad de Derechos y

Oportunidades, el establecimiento de un comité para erradicar la explotación sexual comercial y

no comercial de la niñez y la adolescencia y la aprobación de la Ley de migración, la emisión de

documentos de identidad para todos los ciudadanos y la introducción, en 2008, de un plan para el

registro electrónico de los nacidos vivos. La India formuló preguntas sobre la Ley de caducidad

de la pretensión punitiva del Estado, la edad mínima establecida para contraer matrimonio y la

ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. También

alentó al Uruguay a mantener sus elevados estándares en materia de tasas de retención y

educación secundaria y agilizar el proceso de establecimiento de una institución nacional de

derechos humanos independiente y eficaz, de conformidad con los Principios de París.

39. El Japón apoyó las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de que se

asignaran nuevos recursos financieros para resolver la cuestión de los niños que vivían en la

pobreza. Con respecto a los establecimientos penitenciarios, el Japón esperaba que el Uruguay

redoblara sus esfuerzos por crear un sistema centrado en la prevención de la reincidencia y la

aceleración de los procesos penales. El Japón recomendó que el Uruguay elaborara un plan de

acción nacional con políticas que hicieran hincapié en la familia como pilar de la atención

infantil, en la reducción del número de niños de la calle y del trabajo infantil y en el derecho del

niño a la educación.

40. Colombia felicitó al Uruguay por la creación de un instituto nacional de derechos

humanos, encomió los avances logrados en materia de educación, especialmente el Plan Ceibal,

e invitó al Uruguay a compartir esa experiencia tan importante. Colombia recomendó que el

Uruguay: a) continuara realizando esfuerzos por aprobar un marco jurídico que permitiera a los

ciudadanos uruguayos residentes en el exterior ejercer su derecho al voto; b) siguiera haciendo

todo lo posible por lograr la rápida aprobación y aplicación de leyes y programas de defensa y

promoción de los derechos humanos; c) velara por que el poder ejecutivo siguiera prestando

todo el apoyo necesario al poder judicial, para avanzar en la investigación de las causas relativas

a las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante la dictadura, y a la labor de la

Comisión de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

41. México reconoció los avances logrados en materia de derechos humanos de los migrantes,

los solicitantes de asilo y los refugiados y recomendó que el Uruguay: a) pusiera en

funcionamiento el instituto nacional de derechos humanos recientemente establecido por ley y lo

dotara de los recursos técnicos y financieros necesarios, solicitando para ello la cooperación del

ACNUDH; b) adoptara las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar la

seguridad de las víctimas de la violencia doméstica y facilitara su acceso a la justicia, la

asistencia jurídica y la atención psicológica y médica; c) estableciera un mecanismo

interministerial con la participación de la sociedad civil para estudiar y cumplir los compromisos

internacionales asumidos en el área de los derechos humanos, en particular, las recomendaciones

formuladas a raíz del examen periódico universal.

42. El Paraguay señaló que ambos países compartían el objetivo de avanzar en el proceso de

integración en el MERCOSUR, en particular el Protocolo de Asunción de 2005. En ese

contexto, el Paraguay recomendó: a) que el Uruguay pusiera énfasis en esa tarea regional porque

sería beneficioso para su propio proceso y una valiosa contribución para otros Estados

miembros, además de que proporcionaría un modelo que podrían seguir otros países, dado que

no era común que los Estados cooperaran en un modelo de integración para la promoción de los

derechos humanos. También recomendó: b) que el Gobierno encarara con determinación los

problemas que subsistían en relación con los niños y las mujeres a fin de seguir dando un buen

ejemplo, a la región y al resto del mundo, de promoción y protección de los derechos humanos.

43. Chile celebró los logros obtenidos por el Uruguay en la lucha contra la pobreza extrema,

así como en materia de educación, salud, derechos de la mujer, libertad de expresión, lucha

contra la discriminación y reconocimiento de la contribución de los pueblos indígenas a la

sociedad uruguaya. Chile recomendó que el Uruguay: a) continuara fortaleciendo la aplicación

de las medidas ya adoptadas y que adoptara otras nuevas, según fuera necesario, para asegurar el

goce de los derechos humanos a su población, asignando particular importancia a la erradicación

de la violencia contra la mujer y garantizando los derechos del niño; y b) aplicara medidas

alternativas a la privación de libertad, especialmente en el caso de los menores.

44. La República de Corea encomió al Gobierno por haber perfeccionado el marco jurídico e

institucional para la participación de los ciudadanos en política y haber mejorado el sistema de

seguridad social en favor de los grupos vulnerables. La República de Corea recomendó que el

Uruguay: a) adoptara medidas concretas para cumplir oportunamente con su obligación de

presentar informes con arreglo a los tratados de derechos humanos; b) creara una institución

nacional de derechos humanos independiente, de conformidad con los Principios de París;

y c) considerara la posibilidad de elevar a 18 años la edad mínima establecida para contraer

matrimonio, tanto para mujeres como para hombres.

45. La Santa Sede señaló que, a pesar de que casi todos los uruguayos reciben educación

primaria, el porcentaje de jóvenes que asisten a clase disminuye drásticamente en el nivel

secundario. La Santa Sede preguntó si existían iniciativas para alentar a los jóvenes a continuar

sus estudios.

46. Los Países Bajos celebraron la creación de un Comité de Observadores por el Consejo

Nacional Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente. Los Países Bajos recomendaron

que el Uruguay: a) adoptara nuevas medidas estructurales y suministrara recursos suficientes

para proteger a las mujeres y los niños de la violencia doméstica; b) adoptara nuevas medidas

para mejorar las condiciones de las cárceles de menores y medidas estructurales para promover

la rehabilitación de los menores en conflicto con la ley y prepararlos para su integración en la

sociedad; c) siguiera reformando el sistema penitenciario y examinando formas de modificar el

Código Penal para asegurar que las condiciones en las cárceles y el tratamiento de los presos

fueran adecuados, de conformidad con las normas internacionales; y d) reformara el Código

Civil para elevar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio tanto para mujeres como

para hombres, con arreglo a las normas internacionales.

47. Djibouti celebró los intentos del Uruguay de hacer frente a todas las formas de

discriminación e hizo referencia al Plan Nacional de Igualdad de Derechos y Oportunidades

de 2006 y el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica de 2004. También celebró

los esfuerzos realizados en el área de la educación y la salud. Djibouti recomendó que el

Uruguay: a) siguiera adelante con el proceso de creación de una institución nacional de derechos

humanos, de conformidad con los Principios de París, a fin de facilitar la aplicación de los

principales instrumentos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos;

y b) siguiera prestando especial atención a las condiciones de vida de los grupos vulnerables,

como las personas con discapacidad y los pueblos indígenas.

48. Venezuela encomió los esfuerzos realizados por el Uruguay para erradicar la pobreza,

señaló que era notable la gran atención que prestaba el Gobierno a la cuestión de los niños de la

calle y celebró el apoyo prestado a los Centros de Atención Integral a la Infancia y la Familia.

Venezuela recomendó que el Uruguay: a) continuara con sus acertados programas y planes

sociales orientados a satisfacer las necesidades más básicas de las personas que viven en la

pobreza extrema, como la alimentación, la educación, la vivienda, la salud y el trabajo;

b) siguiera consolidando políticas eficaces en el marco de la Estrategia Nacional para la Infancia

y la Adolescencia (2010-2030), facilitando la participación de toda la sociedad en la lucha por el

reconocimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentran en

una situación de vulnerabilidad extrema.

49. Finlandia, observando que la pobreza afectaba a casi la mitad de los niños, pidió al

Uruguay que compartiera ejemplos de medidas adoptadas para prevenir la exclusión social.

Finlandia recomendó que el Uruguay: a) adoptara medidas para reducir las altas tasas de

repetición de cursos y los elevados niveles de deserción escolar, especialmente de niñas en

situación de vulnerabilidad o que sufren múltiples formas de discriminación, lo que debía incluir

incentivos para que los padres enviaran a sus hijas a la escuela; b) siguiera mejorando su sistema

de justicia de menores tanto en la legislación como en la práctica, asegurando en particular que

los profesionales estuvieran suficientemente capacitados, que se contara con una infraestructura

adecuada y que la privación de libertad sólo se utilizara como último recurso en el caso de los

menores de edad.

50. Guatemala hizo referencia a las conclusiones de la Comisión sobre el Racismo y las

preocupaciones expresadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer respecto de la falta de

información sobre grupos étnicos y mujeres indígenas, así como la recomendación de adoptar

medidas para su protección, y preguntó qué medidas se habían tomado al respecto. Guatemala

también se refirió a la designación de una Comisión parlamentaria para el sistema penitenciario,

y solicitó más información sobre esta experiencia.

51. Nicaragua señaló que se habían producido cambios positivos en el marco legislativo e

institucional interno del Uruguay. Nicaragua recomendó que el Uruguay: a) continuara

trabajando en sus planes nacionales de inclusión social y mitigación de la pobreza; y b) siguiera

promoviendo la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer en todos los

procesos de adopción de decisiones y elaboración de políticas públicas.

52. Italia compartía la preocupación expresada por el Comité para la Eliminación de la

Discriminación contra la Mujer en cuanto a la subsistencia de normas discriminatorias en

relación con el matrimonio y los delitos sexuales. Destacó que varias partes interesadas habían

expresado su preocupación sobre las condiciones de detención en las cárceles. Italia recomendó

que el Uruguay: a) eliminara todas las normas que discriminaban a la mujer en su legislación;

b) acelerara la aplicación de medidas para combatir la trata de seres humanos mediante la

adopción de medidas integradas para la prevención, enjuiciamiento y castigo de los responsables,

así como para la protección, rehabilitación y reintegración social de las víctimas; c) adoptara

medidas eficaces para mejorar la situación general en las cárceles, especialmente las condiciones

de detención de las mujeres y los menores.

53. Ucrania destacó los logros alcanzados por el Uruguay en relación con los derechos de los

grupos vulnerables, como las mujeres, los niños, los ancianos, las personas con discapacidad, los

pueblos indígenas y los afrodescendientes. Ucrania recomendó que el Gobierno: a) continuara

y redoblara sus esfuerzos orientados a lograr una mayor promoción y protección de los derechos

humanos; b) siguiera luchando contra la discriminación y la violencia contra la mujer;

y c) velara por que las mujeres estuvieran adecuadamente representadas en las instituciones

encargadas de la elaboración de las políticas y adopción de decisiones de alto nivel.

54. Nigeria encomió al Uruguay por las reformas administrativas y judiciales llevadas a cabo

en materia de promoción y protección de los derechos humanos e hizo referencia a las

dificultades que enfrentaba el Uruguay en la esfera de la pobreza, la explotación sexual, la

violación marital y la venta de niños, como se explicaba en su informe nacional. Nigeria

recomendó que el Uruguay: a) estableciera una institución nacional de derechos humanos de

conformidad con los Principios de París; y b) ratificara la Convención sobre los derechos de las

personas con discapacidad, de conformidad con la recomendación del Comité para la

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

55. La delegación uruguaya señaló que la situación penitenciaria era una cuestión que

preocupaba seriamente desde que el Presidente declaró el estado de emergencia en todos los

establecimientos penitenciarios. El Uruguay señaló medidas adoptadas para humanizar las

condiciones en las cárceles, a fin de adecuarlas a lo establecido en las normas internacionales, así

como las inversiones que se habían hecho en los últimos años en infraestructura penitenciaria

que, a pesar del aumento del número de internos, habían logrado reducir el hacinamiento.

También señaló que se habían aumentado los efectivos de personal penitenciario, así como sus

sueldos. A pesar de que subsistía el problema del hacinamiento, el 45% de los presos

participaban en la actualidad en programas de educación o empleo y también había programas

alimentarios y sanitarios. Se prestaba especial atención a las mujeres detenidas y se había creado

un establecimiento para madres. Se estaba considerando presentar un proyecto de ley sobre

penas alternativas que propondría una aplicación más amplia del arresto domiciliario y del

trabajo comunitario. El Uruguay suministró además información y comunicó datos sobre las

cárceles en el Uruguay, en particular sobre inversiones para mejorar la infraestructura.

56. Con respecto a la situación de los adolescentes en conflicto con la ley, la principal

dificultad era lograr que comparecieran ante los tribunales. Como consecuencia de ello,

funcionaba un programa que trabajaba con menores y sus familiares para que pudieran aplicarse

medidas no privativas de la libertad. El Consejo Nacional Honorario de los Derechos del Niño y

Adolescente había establecido recientemente un Comité de Observadores encargado de velar por

el cumplimiento de todas las normas internacionales y de realizar visitas periódicas a los centros

de detención. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay había elaborado un mecanismo

para investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos. Se había despedido

también a varios funcionarios. También funcionaba un programa orientado a ayudar a los niños

y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad para que no perdieran contacto con sus familias y

la sociedad, y se ofrecía capacitación en áreas prácticas, como la informática, la carpintería y

otras. También se proporcionó información sobre otros programas de salud y asignaciones

presupuestarias destinadas a programas dirigidos a niños y adolescentes.

57. Entre las medidas adoptadas para reducir las tasas de deserción escolar, figuran el Plan de

Emergencia y el Plan de Equidad. Esas medidas, que incluyen subsidios familiares para niños en

edad escolar, así como servicios de salud y otros servicios de apoyo, han dado buenos resultados.

En 2008, alrededor del 60% de los adolescentes se reincorporaron a instituciones de educación

media.

58. China destacó que en un período de 20 años el país había establecido un sistema de

protección de derechos humanos relativamente desarrollado y que siempre había dado

importancia a la protección de esos derechos. China señaló que se había creado una dirección de

derechos humanos dentro del Ministerio de Educación y Cultura e hizo referencia al plan de

atención nacional a la emergencia social, así como a los planes especializados que lo integraban.

59. El Perú preguntó sobre las medidas que el Uruguay se proponía adoptar para asegurar una

mayor igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en la esfera del desempleo. El Perú

recomendó que el Uruguay: a) aplicara a la brevedad la ley que establecía una institución

nacional de derechos humanos, de conformidad con los Principios de París; y b) ratificara el

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (Convenio Nº 169 de

la OIT).

60. Bangladesh encomió al Uruguay por el marco jurídico y normativo aprobado, pero señaló

con preocupación la elevada tasa de deserción escolar y repetición de cursos de los niños en edad

escolar, especialmente en ciertos sectores étnicos y socioeconómicos de la sociedad. Bangladesh

recomendó que el Uruguay: a) continuara haciendo lo posible a nivel nacional por eliminar la

pobreza, en particular de los grupos desfavorecidos, con el apoyo de la comunidad internacional;

b) siguiera promoviendo la igualdad entre los géneros y combatiendo todas las prácticas

discriminatorias contra la mujer; y c) intensificara sus esfuerzos por proteger los derechos de los

niños, con especial énfasis en la prevención de la deserción escolar y la eliminación del trabajo y

la explotación sexual de los niños.

61. Portugal preguntó sobre los efectos que había tenido el Plan Nacional de Lucha contra la

Violencia Doméstica de 2004 y las medidas adoptadas para resolver el problema del

hacinamiento en las cárceles, además de las inversiones públicas que se hubieran realizado para

la construcción y la ampliación de cárceles. Portugal recomendó que el Uruguay: a) eliminara

las disposiciones jurídicas discriminatorias en relación con la familia y el matrimonio, por

ejemplo, que elevara a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio tanto para hombres

como para mujeres, eliminara los conceptos de “pudor”, “honestidad” y “ultraje público” de la

definición de los delitos sexuales y tipificara delictivamente la violación en el matrimonio en el

Código Penal, de conformidad con la recomendación formulada por el Comité para la

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; b) llevara a cabo reformas para mejorar la

situación de hacinamiento en las cárceles, con especial atención al fortalecimiento del sistema de

justicia de menores y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño; y

c) considerara la posibilidad de firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la ceremonia de firma, adhesión y ratificación de

tratados que se celebrará en Nueva York el 24 de septiembre.

62. Filipinas felicitó al Uruguay por la aprobación de la Ley de 2008 que penaliza la trata de

personas y la formulación del Plan Nacional de Erradicación de la Explotación Sexual Comercial

de 2007. Sin embargo, destacó que era necesario hacer más por combatir la trata de personas.

Filipinas también preguntó sobre las medidas adoptadas para resolver la cuestión de la violencia

doméstica y recomendó que el Uruguay: a) considerara la elaboración de un plan de acción

nacional o mecanismo interinstitucional para combatir la trata de personas y prestar asistencia a

las víctimas, teniendo en cuenta la necesidad de adoptar sobre esa cuestión un enfoque basado en

los derechos humanos; y b) siguiera promoviendo la igualdad entre los géneros y una mayor

participación de la mujer en los sectores público y privado.

63. Los Estados Unidos de América preguntaron sobre las medidas adoptadas para identificar

las víctimas de la trata y prestarles asistencia. Dado que la trata a menudo se encontraba

vinculada a la corrupción en las fuerzas de seguridad, preguntaron qué medidas estaba adoptando

el Uruguay para prevenir actos de corrupción. Los Estados Unidos recomendaron que el

Uruguay hiciera mayores esfuerzos para que sus cuerpos de seguridad, en particular las fuerzas

encargadas de la custodia de las fronteras, detuvieran a los autores de la trata; que adoptara

medidas, según correspondiera, para investigar, enjuiciar y sancionar a los agentes que aceptaran

sobornos o facilitaran la trata de alguna otra manera; redoblara sus esfuerzos por aplicar la nueva

ley contra la trata; ampliara la formación de jueces y del personal de las fuerzas de seguridad en

materia de lucha contra la trata; y prestara más servicios de atención a las víctimas y redoblara

sus esfuerzos de protección.

64. Alemania señaló que compartía la preocupación por los elevados niveles de pobreza

infantil, la explotación económica y la falta de vivienda entre la infancia, así como por la trata de

niños con fines de explotación sexual y venta. Recomendó que el Gobierno: a) derogara la Ley

de caducidad de la pretensión punitiva del Estado para permitir que se llevaran a cabo

investigaciones y procesos penales integrales y exhaustivos de todas las violaciones de los

derechos humanos ocurridas en el pasado; b) estableciera, a la mayor brevedad posible, una

institución de derechos humanos independiente, de conformidad con los Principios de París;

c) promoviera la igualdad entre las mujeres y los hombres, especialmente en relación con el nivel

de participación de la mujer en la vida pública y en el sector del empleo; d) adoptara medidas

adecuadas para combatir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, así como la

violencia doméstica contra la mujer; y e) derogara todas las leyes discriminatorias contra la

mujer en la esfera de la familia y el matrimonio.

65. España hizo referencia a la cooperación del Uruguay con los mecanismos internacionales

de derechos humanos y recomendó que el Uruguay: a) incorporara la definición de

discriminación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación

contra la mujer en su legislación interna; b) reformara las disposiciones del Código Civil que

discriminan a la mujer, como las que establecían la edad mínima para contraer matrimonio

en 12 años, prohibían a las viudas y mujeres divorciadas casarse nuevamente antes de que

transcurrieran 300 días o negaban pensiones alimenticias a las mujeres que llevaban una “vida

desarreglada”; y c) llevara a cabo una reforma y un plan de inversiones para mejorar las

condiciones en el sistema penitenciario.

66. La República Árabe Siria hizo referencia a los avances logrados en relación con las

condiciones de trabajo familiar que se mencionaban en el informe de la OIT y encomió al

Uruguay por la atención especial que prestaba a la participación de los sindicatos en los procesos

de adopción de decisiones. La República Árabe Siria recomendó que el Uruguay ejecutara

rápidamente su plan de subsanar la laguna jurídica existente en su sistema penal, que dejaba a las

víctimas sin derecho a participar en el proceso penal.

67. La República Dominicana preguntó si existía un sistema de formación para el personal

encargado de atender a los adultos y menores privados de su libertad y si las autoridades

prestaban asistencia jurídica gratuita a las personas de bajos recursos económicos.

68. Eslovenia preguntó qué medidas se habían adoptado para asegurar más rápidamente en la

práctica la igualdad entre los hombres y las mujeres, especialmente en el lugar de trabajo y en la

política, así como para combatir la trata de mujeres y niñas. Eslovenia expresó su preocupación

por el elevado número de niños que vivían y trabajaban en la calle. Eslovenia recomendó que el

Uruguay adoptara medidas para incorporar plenamente en su derecho interno los principales

tratados que había ratificado, especialmente la Convención sobre la eliminación de todas las

formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño.

69. Bolivia encomió al Uruguay el haber sido el primer país en incorporar en la Constitución el

acceso al agua y el saneamiento como un derecho humano básico establecido e invitó al Uruguay

a compartir su experiencia al respecto. Bolivia encomió también al Uruguay por haber incluido

a representantes de las comunidades indígenas en la Comisión Honoraria contra el racismo, la

xenofobia y toda otra forma de discriminación. Bolivia recomendó que el Uruguay considerara

la posibilidad de ratificar a la brevedad el Convenio Nº 169 de la OIT, a fin de coronar su

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

70. Sudáfrica encomió al Gobierno por adoptar medidas para combatir la trata de personas,

prestando la debida atención a la salud e integridad física de los migrantes, especialmente de los

niños y las personas con discapacidad, y mencionó como un logro especialmente positivo la

adopción de medidas que establecían distintos mecanismos de lucha contra el racismo,

especialmente en el caso de los afrodescendientes. Sin embargo, Sudáfrica seguía preocupada

por la persistencia de la pobreza y los altos niveles de indigencia y exclusión social, a pesar de

los esfuerzos del Gobierno. Sudáfrica recomendó que el Uruguay agilizara el proceso de

erradicación de la pobreza mediante programas específicos y políticas de inclusión social.

71. Bélgica señaló que los principales problemas de derechos humanos en el Uruguay tenían

que ver con las condiciones de detención. Muchos de ellos se debían al hacinamiento, que

parecía ser consecuencia de una excesiva aplicación de la prisión preventiva. Bélgica

recomendó que el Uruguay: a) pusiera énfasis en la prevención del delito antes que en la

detención, especialmente cuando se tratara de menores en conflicto con la ley; b) pusiera a

disposición de los detenidos mecanismos de denuncia en caso de maltrato; y c) velara por la

adopción de medidas para poner fin a la impunidad en las cárceles.

72. La República Checa destacó la importancia de garantizar el acceso a la justicia mediante la

observancia de los principios de las garantías procesales y el estado de derecho y preguntó en

qué etapa se encontraba el proceso de establecimiento de un mecanismo nacional preventivo para

la protección de las personas contra la tortura. La República Checa recomendó que el Uruguay:

a) revisara y, de ser necesario, derogara las leyes que dejaban impunes a quienes habían

cometido delitos durante las dictaduras, en particular, la Ley de caducidad de la pretensión

punitiva del Estado, y eliminara todos los obstáculos que impedían averiguar la verdad sobre lo

ocurrido, especialmente en relación con las familias de las víctimas de desapariciones forzadas;

b) tipificara como delito la violación en el matrimonio y adoptara nuevas medidas para asegurar

que se diera amplia difusión a los servicios de apoyo a las víctimas de la violencia doméstica y

se les garantizara un amplio acceso a esos servicios a fin de que las víctimas pudieran protegerse

e iniciar investigaciones rápidas y eficaces que condujeran al castigo de los autores de esos actos

de violencia; y c) siguiera fortaleciendo el marco institucional de lucha contra la discriminación

mediante campañas de sensibilización y la promoción de la tolerancia y la igualdad por razón del

sexo, el género y la raza. La República Checa agradeció al Uruguay el papel admirable que

desempeñaba en la lucha contra la discriminación.

73. Sri Lanka celebró la existencia de una comisión de lucha contra el racismo, la xenofobia y

otras formas de discriminación, así como la aprobación del primer plan nacional de lucha contra

la violencia doméstica. Sri Lanka recomendó que el Uruguay siguiera adelante con su excelente

plan nacional de lucha contra todas las formas de discriminación y publicara sus resultados en

inglés para que países como Sri Lanka pudieran consultarlos como ejemplos de mejores

prácticas.

74. El Ecuador señaló que la ratificación de varios nuevos instrumentos de derechos humanos

reforzaría la investigación de casos de desaparición forzada. El Ecuador destacó los esfuerzos

del Uruguay por promover prácticas para la integración de los niños con discapacidad.

75. La Federación de Rusia destacó la contribución del Uruguay al proceso de la Conferencia

de Examen de Durban y, a ese respecto, recomendó que el Gobierno: a) siguiera haciendo lo

posible por aplicar el documento final de la Conferencia de Examen de Durban, tanto a nivel

nacional como internacional. La Federación de Rusia encomió al Gobierno por sus iniciativas y

los resultados obtenidos en materia de lucha contra la pobreza y recomendó que: b) siguiera

luchando contra la pobreza.

76. En cuanto a los programas de salud para la mujer, el Uruguay señaló que en su nuevo

sistema nacional e integral de salud se priorizaba, entre otros temas, la salud de la mujer (la salud

mental, sexual y reproductiva de la mujer, la atención de las adolescentes, el parto y la atención

después del parto). El Ministerio de Salud Pública elaboró un programa específico sobre la

mujer y el género y directrices sobre las medidas que deben adoptar los equipos de atención de la

salud en relación con la violencia doméstica.

77. El Uruguay agradeció los comentarios y las recomendaciones y señaló que ayudarán al

país a seguir adelante en su reafirmación y defensa de los derechos humanos. La delegación

señaló que los derechos humanos constituían el eje principal de todas las políticas públicas,

desde las medidas legislativas hasta las administrativas, sociales y económicas. El Uruguay

agradeció el apoyo de la sociedad civil y señaló que la custodia efectiva de los derechos

humanos era un proceso que necesitaba corregirse y supervisarse permanentemente.

II. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

78. El Uruguay examinó las recomendaciones formuladas durante el diálogo interactivo y dio

su apoyo a las que figuran a continuación:

1. Considerar la posibilidad de ratificar la Convención de la UNESCO relativa a la

Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (Brasil);

2. Considerar la posibilidad de firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la ceremonia de firma, adhesión y

ratificación que se celebrará en Nueva York el 24 de septiembre (Portugal);

3. Ratificar el Convenio Nº 169 de la OIT (Perú);

4. Considerar la posibilidad de ratificar a la brevedad el Convenio Nº 169 de la OIT,

a fin de coronar su reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas

(Bolivia);

5. Cumplir los objetivos voluntarios en la esfera de los derechos humanos, aprobados

por el Consejo de Derechos Humanos (Brasil);

6. Adoptar medidas para incorporar plenamente en su derecho interno los principales

tratados que ha ratificado el Uruguay, especialmente la Convención sobre la

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención

sobre los Derechos del Niño (Eslovenia);

7. Agilizar el plan previsto de subsanar la laguna jurídica en su sistema penal a fin de

que las víctimas puedan ejercer mejor su derecho a participar en el proceso penal

(República Árabe Siria);

8. Establecer a la brevedad (Perú, Alemania) la institución nacional de derechos

humanos prevista (Canadá) de conformidad con los Principios de París (Perú,

Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido, Nigeria, Pakistán, Azerbaiyán, República

de Corea, Djibouti) y gestionar cuanto antes su acreditación ante el Comité

Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y

Protección de los Derechos Humanos (Reino Unido, Argelia) a fin de facilitar la

aplicación de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos

(Djibouti);

9. Crear el instituto nacional de derechos humanos recientemente contemplado en la ley

y dotarlo de los recursos técnicos y financieros necesarios, solicitando para ello la

cooperación del ACNUDH (México);

10. Hacer participar plenamente a las organizaciones no gubernamentales a nivel

nacional en las actividades de seguimiento del presente examen (Reino Unido);

11. Establecer un mecanismo interministerial con la participación de la sociedad civil

para estudiar y cumplir los compromisos internacionales asumidos en el área de los

derechos humanos, como las recomendaciones formuladas a raíz del examen

periódico universal (México);

12. Continuar y redoblar los esfuerzos orientados a lograr una mayor promoción y

protección de los derechos humanos (Ucrania);

13. Seguir haciendo todo lo posible por lograr la rápida aprobación y aplicación de leyes

y programas de defensa y promoción de los derechos humanos (Colombia);

14. Elaborar un plan de acción nacional, con políticas que hagan hincapié en la familia

como pilar de la atención infantil, en la reducción del número de niños de la calle y

del trabajo infantil y en asegurar el derecho del niño a la educación (Japón);

15. Seguir consolidando políticas eficaces en el marco de la Estrategia Nacional para la

Infancia y la Adolescencia (2010-2030), facilitando la participación de toda la

sociedad en la lucha por el reconocimiento de los derechos de los niños, las niñas y

los adolescentes que se encuentren en una situación de vulnerabilidad extrema

(Venezuela);

16. Intensificar los esfuerzos del Gobierno por proteger los derechos de los niños, con

especial énfasis en la prevención de la deserción escolar y la eliminación del trabajo

infantil y la explotación sexual de los niños (Bangladesh);

17. Poner énfasis en el plano regional (Protocolo de Asunción de 2005 sobre el

MERCOSUR) porque sería beneficioso para el propio proceso del Uruguay y una

valiosa contribución para otros Estados miembros, además de que proporcionaría un

modelo que podrían seguir otros países, dado que no es común que los Estados

cooperen en un modelo de integración encaminado a la promoción de los derechos

humanos (Paraguay);

18. Encarar con determinación los problemas que subsisten en relación con los niños y

las mujeres a fin de seguir dando un buen ejemplo a la región y al resto del mundo de

promoción y protección de los derechos humanos (Paraguay);

19. Continuar fortaleciendo la aplicación de las medidas ya adoptadas y adoptar otras

nuevas, según sea necesario, para asegurar el goce de los derechos humanos a su

población, asignando particular importancia a la erradicación de la violencia contra

la mujer y garantizando los derechos del niño (Chile);

20. Adoptar medidas concretas para cumplir oportunamente con su obligación de

presentar informes con arreglo a los tratados de derechos humanos (República

de Corea);

21. Dar prioridad al cumplimiento de las recomendaciones de los distintos órganos de

tratados, en particular, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la

Mujer, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura (Pakistán);

22. Seguir fortaleciendo el marco institucional de lucha contra la discriminación

mediante campañas de sensibilización y la promoción de la tolerancia y la igualdad

independientemente del sexo, el género y la raza (República Checa);

23. Seguir adelante con su excelente plan nacional de lucha contra todas las formas de

discriminación y publicar sus resultados en inglés para que países como Sri Lanka

puedan consultarlos como ejemplos de mejores prácticas (Sri Lanka);

24. Seguir haciendo lo posible por aplicar el documento final de la Conferencia de

Examen de Durban, tanto a nivel nacional como internacional (Federación de Rusia);

25. Evaluar las medidas que considere apropiadas para aplicar la recomendación del

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer con objeto de

eliminar la discriminación entre hombres y mujeres en la esfera del empleo y

consagrar el principio de igual remuneración por igual trabajo de igual valor

(Argelia);

26. Eliminar todas las normas que discriminan a la mujer en la legislación (Italia);

27. Seguir promoviendo la igualdad entre los géneros y combatiendo todas las prácticas

discriminatorias contra la mujer (Bangladesh);

28. Eliminar las disposiciones jurídicas discriminatorias en la esfera de la familia y el

matrimonio, por ejemplo, elevar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio

tanto para hombres como para mujeres, eliminar los conceptos de “pudor”,

“honestidad” y “ultraje público” de la definición de los delitos sexuales y tipificar

como delito la violación en el matrimonio en el Código Penal, de conformidad con la

recomendación formulada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación

contra la Mujer (Portugal);

29. Tipificar la violación en el matrimonio y adoptar nuevas medidas para asegurar que

se dé amplia difusión a los servicios de apoyo a las víctimas de la violencia

doméstica y se les garantice un amplio acceso a esos servicios a fin de que las

víctimas puedan protegerse e iniciar investigaciones rápidas y eficaces que

conduzcan al castigo de los autores de esos actos de violencia (República Checa);

30. Derogar todas las leyes discriminatorias contra la mujer en la esfera de la familia y el

matrimonio (Alemania);

31. Incorporar en la legislación interna la definición de discriminación que figura en la

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la

mujer (España);

32. Reformar las disposiciones del código civil que discriminan a la mujer, como las que

establecen la edad mínima para contraer matrimonio en 12 años, prohíben a las

viudas y mujeres divorciadas casarse nuevamente antes de que transcurran 300 días o

niegan pensiones alimenticias a las mujeres que llevan una “vida desarreglada”

(España);

33. Seguir luchando contra la discriminación y la violencia contra la mujer (Ucrania);

34. Considerar la posibilidad de elevar a 18 años la edad mínima establecida para

contraer matrimonio, tanto para mujeres como para hombres (República de Corea);

35. Reformar el Código Civil para elevar a 18 años la edad mínima para contraer

matrimonio tanto para mujeres como para hombres, con arreglo a las normas

internacionales (Países Bajos);

36. Estudiar la posibilidad de elaborar y aplicar un plan nacional para combatir la

discriminación contra los afrodescendientes y los pueblos indígenas (Argelia);

37. Modificar, con arreglo a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de

discriminación contra la mujer, las disposiciones de los Códigos Civil y Penal que

discriminan a la mujer, y, en un sentido más general, adoptar las medidas necesarias

para promover la igualdad entre las mujeres y los hombres en los ámbitos familiar,

económico y normativo (Francia);

38. Intensificar sus esfuerzos por asegurar la plena igualdad entre hombres y mujeres y

adaptar la legislación a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la

Discriminación contra la Mujer, así como a las obligaciones que incumben al

Uruguay en materia de derechos humanos y a otras normas internacionales (Suecia);

39. Asegurar que el mecanismo nacional de prevención se ajuste a lo dispuesto en el

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y asignarle suficientes

recursos humanos, financieros y logísticos (Reino Unido);

40. Mejorar los mecanismos de denuncia de maltrato y garantizar a los detenidos el

acceso a ellos en caso de maltrato (Bélgica);

41. Adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar la

seguridad de las víctimas de la violencia doméstica y facilitar su acceso a la justicia,

la asistencia jurídica y la atención psicológica y médica (México);

42. Adoptar nuevas medidas estructurales y suministrar recursos suficientes para

proteger a las mujeres y los niños de la violencia doméstica (Países Bajos);

43. Intensificar los esfuerzos por elaborar estrategias integrales y planes de acción para

erradicar la trata de personas (Turquía);

44. Adoptar medidas prácticas para afrontar los graves problemas de los niños de la calle

y la explotación sexual de los niños (Azerbaiyán);

45. Continuar adoptando medidas enérgicas para combatir la explotación sexual y la

venta de niños (Suecia);

46. Mejorar la legislación para combatir la impunidad por los crímenes de explotación

sexual y la venta de niños (Suecia);

47. Aplicar efectivamente el plan de acción lanzado por el Comité para la Erradicación

de la Explotación Sexual de la Niñez y la Adolescencia en 2007 (Turquía);

48. Acelerar la aplicación de medidas para combatir la trata de seres humanos mediante

la adopción de medidas integradas para la prevención, el enjuiciamiento y el castigo

de los responsables, así como para la protección, rehabilitación y reintegración social

de las víctimas (Italia);

49. Considerar la elaboración de un plan de acción nacional o mecanismo

interinstitucional para combatir la trata de personas y prestar asistencia a las

víctimas, teniendo en cuenta la necesidad de adoptar al respecto un enfoque basado

en los derechos humanos (Filipinas);

50. Adoptar medidas adecuadas para combatir la trata de mujeres y niñas con fines de

explotación sexual, así como la violencia doméstica contra la mujer (Alemania);

51. Hacer mayores esfuerzos por detener a los autores de la trata, incluso mediante la

adopción de medidas relativas a las fuerzas de seguridad y seguridad de las fronteras;

adoptar medidas, según corresponda, para investigar, enjuiciar y sancionar a los

agentes que acepten sobornos o faciliten la trata de otra manera; hacer mayores

esfuerzos por aplicar la nueva ley contra la trata; ampliar la formación de jueces y del

personal de las fuerzas de seguridad; prestar más servicios de atención a las víctimas

y redoblar los esfuerzos de protección (Estados Unidos);

52. Elaborar un plan de largo plazo para afrontar las dificultades que se presentan en

materia de privación de libertad y seguir prestando atención prioritaria a las

condiciones de vida en las cárceles (Canadá);

53. Realizar las reformas necesarias a la reglamentación para garantizar que los

detenidos que no han sido condenados estén separados de los condenados (Canadá);

54. Mejorar las condiciones en las cárceles, y en particular, resolver el problema del

hacinamiento (Azerbaiyán);

55. Llevar a cabo reformas para mejorar la situación de hacinamiento en las cárceles,

con especial atención al fortalecimiento del sistema de justicia de menores y las

recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño (Portugal);

56. Llevar a cabo una reforma y un plan de inversiones para mejorar las condiciones en

el sistema penitenciario (España);

57. Adoptar medidas eficaces para mejorar la situación general en las cárceles,

especialmente las condiciones de detención de las mujeres y los menores (Italia);

58. Continuar asignando suficientes recursos para hacer frente al problema del

hacinamiento y la insuficiencia de los servicios de salud y otros servicios en las

cárceles, así como para adecuar las condiciones en las cárceles a las normas

internacionales (Turquía);

59. Adoptar nuevas medidas para mejorar las condiciones de las cárceles de menores y

medidas estructurales para promover la rehabilitación de los menores en conflicto

con la ley y prepararlos para su integración en la sociedad (Países Bajos);

60. Seguir reformando el sistema penitenciario y examinando formas de modificar el

Código Penal para asegurar que las condiciones en las cárceles y el tratamiento de

los presos sean adecuados, de conformidad con las normas internacionales

(Países Bajos);

61. Estudiar las medidas necesarias para agilizar los procesos judiciales y la emisión de

sentencias, especialmente en el fuero penal, y eventualmente, reformar el sistema

penal de forma que las víctimas puedan participar en los procesos judiciales

(Argelia);

62. Continuar haciendo lo posible por luchar contra la impunidad y las violaciones de los

derechos humanos, con especial énfasis en los derechos de las mujeres y los niños

(Brasil);

63. Velar por la adopción de medidas para seguir combatiendo la impunidad en las

cárceles (Bélgica);

64. Revisar y, de ser necesario, derogar las leyes que dejan impunes a quienes

cometieron delitos durante las dictaduras, en particular, la Ley Nº 15848 de

caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y eliminar todos los obstáculos que

impiden averiguar la verdad sobre lo ocurrido, especialmente en relación con las

familias de las víctimas de desapariciones forzadas (República Checa);

65. Velar por que el poder ejecutivo siga prestando todo el apoyo necesario al poder

judicial para avanzar en la investigación de las causas relativas a violaciones de

derechos humanos que tuvieron lugar durante la dictadura, y seguir prestando todo el

apoyo necesario a la labor de la Comisión de Seguimiento de la Comisión para la Paz

(Colombia);

66. Derogar la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado para permitir que

se lleven a cabo investigaciones y procesos penales integrales y exhaustivos de todas

las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado (Alemania);

67. Mejorar el sistema judicial especializado en menores (Francia);

68. Aplicar medidas alternativas a la privación de libertad, especialmente en el caso de

los menores (Chile);

69. Seguir mejorando el sistema de justicia de menores tanto en la legislación como en la

práctica, asegurando en particular que los profesionales estén suficientemente

capacitados, que se cuente con una infraestructura adecuada y que la privación de

libertad sólo se utilice como último recurso en el caso de los menores de edad

(Finlandia);

70. Poner énfasis en la prevención del delito antes que en la detención, especialmente

cuando se trata de menores en conflicto con la ley (Bélgica);

71. Continuar realizando esfuerzos por aprobar un marco jurídico que permita a los

ciudadanos uruguayos residentes en el exterior ejercer su derecho al voto

(Colombia);

72. Seguir promoviendo la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer

en todos los procesos de adopción de decisiones y elaboración de políticas públicas

(Nicaragua);

73. Velar por que las mujeres estén adecuadamente representadas en las instituciones

encargadas de la elaboración de las políticas y adopción de decisiones de alto nivel

(Ucrania);

74. Seguir promoviendo la igualdad entre los géneros y una mayor participación de la

mujer en los sectores público y privado (Filipinas);

75. Promover la igualdad entre las mujeres y los hombres, especialmente en relación con

el nivel de participación de la mujer en la vida pública y en el sector del empleo

(Alemania);

76. Seguir haciendo lo posible por poner fin a la pobreza, la indigencia y la exclusión

social (Cuba);

77. Seguir luchando contra la pobreza (Federación de Rusia);

78. Agilizar el proceso de erradicación de la pobreza mediante programas específicos y

políticas de inclusión social (Sudáfrica);

79. Continuar trabajando en los planes nacionales de inclusión social y mitigación de la

pobreza (Nicaragua);

80. Continuar haciendo lo posible a nivel nacional por eliminar la pobreza, en particular

de los grupos desfavorecidos, con el apoyo de la comunidad internacional

(Bangladesh);

81. Asignar más recursos a gastos sociales, que beneficien suficientemente a las mujeres

y los niños, en particular los que pertenecen a sectores pobres, rurales y vulnerables

de la sociedad (Malasia);

82. Seguir prestando especial atención a las condiciones de vida de los grupos

vulnerables, como las personas con discapacidad y los pueblos indígenas (Djibouti);

83. Continuar con los programas y planes sociales sólidos orientados a satisfacer las

necesidades más básicas de las personas que viven en la pobreza extrema, como la

alimentación, la educación, la vivienda, la salud y el trabajo (Venezuela);

84. Llevar a cabo más campañas públicas de prevención y sensibilización sobre medidas

de protección contra el VIH/SIDA, en particular para adolescentes pobres y personas

pertenecientes a grupos vulnerables (Malasia);

85. Seguir profundizando las medidas que se están aplicando para garantizar una mayor

inclusión social en el sistema de educación nacional (Cuba);

86. Intensificar los esfuerzos por mejorar la calidad general de la educación de los niños,

incluso asignando mayores recursos presupuestarios al sector de la educación

(Malasia);

87. Intensificar los esfuerzos por resolver el problema de las altas tasas de deserción

escolar, especialmente en la enseñanza media, y seguir invirtiendo en educación

(Turquía);

88. Adoptar medidas para reducir las altas tasas de repetición de cursos y los elevados

niveles de deserción escolar, especialmente de niñas en situación de vulnerabilidad o

que sufren múltiples formas de discriminación, de conformidad con las

recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la

Mujer, lo que debe incluir incentivos para que los padres envíen a sus hijos y a sus

hijas a la escuela (Finlandia).

79. Todas las conclusiones y/o recomendaciones que figuran en el presente informe reflejan la

posición del Estado o Estados que las presentaron y/o el Estado examinado, y no debe

interpretarse que han recibido el respaldo del conjunto del Grupo de Trabajo.

Anexo

COMPOSITION OF THE DELEGATION

The delegation of Uruguay was headed by H.E. Dr. Gonzalo Fernández, Minister of

Foreign Affairs and composed of 12 members:

Sr. Representante Permanente ante las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales

con sede en Ginebra, Embajador Alejandro Artucio;

Sra. Representante del Poder Legislativo, Senador Margarita Percovich;

Sra. Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultural, Dra. María

Elena Martínez;

Sra. Directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de

Relaciones Exteriores, Ministro Laura Dupuy;

Sr. César Rodríguez, Jefe de Gabinete del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores;

Ministro Lucía Trucillo, Representante Alterna ante las Naciones Unidas y los

Organismos Internacionales con sede en Ginebra;

Sra. Asesora en Sistema Penitenciario de la Ministra del Interior, Dra. María Noel

Rodríguez;

Sr. Representante de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y

Finanzas, Dr. Marcos Álvarez;

Consejero Gabriel Winter, Representación Permanente ante las Naciones Unidas y los

Organismos Internacionales con sede en Ginebra;

Sec. Pauline Davies, Representación Permanente ante las Naciones Unidas y los

Organismos Internacionales con sede en Ginebra;

Sec. Lourdes Bone, Representación Permanente ante las Naciones Unidas y los

Organismos Internacionales con sede en Ginebra.

—–



Dirección > Av. Dag Hammarskjöld 3269,Vitacura, Santiago de Chile

Teléfono > (56 2) 2210-2970

Fax > (56 2) 2321-7750

Email > ohchr-santiago@ohchr.org

이진