Comité ONU contra las desapariciones forzadas publicó observaciones finales sobre la situación de Perú

18 de abril, 2019
Delegación peruana frente al Comité CED

SANTIAGO (18 de abril de 2019) – El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés)*, concluyó su 16° período de sesiones en Ginebra, Suiza. El CED publicó sus observaciones finales informe inicial de Perú sobre la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en el país.

– Descargar observaciones finales: https://bit.ly/2GTRvTO

Perú es uno de los 59 Estados que han ratificado la Convención, por lo que está sujeto a exámenes periódicos del Comité CED, formado por 10 expertos y expertas independientes internacionales.

Principales recomendaciones

En su informe, el Comité CED celebró que el Estado haya ratificado los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas y siete de sus protocolos facultativos, y que se hayan cursado invitaciones permanentes a los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Las y los expertos alentaron a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones interestatales y recomendaron que la definición de “víctima” se ajuste a la Convención y que estas tengan acceso a una reparación integral.  

El CED recomendó tipificar la desaparición forzada como un delito autónomo y como crimen de lesa humanidad y solicitó penas apropiadas que tengan en cuenta la extrema gravedad del delito. Asimismo, se instó a incorporar en la legislación la prohibición absoluta de la desaparición forzada y que se tomen las medidas para eliminar la posibilidad de que se concedan indultos.

El Comité recomendó acelerar las investigaciones por desaparición forzada y que los autores sean sancionados y garantizar que no haya casos de impunidad. Además, el CED pide que las personas investigadoras tengan acceso a la información, y que estas cuenten con recursos económicos, técnicos y de personal. Asimismo, se solicitó redoblar los esfuerzos para buscar, localizar y liberar a todas las personas desaparecidas.

En el informe se solicitó establecer procedimientos para restituir a sus familias de origen a los niños, niñas y adolescentes, que se anulen adopciones como consecuencia de una desaparición forzada y que estos recuperen su identidad. Además, el CED recomendó incrementar esfuerzos para prevenir y sancionar los actos de intimidación a víctimas, familiares y sus defensores como consecuencia de presentar denunciar de violaciones de derechos humanos.

Las y los integrantes del Comité también recomendaron continuar los esfuerzos en formación en derechos humanos de los agentes estatales, y establecer un registro consolidado de los casos de desaparición forzada ocurridos en el territorio, entre otras temáticas.

El Comité invitó al Estado a presentar su próximo informe a más tardar el 18 de abril de 2025.

Diálogo interactivo

Integrantes de este órgano de tratados dialogaron los días 10 y 11 de abril con una delegación de alto nivel del Estado peruano. Liderada por el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez, la delegación peruana incluyó también representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, así como de la misión permanente de Perú ante la ONU en Ginebra.

El Comité analizó el informe nacional presentado por el Estado peruano. Durante el proceso, las y los expertos también recibieron información de organizaciones de la sociedad civil, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de otras agrupaciones de derechos humanos.

FIN 

 *Comité CED

El Comité contra las Desapariciones Forzadas supervisa la adhesión de los Estados partes a la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El Comité está compuesto por 10 integrantes que son expertos independientes en derechos humanos provenientes de todo el mundo, que sirven a título personal y no como representantes de los Estados partes. Las observaciones finales del Comité son una evaluación independiente del cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones de derechos humanos en virtud del tratado.

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이진